Artículo de opinión: La leyenda negra de los funcionarios
Los funcionarios arrastran en España una leyenda negra desde el siglo XIX, que comenzó con Mariano José de Larra y Benito Pérez Galdós, y que les atribuye la posesión de una canonjía que, según la Real Academia, en términos coloquiales, quiere decir “empleo de poco trabajo y mucho provecho”. Tanto, como el estar protegido del despido que lleva un año sacudiendo a las empresas, a causa de la recesión.
Cuando era ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla intentó medir la productividad de los empleados del Gobierno central, dentro de su proyecto de ligar los salarios al esfuerzo y la responsabilidad del trabajador. Para ello contrató a consultoras privadas, que tuvieron que renunciar a la tarea, porque se declararon incapaces de medir la productividad en la Administración. No porque los funcionarios no trabajasen, sino porque era muy difícil de hacer un seguimiento dada la heterogeneidad de los empleos.
Por todas estas razones y, seguramente, por la multitud de experiencias que tenemos los ciudadanos en nuestros contactos con la Administración –que darían para llenar todo el periódico de hoy–, los sucesivos gobiernos no han tenido ningún remordimiento en ajustar, o congelar, los salarios de los funcionarios cuando ha hecho falta. La subida salarial prevista para el año que viene es del 0,3%; más una aportación similar al plan de pensiones. En general, tanto la opinión pública como la publicada piensan que la pérdida de poder adquisitivo es el sacrifico que tienen que hacer por tener el privilegio de no perder el puesto de trabajo.
Así, Victorio Valle, director general de Funcas, la Fundación de estudios y análisis económicos de las cajas de ahorros, ha pedido una reforma laboral que pueda facilitar el despido en las administraciones. Máxime, cuando en estos momentos, “el conjunto de la sociedad española está reduciéndose el salario”.
Sin embargo, y aunque no sea políticamente correcto decirlo, muchos funcionarios del Gobierno central, que son los que menos ganan, también tienen razones para estar descontentos con su trabajo.
Es verdad que, en líneas generales, los salarios de los empleados públicos han crecido en torno a un 3% este año de recesión y cuando la inflación registra una tasa negativa del 0,8%. Pero durante muchos años han tenido que soportar por decisión del Gobierno, y sin rechistar, la pérdida continua del poder adquisitivo. Máxime, cuando, en una sentencia histórica, el Tribunal Constitucional respaldó la congelación salarial decidida para 1997 por el primer Gobierno del Partido Popular. En definitiva, el Alto Tribunal reconoció la poEnlacead del Gobierno para hacer la política económica que estimase más conveniente, máxime si es respaldada por el Parlamento al aprobar los Presupuestos Generales del Estado .
En segundo lugar, el Estatuto Básico de la Función Pública crea por primera vez la figura del directivo profesional de la Administración. La razón de esta novedad es evitar que, como ocurre ahora, se pierdan la experiencia y los conocimientos de muchos cargos cada vez que hay un cambio de partido en el Gobierno. Con frecuencia, la destitución de estas personas se debe a que trabajaron con el equipo anterior. Y, como Penélope, la mujer de Ulises, muchas de las tareas en los ministerios durante meses consisten en deshacer el trabajo hecho por la gestión del ministro anterior por fidelidad partidista. Sin ir más lejos, es lo que hizo este Gobierno en su primera legislatura.
En definitiva, y como ocurre también en la empresa privada, entre la política salarial, la falta de reconocimiento del esfuerzo y el destierro político, una buena parte de los funcionarios del Gobierno central llevan años sin nigún incentivo para su trabajo, lo que equivale a alimentar el desinterés y la desidia. Máxime, si comprueban que sus homólogos de las comunidades autónomas y hasta de los ayuntamientos ganan más, o muc ho más, por el mismo trabajo. Éste es el problema de fondo que ninguna Administración ha sabido resolver gracias al ministro de Hacienda de turno.
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