Funcionarios más funcionales
Los funcionarios esperan respuesta. Quieren hacer carrera en la Administración en función de sus méritos propios, aunque para ello los jefes tengan que evaluar su trabajo. Los ciudadanos quieren eficacia en los servicios públicos, en vez de largas colas, y una dirección más profesional que política que les ayude a conseguirlo.
Con esos objetivos en el horizonte se aprobó hace ahora dos años el Estatuto Básico del Empleado Público, una norma "básica", como su propio nombre indica, que había de ser desarrollada por la Administración General del Estado y las comunidades autónomas para que la operativa de los funcionarios lograse modernizarse y servir a la ciudadanía como se merece.
Desde entonces poco se ha hecho. Y, mientras, la crisis económica, que está reforzando como nunca el papel del sector público, pide a gritos que los empleados que se encarguen de manejar la gestión y el presupuesto para salir de ella sean tan buenos como lo serían sus compañeros de la empresa privada, en la que su puesto de trabajo está en juego, no como el de los funcionarios.
Y aunque la Administración General del Estado enarbola las mejoras conseguidas en el empleo público desde 2004, lo cierto es que poco tiene que decir acerca del desarrollo del Estatuto, si bien las competencias que hasta el cambio de Gobierno recaían en la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, las ha asumido directamente la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Según sus asesores, "quiere dar un gran impulso a su desarrollo, trabajando a otro ritmo para relanzar la regulación, aunque son momentos difíciles económicamente hablando".
Entre tanto, las comunidades autónomas tampoco quieren mover ficha, pues tienen miedo a equivocarse y a crear un marco de funcionamiento para este colectivo que luego tengan que modificar o echar por tierra. "Todas las comunidades estamos pidiendo al Gobierno un marco legislativo que nos ayude a abordar la nueva carrera profesional de los empleados públicos que hemos de regular en nuestros territorios y que está vinculada con el nuevo modelo retributivo, en el que los tramos son distintos y algunos de ellos serán automáticos tras la aprobación de la ley. Es necesario que esté homologada en todas las comunidades", señala Paula Sánchez de León, consejera de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana. "Nuestras legislaciones deberían seguir un patrón común. Pero parece que ahora no es el momento de abordarlo, puesto que va a tener un coste importante", apunta Ángel Luis Cabal, director general de Planificación y Evaluación de Recursos Humanos del Principado de Asturias.
Asturias, Valencia y el País Vasco son las tres comunidades más avanzadas en la normativa propia que regirá a los funcionarios, cuyo borrador podrían tramitar este año.
Aunque para el profesor de Recursos Humanos de Esade, Francisco Longo, "la ley de la función pública nunca está en los primeros puntos de las agendas políticas. Ni siquiera ahorahay voluntad política para que la Administración esté definitivamente orientada a resultados, cuando sería necesaria para gestionar la crisis. Hay que introducir capacidad directiva en un sistema que tradicionalmente no la ha tenido, como ya han hecho otros países con sectores públicos mucho más avanzados y eficaces que el nuestro, como Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos o los países nórdicos".
Longo recuerda que en países como Suecia, la Administración gestiona el 70% del PIB del país, porcentaje que en España se acerca al 40%. "De ahí la necesidad de que se profesionalice". Y otro apunte más: "Todas las reformas de la Administración se han producido bajo la presión de la crisis y las han protagonizado los ministerios fiscales".
Pese a que el estatuto esté bien planteado al introducir la carrera profesional de los funcionarios, que podrán ascender sin cambiarse de puesto gracias al buen desempeño de su trabajo y la formación; la polivalencia y multifuncionalidad, la retribución variable y la figura del director público, lo cierto es que las comunidades autónomas no saben cómo desarrollarlo, y por ello están preparando leyes muy genéricas para ganar tiempo, explican María Jesús Escobar y José Luis Gugel, directores de Consultoría del Sector Público y de Human Capital de Deloitte, respectivamente.
"Apoyaremos las experiencias piloto que están llevando a cabo algunas comunidades autónomas y ministerios, pero mientras la Administración General del Estado no regule, no habrá solución definitiva", mantiene José Gálvez, representante de la Secretaría de Defensa de lo Público de CC OO. En su opinión, es urgente hacerlo, ahora que hay que reforzar las administraciones locales y los servicios públicos de empleo para salir de la crisis.
Modelo de evaluación
El Gobierno del Principado de Asturias se jacta de ser pionero en el desarrollo de un modelo de evaluación con el que medirá el trabajo de sus 35.000 empleados. Una evaluación que se necesita para la promoción en la carrera administrativa, el acceso a los distintos puestos de trabajo y para fijar las retribuciones complementarias de los funcionarios, vinculadas a la productividad y el rendimiento porque, como dice el legislador, hoy en día resulta socialmente inaceptable que se consoliden con carácter vitalicio derechos profesionales a aquellos que no atienden satisfactoriamente sus necesidades, según Ángel Luis Cabal, director general de Planificación.
De momento, 15.300 han pasado las pruebas y, en su opinión, "los resultados son buenos, los criterios aplicados sirven para calificar la capacidad de nuestros trabajadores". Sólo 14 personas necesitan mejorar claramente el desempeño en su puesto y para ello se las va a formar, asegura. Casi el 60% de los empleados valorados ha obtenido un aprobado, el 30% un notable y más del 10% un sobresaliente. Es el punto de partida para planificar los recursos humanos y la calidad del servicio. De cualquier forma, según Cabal, el área de recursos humanos es el que mayor recorrido de mejora tiene dentro de la Administración, "quizá porque sea una de las más inmovilistas en los últimos años". Se lleva 1.600 millones de euros, el 38% del presupuesto anual del Principado.
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Desde entonces poco se ha hecho. Y, mientras, la crisis económica, que está reforzando como nunca el papel del sector público, pide a gritos que los empleados que se encarguen de manejar la gestión y el presupuesto para salir de ella sean tan buenos como lo serían sus compañeros de la empresa privada, en la que su puesto de trabajo está en juego, no como el de los funcionarios.
Y aunque la Administración General del Estado enarbola las mejoras conseguidas en el empleo público desde 2004, lo cierto es que poco tiene que decir acerca del desarrollo del Estatuto, si bien las competencias que hasta el cambio de Gobierno recaían en la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, las ha asumido directamente la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Según sus asesores, "quiere dar un gran impulso a su desarrollo, trabajando a otro ritmo para relanzar la regulación, aunque son momentos difíciles económicamente hablando".
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