La reforma laboral está impidiendo que los convenios colectivos vuelvan a ser una palanca para el incremento del consumo y del crecimiento. Ha llegado el momento de repartir la riqueza. La mejora de la economía tiene que llegar necesariamente a los salarios. Sólo así podrá empezar a recuperarse el poder adquisitivo perdido en los últimos seis años y consolidarse el crecimiento del consumo y la creación de empleo.

El impulso inicial de las exportaciones se está agotando y tiene que tomarle el relevo la demanda interna. Pero nada de eso es posible, porque la reforma laboral está impidiendo que los convenios colectivos vuelvan a ser una palanca para el crecimiento justo cuando los precios empiezan a crecer.

En febrero del 2012 se aprobó la reforma laboral de Rajoy que ampliaba y corregía la que dos años antes había aprobado el gobierno Zapatero. Ambos cambios fueron combatidos por sendas huelgas generales que no sirvieron para nada. Los sindicatos fueron derrotados con facilidad y perdieron el poder de movilización que habían tenido en el pasado. Tras perder el papel de control que les daba la negociación colectiva se convirtieron en tigres vegetarianos.

Pero eran tiempos de crisis. Todos los días se perdían 3.000 puestos de trabajo y España estaba en bancarrota. En ese contexto, la reforma fue concebida como el único instrumento que el Gobierno tenía para afrontar una devolución interna que no podía hacerse a través de la moneda como tradicionalmente se había hecho.

Por esa razón, lo que se hizo fue descentralizar la negociación colectiva dando más poder a las empresas. Y entraron en vigor las “cláusulas de descuelgue”, de tal manera que las empresas que iban mal dejaban de aplicar el convenio sectorial. También se descafeinó la “ultractividad de los convenios”. Los trabajadores perdieron de un plumazo buena parte de las conquistas que habían conseguido en los años de bonanza.

El objetivo de todos esos cambios era que la reducción de los costes laborales se hiciese a través de una rebaja salarial en lugar de despidos. Pero también se abarataron los licenciamientos, con el objetivo de facilitar la adaptación de las plantillas a las necesidades de producción. Una suma de ayudas que fueron aprovechadas por las empresas para sanearse. En el primer año de vigor de la reforma el paro subió fuertemente, pero en los años posteriores empezó a crearse empleo a un ritmo de medio millón de trabajos anuales. La cifra de negocio de las empresas aumentó un 2,4% en el 2016 y ya suman tres años en positivo, lo que ha permitido bajar la tasa de desempleo del 24,8% al 18,5%.

Todo ello fue posible con una pérdida salarial media por trabajador de 788 euros brutos al año. Si la pérdida de poder adquisitivo no ha sido más fuerte, ha sido por la baja inflación. Dicho de otra manera, la reforma laboral probablemente fue necesaria cuando se hizo para dar respuesta a una crisis profunda, pero la pregunta ahora es si sigue siendo válida para consolidar el crecimiento. Todo hace pensar que no y que será necesaria reformarla de nuevo para que la recuperación llegue a las nóminas. Es necesaria una nueva política de rentas dirigida a incrementar el consumo y a reducir la pobreza.


Nueva política de rentas

¿Cuál debería ser la política de rentas para el presente ejercicio? Para el Gobierno central, la congelación para los empleados públicos y pensionistas. Para la patronal, la subida salarial en los convenios se debería limitar al 1,5% más medio punto de productividad. Para los sindicatos, por encima del 3% para empezar a recuperar el poder adquisitivo perdido. La clave, por tanto, va a estar en las cláusulas de garantía salarial. Los empresarios no quieren ni oír hablar de ellas, y tampoco el ministro de Economía, Luis de Guindos, porque indiciaría la economía, que es precisamente lo que la Comisión Europea quiere evitar.

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