Gobierno en funciones, empresarios y sindicatos crearán un grupo de trabajo con el objetivo de que antes de un mes formulen una propuesta sobre cómo trasladar a la legislación laboral la sentencia europea que insta a España a equiparar las indemnizaciones de los contratos interinos y temporales a las de los indefinidos. CCOO y UGT siguen adelante con la campaña de recursos ante los tribunales.

Gobierno en funciones, empresarios y sindicatos han acordado este lunes crear un grupo de expertos con el objetivo de que antes de un mes formulen una propuesta sobre cómo trasladar a la legislación laboral la sentencia europea que insta a España a equiparar las indemnizaciones de los contratos interinos y temporales a las de los indefinidos y que fue ratificada posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

La ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez, ha anunciado este acuerdo tras una reunión de unas dos horas con los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, y los presidentes de CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi.

Cada una de las tres partes -Gobierno, patronal y sindicatos- aportará dos expertos a este grupo de trabajo. “Debemos encontrar una solución con un doble objetivo: seguridad jurídica para las empresas y mayor protección para los trabajadores”, ha dicho Báñez en una rueda de prensa posterior a la reunión. Para Rosell, la sentencia europea es "un tema que ha saltado, que esta sobre la mesa" y que, en definitiva, es "un fuego que está quemando y no se puede esperar”. La solución más rápida que se ha encontrado, sin embargo, ha sido la de crear un grupo de trabajo.

SIGUE LA ACCIÓN JUDICIAL

El acuerdo para crear este grupo de expertos no paraliza, sin embargo, la campaña de recursos judiciales que han emprendido las organizaciones sindicales para animar a los interinos del sector público y eventuales del sector privado y de la Administración a reclamar ante los tribunales las indemnizaciones por despido que se desprenden de las citadas sentencias.

“Los derechos generados a día de hoy se van a tener que pagar” ha enfatizado Álvarez,  “Independientemente de lo que digan los expertos y de cómo se cambie la normativa”.

“No cabe discriminación entre fijos e interinos o eventuales”, ha remachado Fernández Toxo. “Ante la cascada de recursos, sería conveniente lograr un acuerdo cuanto antes y trasladarlo a ley para dar seguridad jurídica a los trabajadores”. En ese caso, según el representante sindical, “decaerían todas las demandas”.

INTERINOS DE LA SANIDAD

De momento, la ministra de Empleo y de Sanidad en funciones ha anunciado que la semana próxima se reunirá la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud con el fin de buscar una solución para los trabajadores interinos del sector, en coordinación con las comunidades autónomas.

El departamento de Báñez habla de “una convocatoria urgente”, a pesar de que la sentencia europea que ha revuelto el panorama laboral español es del 14 de septiembre.

Toxo ha criticado que esta iniciativa se limite a la Sanidad. “El Gobierno se equivoca, debería evaluar todo”, ha dicho en alusión a los alrededor de 300.000 interinos del sector público. “No es descabellado transformar en fijos a estos interinos. Ese coste ya está aquí”, como resultado directo de la sentencia. “Sería muy bueno que el Gobierno diera ese paso y lo normalizase”.

EFECTOS EN EL SECTOR PRIVADO

La ya famosa sentencia europea del 14 de septiembre reconoce el derecho a una indemnización de 20 días de sueldo por año trabajado a una trabajadora interina del Ministerio de Defensa. La principal discrepancia entre patronal y sindicatos reside en las posibles implicaciones de las citadas sentencias sobre el sector privado, si bien el presidente de CEOE, Juan Rosell, ha valorado el clima de diálogo.

Para Rosell no está clara la posible incidencia de la sentencia sobre el sector privado. Y aunque la patronal dispone de una posible estimación económica del coste empresarial que tendría reconocer el derecho a una indemnización de 20 días a todos los eventuales (en lugar de los 12 días que establece la legislación actual) que Rosell no ha querido anticipar, el líder de CCOO ha minimizado este posible impacto. “En todo el 2015 se hicieron 17 millones de contratos temporales, con una duración media de 53 días. La afectación media de la sentencia sería de 4,5 días por persona. No es un coste excesivo”, según Toxo.

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