Cada vez es más común en Europa que los servicios públicos y las agencias de colocación trabajen juntos. El intercambio de información, el trasvase de desempleados a la red privada o la atención a colectivos específicos son acciones que pueden servir de modelo a España.
Las empresas de trabajo temporal (ETT) no tendrán que constituirse como agencias privadas de colocación para intermediar en el mercado laboral. Con una simple "declaración responsable" pueden iniciar la colaboración con el antiguo INEM. El Estado y las autonomías financiarán a las agencias, que no cobrarán a los empleados.
Más de 150 entidades han conseguido autorización del gobierno para actuar como agencias de colocación, introduciendo así la cooperación público-privada en materia de desempleo. Estas agencias, que están pendientes de firmar los convenios correspondientes para empezar a funcionar, serán gratuitas tanto para candidatos como para las empresas, ya que se financiarán con fondos públicos.
El Ministerio de Trabajo ya ha dado su autorización a medio centenar de agencias de colocación privadas para colaborar con los servicios públicos de empleo. Estas entidades negocian ahora convenios con las comunidades autónomas para hacer parte del trabajo que hasta ahora realizaban los funcionarios de las oficinas de empleo.
Al Servicio Público de Empleo se le acusa de poco eficiente a la hora de incorporar personas al mercado laboral, de tener una plantilla escasa y de gestionar ofertas de empleo de poca calidad. La reforma de las políticas activas de empleo pretende cambiar esta creencia y modernizar el modo de actuar del antiguo Inem.