Solo el 15% de las personas que se han quedado en paro desde el mes de agosto han cobrado su prestación. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) lleva tres meses de retraso en el reconocimiento de la mayoría de prestaciones y no ha abonado los pagos al 85% de los nuevos desocupados desde que cerró la nómina de agosto en la provincia de Barcelona, según han confirmado fuentes conocedoras de las gestiones del SEPE.
Pasadas las vacaciones, el Gobierno de España tratará de cerrar con los agentes sociales las nuevas normativas sobre el teletrabajo y los ‘riders’. En el primer caso, es especialmente relevante, puesto que el número de empresas que ofrecen esta posibilidad ha crecido notablemente debido a la Covid-19. Más complejo es el caso de la ley para regular la condición de asalariados de los trabajadores de la economía de plataformas, cuya negociación se encuentra en una fase más inicial.
Sindicatos y patronal responsabilizan a la gestión del Gobierno anterior y atribuyen esta situación a la reforma legal sobre la materia que se aprobó hace tres años. A los ya viejos recortes presupuestarios y el fantasma del fraude hay que sumar los problemas de ejecución. Entre 2015 y 2017 quedaron por gastar 1.504 millones, según los responsables de los Servicios Públicos de Empleo Estatal.
El Ministerio de Economía ha decidido retrasar sine díe la aprobación de la Ley de Servicios Profesionales, una de las reformas que Europa pide con insistencia a España, tras el rescate bancario de 40.000 millones de euros concedido en 2012. El examen de una directiva comunitaria, actualmente en marcha, hace imposible esbozar una fecha para el plácet definitivo de esta polémica medida.
Mientras los costes laborales registran incrementos en sectores como los de las actividades profesionales, científicas y técnicas; las actividades sanitarias y de servicios sociales y la hostelería o la Administración Pública, en las ramas de actividad más afectadas por la crisis, como la construcción o el comercio, el índice de coste armonizado (ICLA) continúa contabilizando caídas anuales.
Tormenta de ideas. Los ministros de Trabajo de los últimos 15 años se han prestado a responder a El PAÍS acerca de las soluciones que consideran urgentes para paliar la alta tasa de paro que tiene España; las medidas que pondrían en marcha si actualmente estuvieran al frente del departamento que en su día lideraron para combatirlo.
El Gobierno ha aprobado la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020, un documento que dotará a España de un marco común de referencia que permitirá armonizar las distintas actuaciones que se están desarrollando en el ámbito público y en el privado en términos de RSE.
El Gobierno ha decidido replantear algunas medidas de la última reforma laboral debido a su elevado coste. Por ejemplo, ha aplazado la constitución del fondo de capitalización, conocido como el modelo austriaco: un fondo de despido asociado a cada trabajador al que la empresa hace aportaciones periódicas para una posible indemnización por despido.
Con la reforma de la negociación colectiva recientemente aprobada, las relaciones laborales van a sufrir cambios importantes. Este reportaje de Informe semanal explica las nuevas medidas y además cuenta con la visión de los sindicatos, la patronal y el Ministerio.Flexibilidad interna, arbitraje vinculante en caso de conflicto, prórroga de convenios… Son algunas de las novedades de la reforma de la negociación colectiva. Se trata de una reforma que no ha satisfecho ni a los sindicatos ni a la patronal y que, además, pone a prueba la capacidad de los negociadores de adaptarse al cambio.Según el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Valeriano Gómez, “el objetivo es que nuestras empresas tengan una mejor capacidad de adaptación a la crisis, cambiando las relaciones laborales dentro de la empresa pero sin apelar al despido.”Cándido Méndez, Secretario General de UGT, cree que esta reforma implica que se debiliten las relaciones colectivas de trabajo, “lamentablemente con un gobierno que se dice progresista.”Por otra parte, la reforma supone que ganen peso los convenios de empresa frente a los sectoriales. Pero la mayoría de los empleados españoles trabajan en pequeñas empresas, de las que el 70% se rigen por convenios sectoriales. Por eso los sindicatos temen que la reforma afecte a los salarios o a los horarios de estos trabajadores.Para Ignacio Fernández Toxo, Secretario General de CCOO, puede pasar que en una empresa de diez empleados se negocie un nuevo convenio pero con peores condiciones. Además, en las negociaciones en empresas pequeñas, el empresario suele tener más facilidades y mecanismos de presión.Desde la patronal tampoco se muestran del todo satisfechos con la medida aprobada. Según Joan Rosell, Presidente de la CEOE, “lo que estamos pidiendo en las relaciones laborales es la flexibilidad en el día a día de la empresa.” Se refiere a más flexibilidad en los horarios, jornadas irregulares, más movilidad geográfica… “Es decir, que no se pongan pegas a las necesidades de las empresas, que son muchas y muy distintas.”Puedes ver el reportaje completo en este enlace de TVE a la Carta: http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-convenios-conveniencia/1132899/
{iarelatednews articleid="8809,8929,9207"}