Buscar - Estatuto de los Trabajadores

El ministerio de Yolanda Díaz argumenta dos posibles discriminaciones hacia los discapacitados y hacia las mujeres para eliminar el despido por acumulación de bajas médicas justificadas, conocido como despido por absentismo. Sin embargo, reconoce que la derogación de dicho artículo del Estatuto de los Trabajadores no tendrá efectos significativos sobre el conjunto de la economía. 

Carles Campuzano, exdiputado en el Congreso: "Tradicionalmente, España ha tenido una enorme capacidad de crear empleo cuando la economía crece, al tiempo que lo destruye masivamente en tiempos de recesión, y cuenta a la vez con un grave problema de paro estructural, que tiene mucho que ver con su estructura productiva." 

El artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores permite despedir a los empleados que falten más de un 20% de sus días laborales en dos meses consecutivos o al menos un 5% en los 12 meses anteriores, aunque dispongan de un justificante médico. Los perfiles de trabajadores más afectados por este tipo de despido son teleoperadoras, personal de edad avanzada y delegados sindicales. 

El Tribunal Constitucional ha avalado recientemente el despido de una trabajadora por absentismo laboral. El fallo califica de legal el despido objetivo, con la indemnización correspondiente, de un empleado que falte el 20% o más de días laborables al trabajo de forma justificada durante dos meses.

Daniel Cifuentes, Socio de laboral de Pérez-Llorca: "Cualquier regulación que pretenda regir los efectos y el impacto de la introducción de los robots y la inteligencia artificial en el mundo del trabajo no solo deberá prever los elementos puramente económicos y productivos, sino también los aspectos sociales que de dicha implantación se puedan derivar."

El Estatuto de los Trabajadores y la normativa de prevención de riesgos laborales obligan a las compañías a establecer medidas para proteger tanto la salud de la plantilla como sus derechos. Es por eso que sucesos como el de la empleada de esta empresa de automoción pueden conllevar una sanción si no se actúa contra el hostigamiento. 

Las empresas deberán indemnizar por despido improcedente a los trabajadores extranjeros que pierdan su permiso de trabajo y residencia en España, lo que obliga a interrumpir la relación laboral. El Tribunal Supremo ha fallado que la pérdida sobrevenida por parte del empleado de la autorización para residir y trabajar en España no es una causa válida de extinción del contrato.

Al hilo de los recientes contactos entre el presidente del Gobierno y los agentes sociales y las controversias surgidas en torno a la normativa laboral conviene detenerse y reflexionar sobre el documento La nueva ordenación legal consensuada del trabajo y la relaciones laborales, elaborado por la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE) que acaba de ver la luz. A lo largo de 55 puntos el documento realiza varias propuestas y posibles cambios en la normativa laboral para la presente legislatura, dejando abiertas las soluciones para la negociación entre las fuerzas sociales y políticas en materia, principalmente, de contratación, negociación colectiva, despido y representatividad y legitimación.

Mientras que los trabajadores con más edad disfrutan a menudo de estabilidad laboral y de salarios más elevados, los más jóvenes sufren el paro y la precariedad laboral más que nadie. Un reportaje reciente del programa de Televisió de Catalunya Valor Afegit nos habla de esta dualidad del mercado laboral, la gran asignatura pendiente para resolver en una futura reforma del Estatuto de los Trabajadores.

A juicio de Federico Durán, el mercado laboral español debe hacer frente con urgencia a dos grandes problemas: el del empleo y el de la seguridad jurídica de las actividades empresariales. Una forma de enfrentar estos problemas, y otros de menor relevancia, sería la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. El actual ha sido modificado en numerosas ocasiones pero, aun así, recoge algunas regulaciones que han quedado obsoletas.

Los tribunales rebaten con frecuencia la modificación del mercado de trabajo que ha hecho el Gobierno. Los especialistas señalan que la batalla tiene dos frentes fundamentales: la regulación de los despidos colectivos y de los cambios de las condiciones de trabajo, y el final de la prórroga indefinida de los convenios.

La Generalitat tiene a punto un nuevo pulso al Gobierno central. En pleno debate soberanista y con la consulta a la vuelta de la esquina, el Govern pondrá en marcha en los próximos meses el embrión de una nueva estructura de Estado mediante un código laboral que será la réplica en la comunidad autónoma del Estatuto de los Trabajadores.

¿Ha pensado alguna vez en pedir un adelanto de la nómina y no sabe cómo hacerlo? Los problemas para llegar a fin de mes por culpa de la crisis han podido poner en esta tesitura a muchos trabajadores. Como si de una tarjeta de crédito se tratara, es posible recurrir a la empresa como fuente de financiación para salir de un apuro.

El Constitucional ha considerado que esa protección no puede extenderse a los periodos de los contratos en pruebas, porque se trata de una relación especial, no equiparable a la plena relación laboral.

El Tribunal Constitucional ha legitimado la vigilancia del correo electrónico por parte de las empresas tomando como norma un convenio colectivo. Si antes había que avisar a los empleados de que tal revisión podía tener lugar, ahora ya no será necesario. La compañía que abrió el debate sospechaba que uno de sus empleados pasaba información a la competencia.

Las denuncias por impago ante la inspección de Trabajo se han disparado desde el inicio de la crisis en 2008. Ahora Panrico se suma a la lista de empresas que dejan de abonar las nóminas pero no a los proveedores. El debate pone una cuestión encima de la mesa: cuando no hay liquidez y hay que elegir, ¿qué acreedor debe prevalecer?

El 8 de julio ha llegado y con ello ha finalizado el plazo de un año para negociar los convenios colectivos que hubieran sido denunciados antes del 7 de julio de 2012. La ley permite aplicar el salario mínimo interprofesional al trabajador que se quede sin convenio, pero los expertos creen que los jueces rechazarán esta práctica.

Los nuevos límites en la negociación colectiva dejan en un limbo legal a dos millones de trabajadores. Al expirar el convenio, las relaciones laborales tendrían que estar sujetas a otro acuerdo de rango superior si lo hubiere, y si no, al Estatuto de los Trabajadores, que solo fija las garantías laborales mínimas; una situación que los empresarios podrían aprovechar para recortar derechos de los trabajadores, dado el poder que les ha concedido la reforma laboral.

CCOO, UGT, CEOE y Cepyme han alcanzado un preacuerdo para impedir que miles de convenios colectivos denunciados expiren el próximo 8 de julio, fecha en la que llegará a su fin el límite de un año dado por la reforma laboral a la prórroga automática de los convenios colectivos, la llamada ultraactividad.

Miles de convenios decaen en menos de dos meses y para cerca de 6 millones de trabajadores eso supone que se pondrá el contador a cero en sus derechos laborales. A partir del 8 de julio se les aplicará el convenio del sector o los derechos mínimos del Estatuto de los Trabajadores.

Paternalista, rígido y durante buena parte del periodo, dual. Son calificativos con los que, a decir de los expertos, se podría definir la evolución y estado normativo de un mercado laboral como el español, sometido a una decena de reformas de mayor o menor envergadura desde la instauración de la democracia.

El postgrau en Formació Integral dels Agents Socials (Ocupació Pública) vol proporcionar una formació integral sobre el món laboral des de la perspectiva social, institucional, jurídica i organitzacional, per al personal que treballa en l'àmbit de l'ocupació pública.

La negociación con la empresa y los compañeros limita la elección de las fechas de descanso. El Estatuto de los Trabajadores establece que las vacaciones deben ser retribuidas y durar por lo menos 30 días naturales, pero algunos expertos se lamentan de que la regulación sobre negociación de periodos de descanso es escasa.

Un modelo burocrático heredado del franquismo lastra la eficacia de la Administración. Los políticos copan un sector de la alta dirección pública, que debería reservarse a profesionales.

¿Se podría despedir a los empleados públicos? Esta idea, esbozada recientemente por Isak Andic, dueño de Mango, plantea la posibilidad de instaurar en la Administración Pública políticas de recursos humanos propias de la empresa privada.