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Las pequeñas y medianas empresas tendrán que dotar de flexibilidad de elección del tramo a trabajar, y hacerse cargo de todos los gastos, según el ante proyecto de Ley.

El empleo a distancia ha irrumpido por emergencia en miles de empresas, pero hay que organizarlo y se abre la discusión para establecer las reglas. Según el anteproyecto de ley que prepara el gobierno, el teletrabajo será voluntario, la empresa deberá pagar todos los costes, el trabajador puede negociar un horario flexible y tiene derecho a desconectar.  

Videoconferencia con las Directoras y los Directores de Personas de las organizaciones asociadas a la Fundació Factor Humà para hablar de lo que está suponiendo el teletrabajo en tiempos de la Covid-19. Nos acompañó Ana Alós, Socia de Uría Menéndez, miembro de nuestra Comisión Consultiva y una gran conocedora de la materia en su vertiente legal.

La lucha contra los falsos autónomos encabeza la larga lista de prioridades del nuevo equipo del Ministerio de Trabajo. La máxima responsable del departamento, Yolanda Díaz, anunció ayer en el Congreso que será su “siguiente iniciativa”, ya que está ultimando una modificación legal que aclarará que los trabajadores de plataformas digitales son asalariados y no autónomos.

El Gobierno debe transponer antes de julio del próximo año la última Directiva europea de Desplazamiento de trabajadores dentro de la UE que se aprobó en junio de 2018. Esta norma establece nuevas exigencias a las empresas y a las administraciones públicas para garantizar que los trabajadores que son desplazados temporalmente por sus empresas a otros países tienen las mismas garantías salariales y laborales que los empleados del Estado al que viajan.

En este documento nos referiremos a las herramientas que las organizaciones ponen o deberían poner al servicio de sus personas colaboradoras para que puedan alertar de irregularidades detectadas en la empresa o institución: corrupción, fraude, acoso o cualquier incumplimiento de la ley o la normativa y la ética corporativas. En inglés, la acción de delatar en este contexto se denomina whistleblowing. El fenómeno tiene mayor trayectoria en el mundo anglosajón.

A pesar de que muchas empresas hayan admitido un código de vestimenta mucho menos estricto que antaño, los pantalones cortos siguen siendo el gran tabú masculino. Algunos firmes detractores de la prenda piensan que es la única regla de vestimenta que jamás se debería romper, puesto que en el mundo en el que vivimos, la gente no se toma a un hombre en pantalón corto como a alguien serio. 

La campaña en redes lanzada por Yumi Ishikawa, una joven de Tokio, pone de relieve las estrictas normas de etiqueta en el país asiático. La trabajadora reclama que las empresas no puedan exigir a sus empleadas que calcen a diario tacones de entre 5 y 7 centímetros. La petición ha dado pie a un movimiento social conocido como #KuToo, aprovechando el juego de palabras entre "Kutsu" (zapato) y "Kutsuu" (dolor). 

El ámbito de los Recursos Humanos deberá adaptar su realidad a los nuevos retos que plantea la Ley de Secretos Empresariales. La información es poder y el poder bien puede formar parte de un secreto empresarial que al fin y al cabo no deja de constituir una ventaja competitiva. Por eso, es absolutamente recomendable revisar las cláusulas de confidencialidad incluidas en los contratos de trabajo.

Para que los trabajadores conozcan sus obligaciones y competencias, así como los modelos de gestión de riesgos de la empresa, es fundamental la formación interna en materia de cumplimiento normativo. Y es importante no solo para las grandes empresas, sino también para las pymes. Es por eso que las empresas con experiencia en esta materia se pueden convertir en guías a la hora de diseñar el plan formativo de aquellas que tienen poco presupuesto.

El ‘business casual’ se impone en la indumentaria masculina en el trabajo, y bancos como Goldman Sachs o Santander relajan sus códigos de vestimenta. Se trata de una tendencia muy ligada a los cambios de hábitos que ha experimentado la sociedad en los últimos años. Actualmente, se fomenta la cultura del deporte, lo cual se ha traducido al terreno de la moda en un estilo de ropa más informal. 

En España, entre el 20% y el 30% de personas tienen impresos símbolos, dibujos, letras o cualquier otra cosa imaginable en su piel, porque los tatuajes han ganado mucha popularidad. Pero algunas de ellas pueden tener problemas para conseguir o mantener su puesto de trabajo si esos tatuajes son visibles, sobre todo en el rostro, el cuello o las manos.

Federico Duran López, Catedrático de Derecho del Trabajo y Consejero de Garrigues: "La recuperación de las facultades empresariales de ordenación de las actividades productivas y de las relaciones laborales, propiciada por la reforma de 2012, ha estado durante todos estos años sujeta a los avatares de una doctrina judicial en gran parte reticente a cualquier alejamiento, por mínimo que fuese, de los tradicionales esquemas protectores del trabajo."

La tecnológica estadounidense Intel ha relevado a su consejero delegado mundial. No por problemas con la cuenta de resultados, ni por presiones de los accionistas, ni por choques con el consejo de administración. Lo que ha acabado con Brian Krzanich, de 58 años, quien llevaba al frente de la compañía desde 2013, ha sido una relación sentimental estable y consensuada con una subordinada.

Ciertos trabajos se han relacionado tradicionalmente con llevar traje, por ejemplo, en los sectores financiero o jurídico. No obstante, parece que la tendencia a la formalidad en el trabajo va en declive. Este artículo de Financial Times analiza la confusión que provoca actualmente un código de vestimenta laboral cada vez más laxo tanto para hombres como para mujeres.

La justicia rechaza la imposición injustificada, por parte de ciertas empresas, de determinada vestimenta solo para mujeres. Desde un uniforme diferenciado respecto a los compañeros de trabajo, hasta la obligación de acudir maquillada. Algunos de estos casos han terminado en los tribunales, con distinta suerte.

El término “Compliance” acompañado del adjetivo “laboral” suena con una inusitada fuerza entre los responsables de recursos humanos de las empresas, siendo uno de los objetos de obsesión del mundo jurídico durante los últimos tiempos.

Las relaciones sentimentales entre empleados o con clientes, proveedores o competidores comprometen a la empresa. Este tipo de casos sitúan a las empresas en situaciones comprometidas, planteándose un problema con vertiente laboral y también con efectos en materia de ética empresarial y cumplimiento normativo.

La reciente polémica acerca del escrito machista de un ingeniero de Google hace plantearse la conveniencia o no de dejar vía libre para que todo el mundo exprese sus opiniones en el entorno laboral: ¿Existen temas tabú en el trabajo? ¿De qué temas se puede hablar y de cuáles no? People Management magazine expone los motivos por los que las empresas deberían crear entornos abiertos al debate y permitir la libertad de expresión, siempre y cuando no se vulneren determinados derechos básicos.

Rosa María Galán Sánchez, Profesora de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Complutense de Madrid: "¿De verdad esta minoría de unidades familiares de baja renta justifica un trato tan discriminatorio y paternalista para las mujeres? ¿Puede permitirse una economía dejar fuera del mercado de trabajo (o hacérselo tan poco atractivo) a ese 50%?"

Luis Serrano, director del área de crisis de Llorente & Cuenca: "Todos los stakeholders que rodean a la compañía se han vuelto un medio de comunicación en potencia. Y de entre ellos, los empleados serán sin duda el primer objetivo a identificar por parte de los medios."

Un trabajador puede tuitear o enviar un watsap durante su jornada laboral, ¿o sólo en los momentos de descanso? ¿Un empleado debe poner en su perfil de Facebook para qué empresa trabaja, sin avisar a sus inmediatos responsables? ¿Hay que usar el correo electrónico corporativo para cuestiones estrictamente profesionales?

Cometer una irregularidad y mantenerlo en secreto es cada vez más difícil. La regulación, tanto la española como la europea, está fomentando que aumenten los soplos que pueden poner en jaque a una compañía. Cuestiones como fraudes a Hacienda, contratos sospechosos con la Administración, acuerdos con empresas competidoras para la fijación de precios o delitos cometidos en la gestión del día a día de la compañía salen a la luz gracias a una simple denuncia.

La indumentaria sigue siendo una faceta importante del trabajo, no solamente en el sector sanitario o el de la seguridad, si no en muchos otros. De todos modos, desde el Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) analizan diferentes criterios aplicados al atuendo y plantean que el riesgo de caer en la discriminación y las nuevas realidades sociales podrían vislumbrar el principio del fin de decir a los trabajadores cómo vestirse.

La reforma penal realizada al amparo de la LO 5/2010 de 22 de junio, con la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y posterior modificación por la LO 1/2015 de 30 de marzo, ha motivado el auge en España de la realización de programas de cumplimiento normativo o compliance, “instrumentos” hasta hace pocos años desconocidos en la cultura empresarial de nuestro país, a los que el legislador español ha atribuido un valor transcendental, eximiendo de responsabilidad penal a las personas jurídicas que cuenten con dichos programas bajo determinadas condiciones.

José Luis Luceño Oliva, Director Jurídico, y Rocío Herrera Blanco, abogada del departamento jurídico, ambos del grupo Puma: "La implicación del consejo de administración en esta materia no debe ser puramente testimonial ni accesoria, limitándose a la aprobación del proyecto, sino que debe comprender la participación activa en el diseño del código de conducta, que funciona como piedra angular del sistema de compliance."

La ley de formación para el empleo, publicada recientemente por el BOE, establece que las empresas deberán cofinanciar una parte de los cursos y que podrán recurrir a entidades externas para su impartición. Además, todas las organizaciones podrán optar a la formación subvencionada.

La certificación SGE 900 aporta la garantía de que un profesional no sólo 'sabe', sino que 'sabe hacer' en el día a día de una organización, lo que supone una garantía de cara a los clientes y al ser contratado por una empresa o realizar algún trabajo como autónomo.

Cuando se encargue la realización de cursos a entidades externas, el coste de organización no podrá superar el 20% para empresas con hasta cinco personas en plantilla. Este año serán competencias prioritarias la ofimática, los idiomas y los contenidos financieros y jurídicos.

Aunque los agentes sociales quedan fuera de la gestión económica en el nuevo sistema, participarán en la planificación, programación y difusión de los cursos de formación. El Gobierno afirma que esta reforma servirá para fomentar el acceso a un empleo de calidad y fortalecerá la transparencia y el control frente al fraude.