La empresa de reparto Glovo irá a juicio el próximo febrero tras el acta levantada por el organismo laboral hace unos meses, que es la más grande hasta la fecha en todo el sector. El acta propuesta por la Inspección de Trabajo refleja que Glovo debería pagar 3.842.602,35 euros en concepto de cuotas atrasadas a la Seguridad Social por emplear a repartidores como falsos autónomos.
La Inspección de Trabajo en Barcelona determina que cerca de 1.000 repartidores de Glovo, que hasta ahora trabajaban en el régimen de autónomos, sean dados de alta como asalariados en la Seguridad Social. Por eso, trabajadores y extrabajadores de la aplicación en la capital catalana han recibido un mensaje de la Seguridad Social informandoles de dicha alta. Por su parte, Glovo afirma que impugnará las altas que se han producido sin notificación previa a la empresa.
El Gobierno ejecutará "de inmediato" dos planes de choque con vigencia agosto-diciembre, además de tener intención de incidir en el control de los falsos autónomos. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizará visitas de inspección en horario especial (horas nocturnas, fin de semana y festivos) para evitar que prolifere el trabajo no declarado, según se recoge en el borrador del Plan Director 2018-2020.
La polémica sobre si las empresas están o no obligadas a registrar a diario la jornada de sus trabajadores podría haber llegado a su fin. Y el veredicto es que no están obligadas. Así lo acaba de admitir la Inspección de Trabajo, después de dos sentencias del Tribunal Supremo en ese sentido, que ya han dictado jurisprudencia.
Justo cuando más se habla de conciliación y de libertad horaria para los trabajadores, surge la sorpresa por tres sentencias de la Audiencia Nacional que obligan a las empresas a llevar el control de horarios. Ni dichas sentencias ni la Instrucción de Trabajo establecen qué método concreto de control se debe utilizar. Las empresas más afectadas son las que han optado por la ‘no presencia’ en el centro de trabajo.
Josep Conesa, Socio Director Jurídico de Conesa Legal: "Las últimas sentencias de la Audiencia Nacional apuntan a que, muy pronto, las empresas tendrán la obligación de implantar un sistema de registro de la jornada laboral para posibilitar la comprobación de si se están cumpliendo los horarios pactados con el empleado."
Los inspectores exigen a las empresas que registren la jornada diaria de sus trabajadores, tras dos sentencias de la Audiencia Nacional que así lo reclaman. Los expertos alertan de la complicación técnica y económica de establecer sistemas para que los trabajadores 'fichen'.
El anteproyecto de ley de la Inspección de Trabajo actualiza una norma aprobada en 1997, donde no se contemplaba la transferencia de determinadas competencias a las comunidades autónomas sobre inspección del trabajo, como es el caso de Catalunya. Gracias a la reforma, Empleo prevé aumentar el control sobre los contratos temporales sin causa. Policías e inspectores de Hacienda podrán notificar fraudes laborales.
La crisis ha hecho caer el número de denuncias por cesión ilegal de trabajadores —cuando una empresa pone sus empleados a disposición de otra sin ser una Empresa de Trabajo Temporal (ETT)— un 38% en los últimos cuatro años pese a que, según los sindicatos, se trata de una práctica al alza.
La inspección ha detectado durante el año 2014 irregularidades en las horas extraordinarias realizadas en más del 60% de los trabajadores a los que ha realizado controles, según informó la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en el Pleno del Congreso.
Combatir el fraude en el uso del contrato temporal. Ese será el principal objetivo de las acciones de la Inspección de Trabajo el próximo año. “En un momento de crisis e incertidumbre, la sociedad demanda que el trabajo que existe sea seguro”, aseguran fuentes de este organismo dependiente del Ministerio de Empleo.
El drama del desempleo esconde la realidad silenciada de la explotación laboral y el abuso, fenómenos que se recrudecen en tiempos de crisis. De cada 100 inspecciones llevadas a cabo por Trabajo a lo largo de 2012 (datos a 30 de noviembre), en un 23,9% de los casos se detectaron irregularidades (las situaciones de explotación laboral son simplemente una parte del largo catálogo de irregularidades).
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la ley de lucha contra el empleo irregular y fraude a la Seguridad Social que, entre otras cuestiones, persigue el cobro indebido de prestaciones por desempleo, el empleo ilegal o la creación de empresas ficticias para defraudar al sistema.
El plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social ha aflorado 57.457 empleos sumergidos entre enero y septiembre, un 11,8% más que en el mismo periodo de 2011, según ha anunciado la ministra de Empleo, Fátima Báñez.
La Inspección de Trabajo realizó 1.184.626 actuaciones el pasado año, lo que supuso un 6% menos que la actividad llevada a cabo en 2010. Esto repercutió en un descenso del número de infracciones detectadas, de la cuantía de trabajadores afectados por dichas infracciones y del importe de las sanciones impuestas.
La inspección de Trabajo ha pedido a la empresa Schindler que retire un dispositivo instalado en el teléfono que emite un sonido si el empleado está inmóvil dos minutos. La empresa alega que lo usan por motivos de seguridad, pero para el inspector del caso es una herramienta de control de los trabajadores.
Entrevista de El País a Demetrio Vicente, Director de la Inspección de Trabajo: "El periodo de regularización es de 86 días. Las empresas tienen una oportunidad de oro para eludir las sanciones más fuertes, pero cada día que pasa pierden una oportunidad."
El Departament de Treball puso en marcha a finales de julio una nueva arma contra el empleo sumergido: un buzón para chivatazos ciudadanos. Colocó en la web de la Generalitat un formulario que, en sus tres meses de vida, ha recibido 101 avisos.