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Casi cuatro meses después de que entrase en vigor la obligación, las empresas siguen sin definir sus métodos para registrar la entrada y salida de los empleados. De hecho, siguen existiendo dudas relacionadas con si la pausa para el café cuenta o no como tiempo de trabajo. Eso sí, las horas extra se han reducido.

La Fiscalía francesa ha pedido las máximas penas que permite la legislación contra France Télécom y contra su antigua cúpula directiva en el proceso por acoso de empleados, a la que se responsabiliza de múltiples suicidios y tentativas hace una decena de años. Según el relato de la acusación, Lombard y los otros encausados tenían conciencia de las consecuencias de los métodos que aplicaban, a los que recurrieron para poner a los trabajadores bajo presión. 

La Cambra de Comerç de Barcelona, a partir de una investigación realizada por la empresa Informa D&B, ofrece un dato relevante en relación con el cumplimiento de la ley de igualdad: únicamente el 12% de las empresas catalanas se ajusta a lo que en esta se exige. Es decir, solo este 12% cuenta con un 40% de mujeres en sus consejos de administración. 

Una de las opciones que hay sobre la mesa para cumplir con el nuevo registro horario son las apps para que los trabajadores introduzcan el comienzo y el final de su jornada; aplicaciones que, en algunos casos, el trabajador debe instalar en su propio móvil. Su utilización por parte de las empresas, sin embargo, puede plantear problemas legales. Una circunstancia que, si bien en España aún no ha causado demasiados litigios, en EEUU sí ha sido analizada por los jueces.

Hasta hace unos días, cuando la normativa del registro horario no contaba con ningún tipo de pauta que arrojase algo de luz sobre tanta sombra, la categoría de la alta dirección era una de las que más dudas e incertidumbre generaban a las compañías. Hoy, después de que Trabajo haya publicado su guía sobre el real decreto, la situación parece haberse resuelto en la mayoría de supuestos: la alta dirección, según los expertos, queda exenta del registro de jornada.

En España, entre el 20% y el 30% de personas tienen impresos símbolos, dibujos, letras o cualquier otra cosa imaginable en su piel, porque los tatuajes han ganado mucha popularidad. Pero algunas de ellas pueden tener problemas para conseguir o mantener su puesto de trabajo si esos tatuajes son visibles, sobre todo en el rostro, el cuello o las manos.

El abogado general de la Unión Europea contradice al Supremo y dice que las empresas deben computar diariamente las horas de trabajo. En este sentido, uno de los aspectos que más preocupa a las empresas es que la futura regulación sea lo suficientemente flexible como para que tengan cabida todas las situaciones en las que se trabaja ahora gracias a la digitalización.

Las instituciones europeas desbloquean la directiva para reforzar en tres años la política de conciliación laboral y familiar con un acuerdo para que todos los progenitores tengan cuatro meses de permiso parental intransferibles y remunerados. De este modo, se pretende cerrar en parte la brecha de género que existe en el mercado laboral.

El I Congreso Nacional de DPOs que se celebra en España pone de manifiesto la necesidad de una cultura de privacidad en las empresas. Los expertos en privacidad deben liderar los cambios que requiere esta materia después de la entrada en vigor de la Ley orgánica de Protección de Datos, que ha dibujado un nuevo escenario para las empresas. 

Actualmente, en Estados Unidos existen leyes antimonopolio para evitar consecuencias no deseadas de las fusiones empresariales para los consumidores, por ejemplo, por un aumento de precios de un determinado producto o servicio. Pero, según The Economist, parece que a las autoridades reguladoras hasta ahora se les había pasado por alto qué sucede con los trabajadores y con sus salarios durante dichos procesos de concentración empresarial.

El uso de algoritmos para la toma de decisiones automatizadas por parte de las empresas e instituciones es cada vez más frecuente. Y va a más. Ante esta expansión, a la que de momento no se le adivinan límites, se multiplican los expertos que alertan de los resultados injustos o perjudiciales que pueden producir para quienes se ven afectados por su aplicación. Consecuencias a las que la legislación debe dar respuesta.

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) es una normativa que entró en vigor el 25 de mayo de 2018 con el objetivo de fortalecer y unificar la protección de datos personales en todos los países de la UE. Es un reglamento más estricto que los anteriores y unifica a nivel europeo tanto los derechos como las obligaciones. La adaptación a la nueva legislación supone todo un reto para las organizaciones y los Departamentos de Recursos Humanos.

¿Puede el desorden de nuestra mesa de trabajo comprometer el cumplimiento con la protección de los datos por parte de la empresa? Financial Times expone que el hecho de tener nuestro escritorio lleno de papeleo puede provocar que informaciones importantes de la organización caigan en manos no deseadas. Algunas empresas británicas se han dado cuenta que el nuevo RGPD no solamente afecta al ámbito digital y han empezado a despejar las oficinas.

Según Fast Company, la propuesta de la ciudad de Nueva York de una ley de “Derecho a la Desconexión” fuera del horario laboral siguiendo el modelo francés, no es lo único que se necesita para restaurar un equilibrio entre trabajo y vida. Según la revista norteamericana, para recuperar tiempo es preciso cambiar también nuestra forma de trabajar.

Imagine una carrera en la que compiten un hombre y una mujer. Él parte de la línea de salida y ella lo hace unos metros por detrás. Debido a ello, muchas personas defienden la necesidad de políticas que corrijan la desventaja inicial, por decreto. Pero también hay quien duda de que sea el mejor camino para lograr un mundo más justo.

Dada la voluntariedad de las iniciativas de RSC, las organizaciones se ponen en manos de terceros para controlarlas. Las empresas se comprometen a cumplir normas basadas normalmente en convenios internacionales o en estándares consensuados por agrupaciones de compañías.

El macropuente festivo temido por algunos y deseado por otros ha llegado y ha vuelto a poner a las empresas en pie de guerra. A pesar de las promesas que hizo Mariano Rajoy en diciembre del 2011 de racionalizar el calendario de fiestas para evitar fenómenos como el acueducto de esta semana, todo sigue igual cinco años después. Un número creciente de empresas, especialmente del sector industrial, han optado por saltarse el calendario festivo inamovible y llegar a acuerdos para trasladar algunos días de fiesta.

UGT, CCOO y la CEOE coinciden en que España necesita un acuerdo entre el Gobierno, empresas y sindicatos para proteger al empleo de las consecuencias de la cuarta revolución industrial. Amenaza u oportunidad, la clásica disyuntiva sale a relucir en el nuevo debate.

El compliance es el establecimiento de políticas y procedimientos adecuados para garantizar que una organización -incluidas sus personas directivas, empleadas y agentes vinculados- cumple el marco normativo vigente. Dentro del marco normativo no deben considerarse únicamente las normas legales, como las leyes nacionales e internacionales o los reglamentos, sino también las políticas internas, los compromisos con clientes, proveedores o terceros, y sobre todo los códigos éticos.

La fórmula del intercambio, reciclaje o de servicios alternativos es ya una realidad en España y se expande a pasos agigantados, mientras que la legislación avanza a un ritmo mucho más lento. Con el objetivo de establecer una regulación común, la Comisión Europea presentará en verano las guías para la aplicación de las leyes vigentes en la economía colaborativa.

Hechos como la filtración de los papeles de Panamá ha vuelto a poner en entredicho la seguridad en las organizaciones. Ninguna empresa es ajena a un ciberataque, que son cada vez más sofisticados y suelen ser obra de grupos organizados, que actúan desde lugares remotos.

Entre las promesas del Gobierno pendientes desde el comienzo de la legislatura estaba la de acabar con los puentes y macropuentes festivos que el calendario permite en determinados años. Pero casi cuatro años después, no hay noticias de este compromiso. Sindicatos y patronal dicen que el tema desapareció de las mesas de negociación hace mucho.

KPMG y la Fundación Seres han lanzado el manual 'Lo que los consejeros necesitan saber de la responsabilidad social corporativa', con el que pretenden ofrecer una orientación práctica que permita, a consejos y consejeros, traducir a acciones concretas las recomendaciones que pueden encontrarse en el Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas.

El Tribunal Supremo ha anulado una cláusula tipo de los contratos de trabajo que forzaba al trabajador a dar sus datos de contacto personal. La cesión de dichos datos, como el correo electrónico y el móvil, ha de ser inequívocamente voluntaria y en ningún caso deben ser utilizados para comunicar despidos.

La comisión de auditoría se erige como una pieza clave del buen gobierno corporativo, cuyo objetivo es guiar a las empresas a las máximas cotas de transparencia y confianza. Por ello, KPMG ha publicado un manual práctico de consejos para crear y mantener estos organismos.

Irene Rigau, 'Consellera' de Ensenyament: "Con un país que apuesta por la sociedad del conocimiento, con un incremento de las tasas de graduados derivado del plan a favor del éxito escolar, hay que dar respuesta a la necesidad de aumentar el nivel de cualificación de las personas y también los niveles de tecnología, innovación y competitividad de las empresas."

Los directivos y los consejeros de las empresas tienen una nueva lección que aprender y es importante. La ética ya no es cuestión de voluntarismo, es una asignatura imprescindible de conocer para evitar la cárcel. Las firmas preparan a contrarreloj sus planes contra la corrupción según la nueva ley.

La planificación de las rentas del trabajo es muy importante para minimizar el efecto fiscal. Pero, esta planificación no resulta efectiva sin la propia implicación de la compañía empleadora. Es decir, las medidas que puede tomar un sujeto individual no son eficaces sin la colaboración de la empresa. El marco jurídico actual permite seguir potenciando fórmulas de retribución que han sobrevivido a la reforma tributaria. Los autores analizan las tres que consideran más significativas.

El nuevo sistema de liquidación directa de cuotas de la Seguridad Social, conocido como Cret@, se está implantando progresivamente en las empresas. La principal novedad es que ya no son las empresas las que deben calcular las cotizaciones de sus empleados e ingresarlas en la Seguridad Social, sino que es la Administración la que envía a la compañía un borrador de liquidación y ésta la confirma o envía sus correcciones.

Hay pocos asuntos que, en materia universitaria, susciten ahora mismo tanta unanimidad como el de la -urgente, para muchos- reforma del sistema de financiación de la educación superior. De las 146 carreras que existían antes de Bolonia, se ha pasado a 2.600 grados y 4.000 másteres.