Miguel Valverde: "Aunque la patronal diga que no, la propuesta trata de recortar el despido, lo cual puede ser objeto de negociación con los sindicatos, pero hay que llamar a las cosas por su nombre."

Para una buena parte del mundo empresarial, institucional y académico, como las patronales CEOE y CEIM, el Círculo de Empresarios, el Instituto de Estudios Económicos, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, o los catedráticos y profesores que firmaron el Manifiesto de los cien, la reforma laboral que necesita España se basa fundamentalmente en abaratar el despido.

En consecuencia, defienden un nuevo contrato fijo y casi único para todos los trabajadores, extremadamente flexible, cuyo mayor problema no está en la rebaja concreta de la indemnización por despido, sino en su desarticulación jurídica.

La propuesta de contrato, que CEOE ha enviado a los grupos parlamentarios, sostiene que todos los despidos serían procedentes, salvo los que pudiesen vulnerar los derechos fundamentales de la persona y en los casos de embarazo o disfrute de permisos de paternidad o maternidad. En este último punto, siempre que no haya deslealtad por parte del trabajador.

En consecuencia, la compensación para el empleado sería generalmente la correspondiente al despido procedente, de veinte días por año de trabajo, hasta una cuantía salarial máxima de doce meses. Bastante más barata que las indemnizaciones de 33 días por año de servicio, en el caso del contrato de fomento del empleo indefinido, o de 45 días, en el caso del contrato fijo ordinario.

Por lo tanto, y aunque la patronal diga que no, la propuesta trata de recortar el despido, lo cual puede ser objeto de negociación con los sindicatos, pero hay que llamar a las cosas por su nombre. Máxime, cuando, prácticamente y salvo con las excepciones ya comentadas, la procedencia del despido dependería exclusivamente de la voluntad del empresario. Es decir, que el contrato podría ser hasta inconstitucional, porque todos los ciudadanos tienen derecho a la tutela judicial efectiva y, por lo tanto, a recurrir a los tribunales si lo estiman preciso.

En tercer lugar, CEOE dice que respetaría los derechos adquiridos por los trabajadores más antiguos y con mayores indemnizaciones por despido y que el nuevo contrato se dirigiría a quienes entrasen en el mercado laboral. No nos hagamos trampas en el solitario. Es evidente que abriría la puerta a la sustitución unos trabajadores por otros, porque la recesión está demostrando la facilidad con la que las empresas despiden. Incluso, bajo la fórmula de las prejubilaciones o jubilaciones anticipadas.

Es más, no es coherente recortar plantillas de esta manera con la defensa que muchos foros empresariales hacen de la formación de los trabajadores para ganar competitividad, a no ser que la mayoría de quienes tienen más de cincuenta años, o de 45, de la noche a la mañana se hayan convertido en unos ignorantes en su profesión. Es algo que va contra el sentido común.

Como también resulta chocante que muchos de los que defienden el contrato único indefinido no hayan comprendido que si no se cambian los fundamentos del tejido económico español es prácticamente imposible erradicar la división del mercado laboral entre los trabajadores con contrato indefinido y los que tienen contrato temporal.

A no ser que alguien sea capaz de convencer, para que conviertan en fijos a la mayoría de sus empleados, a los empresarios del turismo y sus actividades colaterales, de la hostelería, la agricultura, la agroalimentación, la construcción o de los servicios auxilares de ayudas a las compañías, entre otras actividades.

Con este tejido productivo resulta absurdo intentar buscar modelos en el norte de Europa. Por eso tiene razón el catedrático de Derecho del Trabajo Salvador del Rey cuando dice que todavía “hay amplios sectores de la economía española que necesitan el contrato temporal de forma intensiva”. Los que ya peinamos canas en estos menesteres recordamos que el cambio tecnológico que defiende el presidente Zapatero ya lo sostenía hace veinte años Felipe González. Y aquí estamos todavía, clamando por la productividad real.

Si es una hipótesis que CCOO y UGT puedan firmar algún día una nueva rebaja del despido, que tendría que ser moderada, es una certeza absoluta que jamás respaldarán el contrato “indefinido precario”, como lo califican quinientos profesionales universitarios en su manifiesto contra la reforma.

Acceso a la Propuesta para la reactivación laboral en España: http://www.crisis09.es/propuesta

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