Alfonso Luengo ha llegado como Director Gerente a la Fundación Tripartita, la que gestiona los fondos de la formación profesional, para introducir cambios que den resultados y eficiencia.


Desde principios de año ocupa una silla caliente, la de la gerencia de la Fundación Tripartita, el organismo integrado por la Administración Central y los sindicatos y patronales mayoritarios, y que gestiona un presupuesto cercano a los 1.000 millones de euros anuales para formar a los trabajadores españoles.

En un momento en el que la tasa de paro alcanza al 25% de la población activa y en el que el diálogo social está roto, con dos convocatorias de huelga general en menos de un año, el reto que afronta Alfonso Luengo no se presenta sencillo. “La formación, por sí sola, no crea empleo. Éste lo genera la actividad económica. Pero sí evita desempleo. ¿Cuántos trabajadores han dejado de quedarse en paro gracias a haber mejorado su cualificación?Esa es la pregunta que debemos hacernos”, explica este extremeño de Don Benito (Badajoz) de 49 años.

Luengo defiende el importante papel que debe jugar la cualificación de los trabajadores en la superación de esta crisis en nuestro país. Explica que sólo sobreviven las empresas que mejoran su productividad. En España se está consiguiendo aumentar esta productividad pero, según Luengo, por el lado de los costes salariales, y esto tiene un límite. Llega un momento en el que no pueden reducirse más. Por tanto, piensa que a partir de ahora la mayor productividad llegará por el aumento de la cualificación de las plantillas. También a través de la internacionalización y de la innovación, por lo que los planes de formación de este año se han orientado principalmente hacia esos objetivos. Éste es uno de los cambios importantes que ha traído la reforma laboral: ahora es la Administración la que determina estos objetivos prioritarios, aunque tenga en cuenta la opinión de los agentes sociales. Antes los fijaban éstos en exclusiva. Los objetivos ahora han pasado de ser la prevención de riesgos, el medio ambiente y la igualdad a la internacionalización, la innovación, el emprendimiento y el desarrollo tecnológico.

Funcionario de carrera, Luengo ha ocupado puestos de gestión en distintos entes públicos, tanto con gobiernos del PP como con ejecutivos socialistas, y ha llegado a la dirección de la Tripartita para implementar algunos cambios importantes que introdujo la reforma laboral.

Esta entidad gestiona los fondos de la formación profesional para el empleo, que salen de las cotizaciones sociales que realizan las empresas (0,6% de la retribución de sus empleados) y de las propias nóminas de los trabajadores (0,1%). En suma, este año cuenta con un presupuesto de 950 millones de euros del total de 2.391 millones que el Gobierno ha destinado en los Presupuestos a la formación dentro de las denominadas políticas activas de empleo. El resto, 1.441 millones, lo administra directamente el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE). El pasado año, la Fundación Tripartita formó a 4,4 millones de trabajadores con un presupuesto un 33% mayor que el actual, de 1.431 millones de euros. En ocho años se ha multiplicado por cinco el número de trabajadores formados y por quince el de empresas participantes.

Del presupuesto total de la Tripartita para este año, 560 millones irán directamente a las empresas, que se bonifican parte de lo cotizado a la Seguridad Social para impartir cursos a sus plantillas internamente. Es la denominada formación de demanda, que diseña e imparte libremente cada compañía, y que no ha dejado de crecer en los últimos años. Las grandes corporaciones hacen uso de estas bonificaciones, y el gran reto es hacerlo llegar también a las pymes, mayoritarias en nuestro tejido empresarial y en las que la penetración de este tipo de formación es mucho menor –el 90% de las grandes empresas usan estas bonificaciones, el 58% de las pymes y el 25% de las micropymes–.

Otros 60 millones van destinados a la cualificación de los funcionarios, a través del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Casi 114 millones son transferidos a las comunidades autónomas, que tienen sus propios programas para mejorar la preparación de la fuerza laboral. Y 184 millones son para la denominada formación estatal de oferta.

Cambios
Hasta ahora, los agentes sociales eran los intermediarios en la adjudicación de estos últimos fondos, los de la formación estatal de oferta. Algunos cursos los organizaban directamente sindicatos y organizaciones empresariales y otros los subcontrataban a empresas de formación. Pero uno de los cambios importantes que Luengo está gestionando tras la reforma laboral del pasado mes de febrero es la introducción de una mayor competencia a la hora de adjudicarse los fondos.
Este año, un 20% de esos 184 millones de euros se han reservado para la libre concurrencia de las empresas de formación, que pueden competir directamente por adjudicárselos para impartir programas sin la intermediación de los agentes sociales. Para ello, previamente han tenido que cumplir una serie de requisitos para ser acreditados por las correspondientes comunidades autónomas.

Que este porcentaje en el que no participan los agentes sociales crezca, se mantenga o se reduzca en el futuro, dependerá en buena medida de los resultados que se observen este año, cree Luengo. “Las dos ideas clave han de ser dotar de mayor transparencia al sistema y gestionarlo de forma más eficiente, a través de la concurrencia competitiva. La experiencia en el ámbito de la contratación pública es que una mayor competencia y eficiencia redunda en menores costes y más calidad”.

Otro cambio introducido tras la reforma laboral tiene que ver con un concepto que nunca ha estado exento de cierta polémica. Cuando se adjudicaban estos fondos para impartir cursos, las entidades organizadoras –antes los agentes sociales en exclusiva– retenían un 20% del importe en concepto de gastos asociados a la organización de los programas. Ahora ese porcentaje se ha visto reducido al 10%. Además, se ha excluido este año la formación a distancia tradicional, dejando sólo cursos de formación presencial u online.

Otra cuestión polémica es el anuncio que hizo antes de retirarse la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en el sentido de que dedicaría sus fondos autonómicos de formación a ayudas a emprendedores en lugar de transferirlos a los agentes sociales. Los sindicatos ya han anunciado que, de confirmarse, recurrirían la decisión a los tribunales porque al proceder de cotizaciones sociales para formación entienden que no se pueden destinar a otro fin. Luengo cree que “cualquier uso que no sea formación va a tener problemas para salir adelante. A falta de conocer los detalles de la medida, tendrá un difícil encaje y ajustes complejos”.


 

Del Forcem a la Tripartita, luces y sombras

La Fundación para la Formación en el Empleo, más conocida como Forcem, nació en 1993 para llevar la formación interna a las empresas en nuestro país, algo que sólo hacían grandes corporaciones. En esa primera etapa estaba integrada por CCOO, UGT, CEOE, Cepyme y la Confederación Intersindical Gallega (CIG), que llegaron al primer Acuerdo Nacional de Formación Continua, refrendado en posteriores pactos hasta 2004. Eduardo Zaplana acometió la primera reforma de este sistema, después de escándalos y fraudes en el manejo de estos fondos públicos.

Nació así la Fundación Tripartita, donde siguen CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, pero ya con presencia de la Administración. Creó dos tipos de formación: de oferta, organizada por los agentes sociales y dirigida a ocupados y desempleados que pueden apuntarse libre y gratuitamente a los cursos; y de demanda, organizada por cada empresa según sus necesidades y financiada parcialmente con bonificaciones en sus cotizaciones a la Seguridad Social. Jesús Caldera hizo la última reforma del sistema, integrando los programas para ocupados y parados. La reforma laboral del pasado febrero ha introducido algunos cambios importantes, pero no ha reformado el modelo. Eso vendría en el marco de los acuerdos nacionales de formación que tienen que negociar Administración y agentes sociales.


Un todoterreno de lo público

Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca y con estudios de posgrado en la Universidad Carlos III de Madrid, Esade y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Alfonso Luengo Álvarez-Santullano es funcionario del cuerpo superior de administradores civiles del Estado. Extremeño de 49 años, natural de la localidad pacense de Don Benito, durante más de veinte años su trayectoria profesional ha discurrido en el ámbito de lo público, donde ha gestionado distintos organismos o entidades, durante gobiernos del Partido Popular y también del Partido Socialista.

Durante ese tiempo ha sido directivo de entidades públicas como el Museo Reina Sofía, donde ocupó la gerencia; del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música y del Instituto Cervantes, en los que fue el director de recursos humanos;y del Consejo Superior de Deportes, donde fue subdirector general y director general de Infraestructuras Deportivas, antes de incorporarse a principios de 2012 a su actual responsabilidad como director gerente de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

Suscríbete gratuitamente a nuestros boletines

Recibe noticias e ideas en Recursos Humanos.
Suscripción

Utilizamos cookies para ofrecer a nuestras visitas una mejor experiencia de navegación por nuestra web.
Si continúas navegando, consideramos que aceptas su utilización.