Muchos, al inicio de la crisis, dirigieron su mirada al empleo público. Unos con una cierta benevolencia envidiosa (“quién lo pillara”), otros con más o menos hostilidad (“los privilegiados de siempre”). Hoy, probablemente, bastantes percepciones habrán cambiado tras comprobar cómo este último reducto del trabajo estable y protegido no está siendo inmune a las turbulencias del ajuste.

Ahora bien, el situar a los funcionarios –o, siendo más precisos, a los asalariados del sector público– entre los perdedores de la crisis podría resultar todavía poco comprensible para muchos ciudadanos, sobre todo para los más golpeados por la dura recesión. ¿Hasta qué punto el ser empleado público ha dejado de suponer un seguro de estabilidad? ¿Ha erosionado la crisis significativamente el estatus laboral de quienes trabajan para las administraciones?

De entrada, podemos identificar tres áreas donde la consolidación fiscal ha supuesto ya pérdidas constatables para los servidores públicos: el empleo, los salarios y la jornada de trabajo. Son, sin embargo, pérdidas cuyo sentido y alcance necesitan ser matizados.

Hablemos, en primer lugar, de empleo. Entre el 2008 y el 2010, cuando la economía española destruía ya masivamente centenares de miles de puestos de trabajo, las administraciones públicas crearon un cuarto de millón de nuevos empleos. Incluso en el primer semestre del 2011 se mantuvo un saldo positivo de unos 30.000 empleos. Este año, la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre detecta ya un descenso de 63.000, que supera en poco más de un 2% el volumen total del empleo público. Aunque la tendencia previsiblemente se mantendrá al alza, la pérdida excederá poco de la reducción vegetativa combinada con las políticas de congelación de entradas. Nada que ver, por el momento, con la destrucción de empleo en el sector privado.

Por otra parte, las rescisiones están afectando exclusivamente al empleo más precario: interinos y contratados temporales. Aunque la reforma laboral ha abierto paso a regulaciones de empleo del personal con contrato indefinido, lo previsible es que estas se den sobre todo en las empresas públicas, en las que parece concentrarse el impulso reductor de los gobiernos. Subsisten sin tocar los puestos correspondientes al núcleo central de las administraciones territoriales y al bloque del personal funcionario y estatutario que constituye el contingente más numeroso de los servicios públicos. La gran duda es si nuevas reformas facilitarán a los gobiernos la entrada en este bastión del empleo hiperprotegido. En cualquier caso, el empleo público ha comenzado a perder al menos una parte de la seguridad que lo caracterizaba.

En los salarios, el impacto de las medidas anticrisis ha sido más contundente, incluyendo algunas rebajas generales como el 5% del 2010 o la eliminación de la paga extra de este año. A esto hay que añadir medidas como la supresión de complementos en las bajas médicas y otras reducciones de alcance territorial o sectorial. Da la impresión de que mientras en las empresas la rigidez de la negociación colectiva en materia salarial ha trasladado los ajustes al empleo, en el sector público, en cambio, la rigidez de los marcos de empleo ha concentrado los recortes en los salarios. Hay quien piensa que hubiera debido ser al revés. En todo caso, cabe recordar que los sueldos públicos crecieron entre el 2004 y el 2009 por encima del salario medio y el PIB per cápita.

Otro dato relevante es que las reducciones han afectado proporcionalmente en mayor medida a los puestos altos de la escala salarial. Si tenemos en cuenta que, en términos generales, los empleos de inferior cualificación están remunerados en las administraciones muy por encima de su valor de mercado, mientras que el trabajo cualificado lo está –en especial si cuenta con experiencia– bastante por debajo, podemos afirmar que los recortes retributivos han venido a agravar desequilibrios endémicos de la estructura salarial del sector público.

Por otra parte, en materia de jornada, el Gobierno ha anunciado la ampliación de la jornada semanal a un mínimo de 37,5 horas y la supresión de una parte de los días de libre disposición. Esta modificación a la baja de las condiciones de trabajo debe ser puesta en contexto recordando que, en términos agregados, la jornada de trabajo de los empleados públicos era en España a comienzos del 2012 la más baja entre los países de la Unión Europea.

En síntesis, el empleo público es todavía, si lo comparamos con otros sectores económicos, un refugio de estabilidad, pero es un refugio asediado y, dadas las previsiones económicas, el cerco se estrechará previsiblemente en los próximos meses. Otro hecho da que pensar. La distribución de los recortes ha beneficiado hasta la fecha a aquella parte de las plantillas públicas compuesta por los empleados de más antigüedad, dotados de menor cualificación y regulados por marcos más rígidos. Si los recortes no dan paso a una reforma estructural del empleo público, esta peligrosa inercia, de claros efectos descapitalizadores, tenderá a mantenerse.

Hay una pérdida menos tangible de la que no hemos hablado. Se trata de la imagen del servidor público. Al haber carecido los gobiernos de estrategias de reforma ancladas en discursos coherentes de cambio, los ajustes corren el riesgo de ser percibidos como mera eliminación de privilegios a un sector improductivo pagado por todos. A menudo, los responsables han abonado esta percepción para justificarse. Más allá de la pertinencia de medidas concretas, se trata de una visión injusta por generalizadora, inexacta y simplona. Aquí sí tienen motivos los trabajadores de la Administración para sentirse incluidos entre los perdedores de la crisis.


Francisco Longo, Profesor del Instituto de Gobernanza y Dirección Pública de ESADE

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