Los despidos individuales por causas objetivas, indemnizados con 20 días, se han disparado desde la entrada en vigor de la reforma laboral. En los dos primeros meses de aplicación han crecido un 53% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

La reforma laboral se aprobó ayer definitivamente en el Congreso de los Diputados, pero los principales cambios del mercado laboral llevan en vigor desde el pasado 12 de febrero, cuando el Gobierno los aprobó unilateralmente por decreto. Por tanto, empiezan a existir ya datos estadísticos que permiten evaluar sus efectos.

Para empezar, los cambios legales no han impedido que el número de despidos -medido en número de trabajadores con derecho al desempleo contributivo, que es la mayor aproximación estadística que existe- de todos los tipos haya crecido en términos generales un 13%. Así, entre febrero y abril (últimos datos disponibles) de 2012 los servicios públicos de empleo recibieron el alta de 485.267 despedidos frente a 428.364 de los mismos meses de 2011.

El Gobierno no ha cesado en su empeño de explicar que la reforma laboral está orientada a que los empresarios opten por medidas de flexibilidad interna en lugar de despedir en momentos de crisis. Y es cierto que para ello facilitaron la modificación sustancial de las condiciones laborales de forma unilateral por parte del empresario, sobre todo del salario; y el descuelgue de los convenios colectivos.

Sin embargo, el Ejecutivo al mismo tiempo abarató y facilitó los despidos, con lo que el resultado de los primeros meses de aplicación de la reforma laboral es que los empresarios siguen optando prioritariamente por las extinciones de contrato para ajustar sus costes. Un riesgo que ya advirtieron los expertos y que se está cumpliendo.

Así, los dos cambios fundamentales de la reforma para facilitar y abaratar los despidos fueron, por un lado, clarificar más las causas económicas de las extinciones objetivas que tienen una indemnización máxima de 20 días por año y un máximo de 12 mensualidades y que ahora son procedentes cuando exista disminución del nivel de ingresos o ventas ordinarios durante tres meses consecutivos si se compara cada uno de estos trimestres por separado con el mismo del año anterior. Y, en segundo, la eliminación de la autorización administrativa en los expedientes de regulación de empleo (ERE), también indemnizados con 20 días en los casos extintivos.

Esto ha desembocado en un aumento del 53% de los despidos individuales por causas objetivas pagados a 20 días, que pasan de 46.219 entre febrero y marzo de 2011 a 70.701 en el mismo periodo de 2011. Igualmente, el número de despedidos en ERE ha crecido entre febrero y abril un 30% desde los 20.001 a 25.993.

Si bien es cierto que, respondiendo a los objetivos del Gobierno, en este periodo de tiempo también se han incrementado los trabajadores afectados por un ERE solo temporal, como alternativa a los despidos. Este colectivo estaba formado entre febrero y abril por 72.803 trabajadores, frente a los 42.742 del mismo periodo del año anterior, con un aumento del 70%.

Pese a ello, el número total de afectados por esta última medida queda por debajo de los que fueron despedidos al amparo de las nuevas leyes laborales, que superaron ampliamente los 100.000.

 


La causa más común sigue siendo el fin del contrato temporal

En un país donde uno de cada cuatro asalariados tiene una relación laboral temporal, la finalización del contrato eventual sigue siendo la principal causa por la que los trabajadores se quedan en paro en España y acceden a la prestación por desempleo. De hecho, de las casi medio millón de nuevas altas en el seguro de paro que se registraron entre febrero y abril pasados, algo más de 200.000 procedían de la finalización de un contrato temporal (cuatro de cada diez nuevas altas en la prestación contributiva).

Tras este colectivo, el segundo más numeroso de los que accede al seguro de paro, según la estadística del Ministerio de Empleo, es el formado por una categoría aún inclasificable de despedidos. Se trata de los parados que en el momento de solicitar la prestación por desempleo aún desconocen la resolución judicial de su despido. La mayoría son trabajadores despedidos que recurrirán a los tribunales esta decisión y el juez decidirá si es procedente o improcedente y en función de eso fijará la indemnización. En este grupo -que antes de la reforma estaba mayoritariamente formado por los despidos exprés, que desaparecieron con la nueva normativa en febrero- se encuadraron poco más de 100.000 trabajadores despedidos entre febrero y abril. Finalmente hay 6.543 personas que accedieron a la protección por desempleo por fin del periodo de prueba.


Las cifras

33 días por año trabajado es la indemnización máxima del despido improcedente, y también los días que se están pagando en los ERE pactados.

1,7 millones de empleados públicos podrían verse afectados por los próximos despidos (700.000 laborales fijos y 500.000 de empresas públicas).

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