La reducción de un 30% en las subvenciones para la inserción laboral de grupos con especial dificultad pone en peligro el empleo de miles de discapacitados. Dincat, una de las principales asociaciones dedicadas a la inserción laboral de personas con discapacidad, pide a cien ayuntamientos catalanes su apoyo para que presionen contra el recorte.

El país vive momentos convulsos, de parches, de mentiras y sinrazones. Sin saber cómo, hemos banalizado cifras que son una monstruosidad. Los 23.500 millones de ayuda a Bankia (casi cuatro billones de pesetas) se citan con temor, pero al mismo tiempo como parte de una realidad aceptada con resignación a la que nos ha llevado el desatino de financieros y promotores. Su doloroso corolario han sido los recortes para todos, bajo el engañoso lema de que “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades” –serán algunos, digo yo–, en los que hay injusticias flagrantes.

A mí, personalmente, me ha parecido sencillamente execrable que se recorten un 30% las subvenciones para la inserción laboral de grupos con discapacidades. Estamos hablando del colectivo más frágil e indefenso. Es un golpe muy duro para los 55.000 discapacitados que trabajan en Centros Especiales de Empleo (CEE), muchos de los cuales, de acabar así la cosa, perderán su puesto de trabajo. De momento, según el Gobierno, la crisis ha expulsado del mercado laboral entre un 35% y un 40% de los discapacitados que trabajaban. Hay un agravante: que su capacidad de acceso al empleo es tres veces inferior al resto. En Catalunya, Dincat y Ammfeina, dos de las principales asociaciones que agrupan a un centenar de empresas dedicadas a la inserción laboral de personas con discapacidad, creen que uno de cada tres discapacitados mentales perderá su empleo antes de seis meses (2.500 de 7.500), si se mantiene el recorte previsto. Resulta enervante pensar que la cifra que se precisa para políticas de empleo para discapacitados sea de 332 millones y se presupuesten 210 millones, frente a la monstruosidad de Bankia. ¿Dónde estamos?


Corregir el desaguiso

Se esperaba la reunión del jueves de la semana anterior en el Congreso para ver si se enmendaba el desaguisado. Se hizo en parte, al establecerse un mandato al Ejecutivo para que en doce meses elabore un proyecto de ley de promoción de la inclusión social de las personas con discapacidad, pero el recorte sigue más o menos igual. “El mandato es positivo en la medida en que es una necesidad, ya que se trata de cambiar una ley que ya tiene 30 años, pero si en el resto de trámite presupuestario no cambia nada y siguen los recortes anunciados, esto es fatal. Ahora, en Dincat estamos presentando una moción en contra del recorte a cien ayuntamientos catalanes para que presionen a Madrid”, explica Francesc Martínez Foix, vicepresidente de Dincat y patrón de la Fundació DKV Integralia.

La fragilidad del colectivo es obvia. Lo dicen desde una empresa socialmente responsable que aspira a tener un mínimo del 10% de discapacitados en su plantilla, la alimentaria Grupo Siro. Para ello adapta sus puestos de trabajo a diversos tipos de discapacitación. “Hemos observado que aquellos puestos de trabajo fruto de la buena voluntad o la filantropía caen enseguida. Cuando hay una integración ligada a una función concreta, es más difícil. Pero esta integración ha de ser sostenible, capaz de desarrollar profesionales mejores para que el empleador los valore”, explica Francisco Hevia, director general de la Fundación Grupo Siro.

Frágil se ve también desde el punto de vista de Incorpora, el programa de integración laboral de la Obra Social de La Caixa, en el que se realiza intermediación, buscando empresas para colocar personas discapacitadas de todas las tipologías, una vez preparadas pensando en la demanda. Su responsable, Jaume Farré, afirma que “ha habido un cambio; antes la empresa social pensaba más en el medio ambiente, ahora está al 50% con este tipo de empleo. De todos modos, la clave está en que la empresa vea los beneficios que le reporta contratar a un discapacitado. Hoy tenemos 7.000 empresas clientes y en seis años hemos colocado a 42.000 personas. Hemos reestructurado la Obra Social de forma que el 70% vaya a temas sociales”.


Fondos transferidos

También se ve frágil desde los CEE (CET en catalán), que tienen un peso muy importante. “En Catalunya, los 215 existentes ocupan a 12.000 personas de las 55.000 de España”, dice Martínez Foix. En Catalunya los fondos necesarios para subvencionar el mantenimiento (algo menos del 50% del salario mínimo y otros) son 81,5 millones, de los que se han presupuestado sólo 42,2 millones. Pero lo que ha llenado el vaso y fue “el objeto de la concentración del 20-M en el Arc de Triomf es el recorte del 52% de los fondos transferidos a Catalunya para inserción laboral de colectivos con especiales dificultades de acceso y permanencia en el empleo. De los 62,8 millones que se recibieron en el 2011 se pasa a 30,4 en el presupuesto y ‘això sí que no’, es imperdonable”, añade Martínez Foix.

Y más frágiles si cabe son los discapacitados con dificultades especiales (la mayoría síndrome de Down), que precisan un acompañamiento progresivo en su integración laboral. Gloria Canals, directora del Projecte Aura –que ha sido el primer programa de trabajo con apoyo en España– asegura que para ellos el asunto es peor, “porque el recorte para nosotros es del 100%, ya que ni siquiera viene contemplado en el presupuesto”. De hecho, siempre han recibido sumas residuales, para una labor tan loable como dura. Y recuerda que “el trabajo con acompañamiento, como metodología específica para personas con dificultades especiales, funciona. Y estas personas pueden lograr y mantener un empleo si –y sólo si– tienen este apoyo”.

Cabe esperar que en el trayecto restante de los presupuestos generales –paso por el Senado– se corrijan algunas de estas incoherencias que la ciudadanía no puede entender, sobre todo si las contrapone a la enorme generosidad pública mostrada ante la desmesura del mundo financiero.



Crecer profesionalmente

Nueve de cada diez personas con discapacidad buscan crecer profesionalmente dentro de su empresa actual. Se trata de un dato que se valora incluso más que las condiciones de trabajo, que son importantes para un 67% de los encuestados, según un informe realizado por la Fundación Randstad. El informe destaca también que este colectivo aumenta año tras año su formación con el objetivo de incrementar sus posibilidades de acceso a un puesto de trabajo y de mejorar sus condiciones laborales.

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