Los opositores se enfrentan a un 2012 ‘en blanco’ por la ausencia de nuevas plazas. La Administración central convocará menos de 3.200 plazas este año y todas corresponderán a procesos de contratación de 2011. Las únicas comunidades autónomas que harán oposiciones en 2012 serán País Vasco, Cantabria, Andalucía y Madrid.

Unos lo llaman congelación, y otros, recorte drástico. Cuestiones semánticas aparte, la realidad del empleo público en 2012 será igual de dura para los miles de opositores que en toda España esperan conseguir una plaza de funcionario en la Administración.

A la espera de cerrarse los datos definitivos, la Administración central convocará menos de 3.200 plazas este año, ninguna nueva. Todas corresponderán a procesos de contratación aprobados en 2011 o años anteriores y a la tasa de reposición del 10% en cuerpos muy concretos (fuerzas de la Seguridad del Estado, policía autonómica, lucha contra el fraude fiscal y laboral, y funcionarios docentes y del Sistema Nacional de Salud). Es decir, de cada 100 funcionarios que causen baja en estas áreas, solo se podrá reemplazar a 10.

La convocatoria de la Administración general podría situarse en torno a las 3.000 plazas, lo que supondría un recorte del 7% respecto al año pasado y un 42% sobre 2010, cifras que, según el secretario de Estado de Administración Pública, Antonio Beteta, responden al “incremento insoportable en términos financieros” del número de funcionarios. “Desde 2004, el conjunto de empleados públicos creció un 12,3%. Solo en 2005, su masa salarial fue de casi 125.000 millones de euros. La senda de crecimiento ha sido tremenda; ahora toca revertir esa política”, explica.

Alejandro Argumosa es uno de los miles de opositores con perspectivas poco halagüeñas. Licenciado en Historia, de 28 años y en paro, realiza este mes los exámenes para un puesto de administrativo en el cuerpo de Justicia de la Comunidad de Madrid. “Vocacional no es, lo hago porque no hay salidas, y ser funcionario es atractivo por la seguridad y el dinero”, dice. En su área hay convocadas solo 43 plazas, y Alejandro calcula que se presentarán más de 15.000 personas. “El año pasado hubo 70 plazas y se presentaron 14.000; ahora habrá muchísima más gente por la crisis. Si no lo consigo, no sé qué haré, supongo que volver a la Universidad o irme fuera”.

Las comunidades autónomas son precisamente las que dan trabajo al mayor número de empleados públicos. Del total de casi 2,7 millones de funcionarios en nómina el año pasado, el 50% se encontraba en la Administración autonómica; el 22%, en la estatal, y el resto, en la local (24%) y en Universidades (4%).

País Vasco, Cantabria, Andalucía y Madrid serán, de momento, las únicas comunidades que convocarán oposiciones en 2012, en concreto en educación. Andalucía y País Vasco adelantaron al pasado diciembre la aprobación de las plazas de 2011 para esquivar el Real Decreto 20/2011, que reduce la posibilidad de nuevas convocatorias. Ambas comunidades afirman que seguirán adelante con sus planes de ofertar un total de 2.920 plazas docentes. El Ministerio de Hacienda revisará esta decisión para asegurarse que cumple con las restricciones presupuestarias.

“Son procesos aprobados el año pasado, no les afectan las medidas del real decreto”, señala Juan Carlos Ramos, viceconsejero de función pública del Gobierno vasco, quien cree que los tijeretazos en el empleo público son una pésima noticia. “Afrontar la crisis con recortes lineales sin analizar los datos comunidad a comunidad es un error. No hay un problema de tamaño ni de eficacia en la función pública, lo que se necesita es cambiar el modelo organizativo”, agrega.

En el resto de comunidades, las perspectivas de empleo público para este año son bastante negras. En Cataluña, la decisión de congelar cualquier convocatoria de oposiciones en 2012 ha dejado en el aire, por ejemplo, casi 2.000 nuevas plazas docentes provenientes de años anteriores. Lo mismo ocurre en la Comunidad Valenciana, donde tampoco habrá convocatorias en educación. En Galicia esperan ahorrar 80 millones de euros con la nueva ley de medidas en el empleo público, que, entre otras disposiciones, reduce la jornada (y el sueldo) al personal interino y laboral temporal.

Ante este panorama, a los opositores en busca de plaza no les quedan muchas opciones: intentarlo en las escasas comunidades y Ayuntamientos que publicarán oposiciones, esperar a 2013 o, simplemente, olvidarse del sector público. Paloma Miña, portavoz del centro de formación de opositores Adams, es más optimista. Entre la tasa del 10% de reposición y las convocatorias aprobadas en otros años, Adams calcula que este año saldrán unas 9.000 plazas sumando todos los niveles de la Administración.

“No es cierto que haya una congelación del empleo público; hay una reducción importante, pero seguirán abriéndose oportunidades. Correos, por ejemplo, publicará este año la convocatoria de 2.500 plazas de personal laboral fijo. Y en los Ayuntamientos surgirán bastantes plazas de administrativo”, explica Miña.

Al drástico recorte en el empleo público se une el alargamiento de la interinidad, es decir, funcionarios en constante estado de temporalidad. Adams calcula que existen en España 800.000 interinos, muchos de los cuales llevan años en la misma situación. “Es indignante, supone un triple problema: para los propios interinos, que no pueden acceder a un empleo estable; para los opositores, a los que no se les abre nuevas plazas, y para la calidad del servicio al ciudadano, que se deteriora”, dice Miña.

El País Vasco era hasta hace poco una de las comunidades con mayor índice de interinidad, un 32% sobre el total de funcionarios. Las convocatorias de empleo de los últimos años se han destinado a convertir personal temporal en fijo, lo que ha reducido la tasa al 15%. Antonio Beteta reconoce que la situación de los interinos dista mucho de ser la ideal. “Es un problema heredado a lo largo del tiempo. Estamos estudiando cuáles son las necesidades de personal de cada comunidad y vamos a intentar atajarlo. Pero es complejo, son tiempos de cambio”.

 


"Hacer más con menos"

El drástico recorte en la oferta de empleo público, las reducciones salariales y los aumentos de la jornada laboral han provocado la indignación de funcionarios y opositores tanto por la forma como por el fondo de las medidas. “Perpetúan la idea de que los funcionarios suponen solo un gasto para el Estado, y eso es injusto. En la Administración pública ocurre igual que en la empresa privada: hay trabajadores más y menos productivos”, dice Ángela de las Heras, jefa de investigación del Centro de Estudios Financieros (CEF).

Según Paloma Miña, portavoz del centro de estudios Adams, el problema al que se enfrenta ahora el sector público español no es de productividad, sino de calidad. “Faltan muchos recursos humanos y materiales. Estas medidas solo empeorarán el servicio prestado”, señala. El Gobierno, acechado por el déficit, apela al compromiso. “Los que estamos en la función pública debemos ser la avanzadilla”, dice Antonio Beteta. “De nuestra profesionalidad dependerá que se mantenga la calidad de la atención. Toca hacer más con menos”.

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