La reforma laboral aprobada recientemente por el Gobierno de Rajoy deja a la Generalitat sin una de sus principales armas en las negociaciones, la autorización de los ERE. Ahora, el gobierno catalán actuará como un mero registro, lo que, según los sindicatos, hará crecer la conflictividad y las demandas en los juzgados.

La reforma laboral que aprobó el pasado viernes el Gobierno de Mariano Rajoy no solo preocupa a los sindicatos, sino también a la Generalitat. La nueva norma deja a Empresa y Ocupació sin una de sus principales armas en las negociaciones, la autorización de los ERE. Ahora, la Generalitat se transformará prácticamente en un mero registro, lo que, según los sindicatos, hará crecer la conflictividad debido a que deberán usar "instrumentos de mayor presión" en las negociaciones. También sumará demandas en los juzgados.

Hasta la semana pasada, cuando una empresa presentaba un ERE debía hacerlo ante la Administración. Entonces, se iniciaba un periodo de consultas de un mes para que compañía y sindicatos pactaran las condiciones de salida de los trabajadores. La Generalitat tenía la última palabra sobre si aprobaba el ERE, hubiese o no acuerdo. "Eso se suprime, por lo que las firmas, cuando agoten el periodo de negociación, aplicarán directamente el ERE", señala el abogado del Col·lectiu Ronda José Antonio González. Al perder esta competencia, la Generalitat se queda sin un instrumento de presión en la resolución de conflictos usado habitualmente parar lograr menos despidos o captar planes de inversión. Entre los ERE que en el pasado ha bloqueado la Generalitat se encuentran los de Seat en el 2008 y uno de Sharp.

Los sindicatos están "muy preocupados" ante esta cuestión. "Era un elemento de presión que desaparece. Por lo tanto, los sindicatos tendremos que negociar directamente con más fuerza, lo que implicará medidas de presión más fuertes", anuncia Camil Ros, de UGT. Ros también denuncia que solo las grandes empresas deberán presentar un plan social para los empleados.



Entre seis meses y dos años

"Se ha ampliado enormemente las posibilidades de despido. Además, habrá una judicialización total: después de que el ERE se aplique tras el periodo de consultas, solo nos quedará acudir a los juzgados", asegura José Cachinero, de CCOO. "Con la saturación actual, los casos de ERE podrían tardar en resolverse entre seis meses y dos años", completa González.

Para Ros, el tema es especialmente preocupante pues la Generalitat se queda sin la "competencia en materia laboral más importante que tenía". "Tiene la de inspección laboral, pero es solo a medias", añade.

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