Pilar Rahola, periodista: "Un policía, un maestro, un médico, un juez, ¿quién duda que deban ser funcionarios? Pero, ¿es necesario que el señor que coge un teléfono en un ministerio, o el que pasea papeles de un despacho a otro, o el secretario del secretario del último enchufado en un departamento cualquiera, deban tener un trabajo de por vida?"

Hoy es uno de esos días en lo que me pongo el casco para librarme de los chuzos que caerán. Si algo es políticamente incorrecto, en este país poco acostumbrado a decir lo que se piensa, es criticar a los funcionarios. Casi tanto como elogiar a los empresarios. Sin embargo, después de esta semana en la que hemos batido el récord de ocho ocupaciones de edificios públicos por parte de funcionarios protestando por los recortes, es hora de hacer la radiografía del tema. Empezando por la cuestión de fondo: ¿es necesario que existan miles de funcionarios para que funcione el Estado de bienestar? No dudo de que hay profesiones que deben ser de por vida, porque forman parte del sentido más profundo de lo que llamamos servicio público.

Un policía, un maestro, un médico, un juez, ¿quién duda que deban ser funcionarios? Pero, ¿es necesario que el señor que coge un teléfono en un ministerio, o el que pasea papeles de un despacho a otro, o el secretario del secretario del último enchufado en un departamento cualquiera, deban tener un trabajo de por vida? Es decir, ¿debemos privatizar el mercado laboral hasta el punto de que cualquiera que haya conseguido entrar por las múltiples puertas (algunas falsas) de la Administración, a menudo sin ningún tipo de oposición, se quede para siempre en un trabajo público? Creo que hemos hecho un abuso brutal del concepto, y ahí están los 250.000 funcionarios para un territorio de 7 millones de personas, o los más de 3 millones en todo el Estado, "más empleados públicos que comerciantes y hosteleros", en titular del diario Expansión. Lo peor es que la cifra se disparó en la última década, y en Catalunya, por ejemplo, el número de funcionarios aumentó un 18%. ¿Es normal? Y, sobre todo, ¿es sostenible? Si tenemos en cuenta, además, que muchos partidos políticos han pagado los servicios prestados metiendo a paletadas gente en la administración, la cuestión pasa de insostenible a inmoral. Con todo lo dicho, parece necesario redefinir quién debe tener un trabajo de por vida, y quién no, y esa reconversión forma parte del cambio de paradigma que debemos acometer, si queremos salvar el Estado de bienestar.

A partir de aquí, las protestas, los sindicatos, los líos. Sin embargo, si bien los recortes son dolorosos para los funcionarios, lo son más para los ciudadanos que no gozan de un empleo de por vida ¿No han visto recortados sus recursos todos los ciudadanos, si es que no han perdido el trabajo? 177.000 pymes cerraron sus puertas desde el 2008 y 90.000 pequeños empresarios buscan trabajo, la mayoría sin derecho al paro. Y, todo ello. rematado con más de cinco millones de parados, 633.000 en Catalunya. En estas circunstancias, ¿aún pueden sostener los funcionarios que son los más castigados por los recortes?

Más bien son los únicos que gozan del privilegio de mirar al futuro y no temblar de miedo.

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