La superación de unas oposiciones no garantizará la permanencia en una plaza ganada por concurso; los funcionarios tendrán que pasar un periodo de prueba. Los sindicatos instan al Govern a negociar las medidas para una plantilla de 180.000 empleados.

El Gobierno catalán está preparando su propia reforma laboral para los 180.000 empleados de la Generalitat y sus empresas públicas. «Estamos dibujando la Administración moderna», aseguró ayer el conseller de Governació, Jordi Ausàs, para justificar lo que calificó de «reforma en profundidad de la función pública catalana». Una de las novedades supone importar el periodo de prueba habitual de los contratos de las empresas privadas con un modelo híbrido para la Administración. Los candidatos a funcionario que superen unas oposiciones tendrán que estar tres meses a prueba.

El Govern tiene ya muy avanzado el anteproyecto de ley de medidas en materia de ocupación pública, que tiene previsto aprobar a principios de septiembre. Los objetivos son modernizar y homogeneizar la función pública con una invitación a los ayuntamientos a que se sumen al nuevo marco regulatorio y permitan la movilidad entre plantillas.

«Queremos los mejores profesionales», dijo Jordi Ausàs a un grupo de periodistas al explicar los nuevos procedimientos de selección de personal. Para asegurar que los candidatos desempeñan bien sus funciones además de tener los conocimientos requeridos, tendrán que someterse a un plazo de prueba obligatorio que puede ser inferior en las categorías bajas. Hasta ahora, se habían aplicado periodos de prueba de forma esporádica en algunos colectivos. El cambio está dirigido al personal técnico y cualificado, según la directora general de Función Pública, Leonor Alonso.

SEIS MESES EN EMPRESAS PRIVADAS / Los tres meses son un plazo intermedio en comparación con el sector privado, donde las empresas disponen de seis meses para los técnicos y de dos meses en el resto de trabajadores para prescindir de un empleado si no cumple las expectativas y sin necesidad de alegar causa. En el caso de la Generalitat, los nuevos profesionales serán evaluados por sus superiores directos y por un tutor de la Escuela de Administración Pública.

A diferencia de la empresa privada, los responsables de la función pública catalana prevén acotar los supuestos en los que un candidato que haya superado unas oposiciones puede perder la plaza. Los planes del Govern tendrán que superar dos escollos importantes. Además de la negociación parlamentaria, el conseller Ausàs y su equipo tendrán que emplearse a fondo para lograr el apoyo de los ayuntamientos, a los que propone unificar las categorías laborales y abrir el 15% de sus plantillas para trasvases de funcionarios. El responsable de CCOO en la Generalitat, Joan Maria Sentís, aseguró que el sindicato está dispuesto a negociar «con claridad» aunque todavía no se ha decidido en qué órgano ya que puede desbordar la mesa de diálogo de la Administración autonómica. Sin embargo, indicó que hacen falta «medidas más globales y no solo de empleo», e instó al Govern a negociar cualquier medida que afecte a sus trabajadores. Para Carles Villalante, de UGT, «hay que ir con cuidado en la aplicación de la prueba, ya que no se le puede exigir a un interino que lleva años en un puesto».

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