La Generalitat dice que hay 400.000 personas "difícilmente empleables." Sindicatos y trabajadores sociales denuncian que el Gobierno criminaliza a los más débiles. La clave para algunos es una formación ocupacional de calidad.

El mes pasado, cada día se apuntaron a las listas del paro en Cataluña una media de 471 personas. Acudieron a ua ofina del Servicio de Empleo de Cataluña (SOC), esperaron su turno y le expusieron su caso al orientador, y pasaron a ser un parado más de los 615.558 registrados. Pero entre los desempleados también hay clases. Según la Generalitat, cerca de 200.000 catalanes están sin trabajo simplemente porque no hay trabajo. Un bache. Pasará y volverán a encontrar una empresa y un salario. Para el resto, alrededor de 400.000 personas, el Gobierno ve pocas soluciones. Son lo que Esther Sánchez, secretaria de empleo, definió el jueves como "parados con perfiles que los hacen difícilmente empleables". ¿No hay esperanza para ellos? Sindicatos y trabajadores sociales creen que la Generalitat criminaliza a los más débiles para justificar la lentitud de sus acciones.

"Nadie, nunca, debe ser dado por perdido. Sentirse útil es una necesidad humana. Todo el mundo, salvo por patologías muy concretas, es recuperable. Y todo el mundo tiene habilidades que la sociedad puede aprovechar", defiende Ariadna Munté, trabajadora social y profesora de esta especialidad en la Universidad de Barcelona. "Todos tenemos un bagaje que nos deja habilidades. Pero muchas veces esa experiencia no está reconocida. Una mujer que se haya dedicado a sus hijos, por ejemplo, puede tener habilidades que se puedan recuperar para trabajos relacionados con el cuidado de personas. Se puede reciclar a quienes se han dedicado a la venta ambulante o a la economía sumergida", explica.

¿Quiénes son los "poco empleables" de los que habla la Generalitat? En general, se dibuja un perfil de personas con niveles de formación muy bajos, de edad avanzada o una experiencia laboral poco especializada. Si cualquiera de los responsables de Empleo conocieran a Jorge Drahovzal, probablemente le colgarían esa etiqueta. Tiene 50 años, emigró de la República Checa hace 10 años y se encuentra sin empleo desde hace más de dos. Sin formación académica superior, salió de su país esperanzado por un futuro más próspero, en plena fiebre del ladrillo. Trabajó en Alemania, Polonia y Holanda. Después, recaló en España sin contrato. La aventura le salió bien: se dirigió a una oficia de empleo y a los dos días ya trabajaba como peón en una obra de Mallorca: ocho horas diarias, 1.500 euros al mes. "Tenía un piso con terraza, comida, conseguí los papeles... pero llegó la crisis", explica apoyado en las escaleras de un supermercado de Tarragona, al que acude para pedir limosna. Drahovzal acabó despedido. Llegó a Cataluña, cobró el paro seis meses, acabó sus ahorros y empezó su calvario: dos años sin ninguna ayuda económica. Dice que busca trabajo incansablemente, se desplaza en tren o haciendo autoestop y cuelga carteles en todas las farolas. Se ofrece para obras, chapuzas o el campo. Vive en Tortosa (Baix Ebre), en una casa abandonada en la que no hay ni agua ni gas, que comparte con un matrimonio que también pasa penurias económicas. Sostiene que no quiere perder la ilusión, pero no cree que vaya a encontrar nada pronto. Aferrado a su mochila, con los zapatos rotos y las gafas reparadas a base de tiritas, explica con amargura que le preocupa su edad y le da miedo que la crisis sea para él indefinida. ¿No hay esperanza para Drahovzal?

"Es necesario encontrar las herramientas para que nadie se quede fuera", opina Dolors Poblet, directora de la agencia de colocación de Manpower. Lo primero, apunta, es segmentar bien a este grupo de parados de complicado futuro. "Es básico para dar atención personalizada, un seguimiento y una orientación individual. No es el momento de distraer a nadie, sino de aprovechar el tiempo", advierte.

La clave, cree Munté, será lograr el reconocimiento de esas habilidades profesionales y una formación ocupacional de calidad. "Los cursos que se ofrecen a este tipo de personas muchas veces no cumplen sus expectativas, y acaba siendo perverso. Acuden con esperanza y esfuerzo; pero si la formación no está diseñada para el mercado laboral, no les sirve de nada, lo que acaba contribuyendo a la espiral", apunta Munté.

El Departamento de Empresa y Empleo también ha hablado de la necesidad de segmentación, orientación, estudio de competencias y reforma de los cursos. El problema es que, de momento, son más palabras que hechos. "Hay personas que llevan un año esperando un curso. Y la Generalitat tardó 10 meses en convocarlos. Se está haciendo un esfuerzo de análisis, es cierto; pero la voluntad de cambiar cosas no debe suponer paralizar todas las acciones durante un año", denuncia enérgica Cristina Faciaben, secretaria de socioeconomía de CC OO de Cataluña. Dice que está cansada de oír decir al Gobierno que hay 400.000 parados que difícilmente trabajarán nunca. Están criminalizando al desempleado y están usándolo para justificar la falta de resultados de su política, considera. "¿Hay gente con carencias? Sí. Pero para eso está el SOC. Necesitan formación y orientación, no ser criminalizados", zanja Adela Carrió, secretaria de análisis e investigación de UGT de Cataluña.

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