UGT y CCOO presentan recurso contra el Govern de la Generalitat por la nueva regulación de funcionarios públicos que da más potestad a los departamentos para organizar sus plantillas.

Los sindicatos catalanes han emprendido una batalla judicial contra el Govern por los cambios emprendidos en la ordenación laboral de los funcionarios. Tanto CCOO como UGT, cada uno por su cuenta, han presentado sendos recursos ante la sala contencioso administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra un decreto del Govern que fija un nuevo sistema de cuerpos y escalas de la Generalitat, publicado el pasado octubre.

La voluntad del Govern con la nueva regulación de los funcionarios, que sumaban 162.449 personas al cierre de 2008, es mejorar la organización de las diferentes áreas de actuación, dando más potestad a cada departamento para organizar sus plantillas. El mismo decreto señala que la creación de ámbitos funcionales “obedece a la necesidad urgente de optimizar la asignación de las personas en los puestos de trabajo”.

Los sindicatos, en cambio, creen que la nueva ordenación supone un “desmantelamiento” de la Direcció General de la Funció Pública, adscrita al Departament de Governació que dirige Jordi Ausàs, y temen que este hecho derive hacia más “amiguismo y enchufismo” en las escalas más bajas de la función pública. Xavier Casas, responsable sectorial de UGT en la Mesa de Funció Pública, cree que el decreto dañará “la objetividad en los criterios de selección”. “A nivel sindical todos vemos el mismo peligro –agrega–; no nos gusta una extensión de la dedocracia”.

Los sindicatos también están en contra de los nuevos ámbitos funcionales, que dividirán a los actuales cuerpos en 19 nuevos grupos, porque fragmenta la negociación colectiva de los sindicatos con el Govern. Otro argumento es que señalan es que consideran que la nueva ordenación, que se asemeja a una ensayada en 2005 en el País Vasco y que fue retirada tras los recursos de los sindicatos, se ha hecho de espaldas a representantes laborales.

Debilidad de Ausàs

Casas afirma que el cambio de modelo que quiere impulsar el Govern, que extendería el concepto de cargo de confianza “hasta un auxiliar administrativo”, se explica sobre todo por razones políticas. Según el responsable de UGT, los cambios “no van a favor del servicio público” y se han impulsado por parte del tripartito debido a la debilidad política del departamento de Ausàs y de la Direcció General de Funció Pública.

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