Unos 800.000 españoles han caído en situación de exclusión severa después de tres años de crisis. Cerca de diez millones de personas en España son pobres y hay 1,4 millones de hogares en los que ningún miembro trabaja. Los servicios sociales públicos no dan abasto, según Cáritas.

Un faraónico rebaño de vacas famélicas simboliza el sueño de millones de familias españolas en el tercer año de la crisis. Es la parte subjetiva de un terrible problema social que Cáritas Española puso ayer en cifras, con datos propios y los de la más reciente Encuesta de Condiciones de Vida, del Instituto Nacional de Estadística (INE). La conclusión es que no para de crecer la pobreza (alcanza ya al 20,8% de la población: cerca de diez millones de personas), en tanto que la exclusión social sumó 800.000 personas más entre 2007 y 2010, con nada menos que 8,5 millones de españoles en esa situación. Además, hay 1,4 millones de hogares en los que ningún miembro trabaja y otros 500.000 que ya han agotado los sistemas de ayuda y no tienen ningún ingreso.

La tesis general es culpar al paro de todas las situaciones de vulnerabilidad. Es una verdad a medias, según el último análisis de Cáritas mediante un estudio realizado en colaboración con la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada). "Incluso la población ocupada tiene esta sensación de empeoramiento de sus condiciones de vida al aumentar la precariedad o la incertidumbre respecto al empleo", sostiene la principal organización asistencial de la Iglesia católica.

La causa sigue siendo principalmente las múltiples consecuencias de un desempleo intensivo y extensivo en el espacio y en el tiempo, que reduce drásticamente las posibilidades de ingresos económicos suficientes en millones de hogares. Los expertos de Cáritas también achacan la situación "a la insuficiencia o futura pérdida de ayudas de protección social públicas" (por ejemplo, las prestaciones por desempleo).

No es la primera vez que se estudia la valoración subjetiva que tienen los españoles sobre su nivel de vida y situación social. Foessa lo hizo en 2008 sobre los diez años anteriores. Fue una década de vacas gordas, de prosperidad macroeconómica y de una generación de empleo espectacular, pero, aún así, el 30% manifestaba entonces que su nivel de vida era peor al de diez años antes.

"Les llamamos los perdedores en tiempos de bonanza", dice el profesor Sebastián Sarasa Urdiola, del departamento de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona). Suya es la metáfora de las vacas flacas en el sueño del faraón. "Queda poco de aquella bonanza", afirma.

Ha titulado su informe Efectos de la crisis en el nivel de vida subjetivo de los españoles. Foessa lo incluye en uno mucho más amplio (519 páginas), llamado El primer impacto de la crisis en la cohesión social en España. Ayer lo presentaron Sebastián Mora, secretario general de Cáritas, y Francisco Lorenzo, coordinador de su equipo de estudios.

Con datos del profesor Sarasa Urdiola, la crisis ha invertido las proporciones de personas que valoran como buena o mala la evolución de su nivel de vida en los diez años anteriores a 2008. Si en 2007 casi cuatro de cada diez españoles valoraban que su vida había mejorado, en 2010 esa proporción se ha reducido a poco más de uno por cada diez. En sentido contrario, la mitad de los españoles asegura ahora que vive peor de como vivía diez años antes, frente a solo el 28% en 2007.

Este crecimiento de la insatisfacción es muy superior entre los jóvenes que entre el resto de la población, especialmente de más de 50 años. "Los mayores son los que menos han acusado el efecto de la crisis porque muchos de ellos son jubilados con ingresos públicos que les han protegido de la debacle del mercado de trabajo", señala Sarasa Urbiola.

Miguel Laparra , de la Universidad Pública de Navarra, se refiere a ese fenómeno como "una vuelta a la tortilla generacional". Junto a Ángel García García, del grupo de Investigación ALTER, Laparra ha estudiado las alteraciones que ha causado la crisis en el "espacio social", con la conclusión de que ha afectado más a las mujeres "pero cada vez menos por el hecho de serlo", y mucho más según el territorio o el tipo de barrio en que se habita.

"El infortunio nos hará iguales, pero no tanto", dicen, en el sentido de que se están diluyendo las fronteras de la exclusión severa, que alcanza tanto a titulados universitarios como a personas "con un nivel educativo menor del obligatorio".

Hay otra variable preocupante sobre este pesimismo respecto al presente, si se compara con el resto de los habitantes de la Unión Europea. España es el cuarto país en peor situación: nada menos que el 85% de los españoles cree que la pobreza ha aumentado (el 60% opina que lo ha hecho "intensamente"), solo por detrás de Grecia, Rumanía y Portugal y muy lejos del 38% de la media de la UE.

Otra consecuencia curiosa de la crisis es el incremento de la práctica religiosa (un 3%), en paralelo con un descenso de participación en actividades sindicales, deportivas o en asociaciones de vecinos. Lo documenta la profesora Rut Iturbide, de la Universidad Pública de Navarra.

Lo peor de todo es que la capacidad de respuesta del Estado, en sus diferentes niveles (Administraciones central, autonómica y local) se ha resentido muy gravemente con la crisis. Hay datos terribles en el informe de Cáritas, por ejemplo los tiempos de acogida o de respuesta en los servicios públicos ante un ciudadano que acude en demanda de auxilio.

El tiempo para concertar una primera cita o entrevista inicial es de casi un mes como media (25,9 días). En Cáritas el plazo medio para concertar una primera entrevista es de cuatro días, e incluso suelen realizarse el mismo día en que un ciudadano en apuros acude a solicitar la ayuda.

Sebastián Mora achaca la situación de los servicios sociales públicos "al fuerte aumento de la demanda, pero también a otras causas estructurales, como la falta de recursos económicos y humanos, o coyunturales, como bajas por estrés y numerosos cambios de destino que hacen difícil acompañar a las personas en sus procesos, o al hecho de que los horarios de atención apenas se han modificado en este contexto, de manera que no se da un servicio suficiente para disminuir la lista de espera".

La consecuencia es que, considerando el tiempo medio que transcurre entre la primera cita y la respuesta efectiva, cada tramitación y gestión de ayudas puede retrasarse más de dos meses en los servicios sociales públicos (65,3 días, aunque se ha reducido en el último año).

Estos retrasos dependen del tipo de ayuda solicitada, pero es en las prestaciones económicas donde la respuesta es especialmente lenta y donde se provocan tres graves fenómenos: el empeoramiento de la situación de las personas necesitadas de estas ayudas; la exigua adaptación del funcionamiento y los criterios de actuación de los servicios sociales a los nuevos perfiles de pobreza y exclusión que ofrece la crisis, lo que lleva a más respuestas de información que de resolución; y el hecho de que numerosas veces Cáritas -u otras organizaciones de caridad privadas, en su mayoría religiosas- se ven forzadas a adelantar el dinero a los beneficiarios de ayudas de los servicios sociales públicos, para reducir el impacto de la espera hasta que la ayuda económica es efectivamente recibida.

Hay casos en los que este método es de vital necesidad, por ejemplo, en las peticiones de la llamada renta mínima, que es considerada como un derecho que permite a los ciudadanos contar con un recurso básico para el sostenimiento de sus familias. Es una prestación que gestionan las comunidades autónomas y los servicios sociales públicos. Pues bien, el tiempo que transcurre entre la solicitud y el cobro efectivo de una renta mínima fue de 132 días como media en 2010.

Lo peor es que la lentitud, lejos de aminorar, ha aumentado en época de crisis: en 2008 la espera era de 98 días, y de 121 días en el 2009. En Cáritas, el tiempo medio entre la primera cita y la respuesta efectiva es de 7,3 días, "aunque también depende del tipo de ayuda que se solicite".

Son datos de la propia entidad, y no es fácil rebatirlos. Se trata de ayudas de máxima urgencia, que de no producirse, llenarían las calles de personas hambrientas y sin hogar. Por eso, muchas veces, las organizaciones de caridad se ven obligadas a resolver los casos de mayor urgencia y gravedad en el mismo día en que la persona acude a sus centros en busca de auxilio, en forma de alimentos, medicinas y ropa -especialmente si hay menores-, pago de suministros por amenaza de desahucio, etc.

Se trata de ayudas de urgencia que debe satisfacer la Administración del Estado. Lo hace, pero con más de cuatro meses de retraso, por falta de recursos (de liquidez) o a causa de la burocracia. Sebastián Mora insiste en que Cáritas complementa "los servicios sociales públicos, no los sustituye".

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