El Gobierno ha decidido replantear algunas medidas de la última reforma laboral debido a su elevado coste. Por ejemplo, ha aplazado la constitución del fondo de capitalización, conocido como el modelo austriaco: un fondo de despido asociado a cada trabajador al que la empresa hace aportaciones periódicas para una posible indemnización por despido.

El coste del despido vuelve a estar en el centro del debate. El Gobierno ha decidido replantear algunas medidas de la última reforma laboral debido a su elevado coste; ha aplazado, en principio hasta el 2014, la constitución del fondo de capitalización, conocido como el modelo austriaco, y ahora también quiere limitar a los despidos procedentes las subvenciones del Fogasa (cubre ocho días de la indemnización).

El modelo austriaco era una de las piezas estrella de la reforma y también una de las más apoyadas por los sindicatos. Consiste en crear un fondo de despido asociado a cada trabajador al que la empresa hace aportaciones periódicas para una posible indemnización por despido. Si el trabajador cambia de empresa, se lleva con él su fondo, y si llega a la jubilación sin ser despedido, el fondo sirve para complementar la pensión. La principal ventaja para las empresas es que tendrían acotado por adelantado el coste de los ajustes de plantilla. Pero la puesta en marcha del fondo no es desde luego barata, como reconoce la secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez.

"Los expertos, que han trabajado durante algo más de dos meses en el tema, han concluido que si se quiere hacer un fondo de capitalización como el que diseña la reforma laboral, se ha de cumplir una condición: hay que destinar 7.500 millones de euros. Ypara ello deben incrementarse las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social 2,7 puntos", dijo la secretaria de Estado en un encuentro con este diario.

"Estamos en un momento económico en el que abrir un debate para subir cotizaciones a la Seguridad Social no es precisamente lo más conveniente", añadió. Matizó, no obstante, que "la idea sigue pareciendo buena". Los propios expertos aconsejan "dejarla para un momento económico distinto y articular de momento un sistema transitorio". Ese sistema transitorio ya está establecido en la propia reforma laboral y gira en torno al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que resarce con ocho días el coste de los despidos. Se aplica a los despidos colectivos (ERE), a los individuales por causas económicas u organizativas y a los derivados de procesos concursales. Hasta el mes de diciembre se resarce tanto a los que son declarados procedentes como a los improcedentes.

Pero Mari Luz Rodríguez considera necesario un cambio respecto al texto que se aprobó hace un año. "Entonces estábamos inmersos en un importante ajuste de las plantillas, pero afortunadamente los ajustes ya no son lo que fueron y se está entrando en una situación de normalidad. Por eso, debe resarcirse esos ocho días de indemnización sólo cuando el despido sea procedente, es decir, cuando esté justificada una causa para extinguir el contrato de trabajo". El cambio se haría a partir de enero y estaría vigente hasta el 2013. "Mientras, la idea sería trabajar en el modelo austriaco para que pudiera estar operativo en el 2014", añadió.

La subvención de despidos por parte del Fogasa es una medida muy polémica, en la medida en que implica destinar recursos públicos a suprimir puestos de trabajo. Para la secretaria de Estado, el objetivo era avanzar hacia la convergencia de costes de los contratos temporales y de los fijos, como aconsejan la OCDE y otros organismos internacionales. "En el caso de los contratos temporales las indemnizaciones están en proceso de modificación para subirlas de 8 a 12 días en el 2015. El de los fijos es de 20 días, pero con los 8 días que paga el Fogasa el coste se sitúa en 12 días, es decir, lo mismo que los temporales".

La limitación de la subvención del Fogasa sólo a los despidos procedentes casa con otro de los objetivos de la reforma laboral, según la secretaria de Estado. "Uno de los objetivos, que no hemos dejado en saco roto, es fortalecer la causa legal del despido. Por eso, queremos que se vincule ese resarcimiento de ocho días a que haya causa".

Según la secretaria de Estado, se está corrigiendo ya una situación muy peculiar del mercado de trabajo español. "Es sorprendente que en plena crisis, cuando las causas económicas eran evidentes y se estaba haciendo un profundo proceso de ajuste, la mayor parte de las extinciones de contratos no se hicieron por la vía de las causas económicas. La mayoría se hicieron por la vía no causal, es decir, con el llamado despido exprés: te despido y pacto contigo la indemnización".

Del total de despidos que se produjeron en el 2010, en plena crisis, casi el 30% fueron despidos sin causa y solo el 7% fueron despidos objetivos por causas económicas. "Esto afortunadamente se está invirtiendo: han disminuido un 6% el número de despidos sin causa y en cambio ha aumentado un 6% el número de despidos objetivos. Debería haber un trasvase mayor", explicó Rodríguez. "Por eso, queremos que el resarcimiento del Fogasa, que en definitiva es una ayuda a los empresarios para que puedan pagar las indemnizaciones, se vincule al despido causal". Y admitió que el propio informe de los expertos que han trabajado en el desarrollo de la reforma señala que no parece adecuado "utilizar fondos de todos para pagar despidos no legales".

El cambio sobre el Fogasa se planteó oficialmente el jueves, en la mesa sobre empleo con la que sigue abierto el diálogo con empresarios y sindicatos. "Deseamos que haya pacto, pero si no es posible, el Gobierno aprobará el cambio". Este mes de julio debería clarificarse.



"El contrato único no se ha probado en ningún país"

"A día de hoy es un elemento creado en la academia, un ejercicio intelectual, que no ha sido probado en ningún país". Así de contundente se muestra la secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, con la propuesta de contrato único que han hecho algunos sectores empresariales. Sería un contrato con una indemnización más baja.

Para la secretaria de Estado, un contrato único no se ajusta a las necesidades de los sectores con un elevado componente de temporalidad, desde el turismo hasta el automóvil. "El contrato único no sirve para eso, porque no te permite subir y bajar plantilla", argumenta.

También apunta problemas jurídicos. "Nuestra Constitución reconoce el derecho al trabajo y el Tribunal Constitucional ha venido diciendo siempre que la extinción de los contratos de trabajo tiene que tener una causa".

Frente a esa idea, defiende que se debe avanzar en la transformación de contratos temporales en contratos indefinidos de fomento del empleo (con indemnizaciones de 33 días), otro de los ejes de la nueva mesa de diálogo social. "A lo largo del año de reforma, este tipo de contrato fijo ha ido creciendo un 35% en un momento de incertidumbre económica", argumenta.

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