La gran mayoría de empleados cree que sus directivos usarían "atajos" para lograr sus objetivos, según una encuesta internacional sobre fraude publicada recientemente. También queda demostrado que la cultura española en el terreno de la ética es más laxa que la media europea.

Dicen que toda crisis agudiza el ingenio. En algunos casos para bien y en otros para mal. Seguro que ningún estudioso habrá dedicado su tiempo a ver de qué lado se inclina definitivamente esta balanza, nos hemos de conformar viendo las iniciativas de los emprendedores, que son cada vez más - y eso es lo mejor que nos puede pasar en estos momentos - y comprobando qué sucede en las empresas, donde sí se analiza el grado de corruptelas que tienen lugar. Eso es lo que hace cada dos años Ernst & Young con su European Fraud Survey, que acaba de aparecer en su versión del 2011, y en el que se analiza también lo que sucede en España. En él se recoge la opinión de empleados y directivos sobre su percepción del fraude, el soborno y la corrupción en el mundo empresarial, lo que supone una buena guía para ver por dónde van los tiros en este más que resbaladizo terreno.

Pues bien, ya de entrada nos dice que nada menos que un 82% de empleados están convencidos de que sus directivos no dudaría en utilizar lo que denominan "atajos" para alcanzar sus objetivos. La laxitud de la cultura española en el terreno de la ética queda aquí demostrada, ya que estamos nada menos que 20 puntos por encima de la media europea - que, todo sea dicho, tampoco es baja - y nos da ya un primer aldabonazo. "La percepción es que el director puede utilizar prácticas no éticas para cumplir sus objetivos por la gran presión a la que está sometido y lo cierto es que con la crisis la presión es muy alta", explica Miguel ÁngelBerzal, director de Forensic de Ernst& Young en España. Además, un 42% piensa que las prácticas corruptas han aumentado con la recesión económica que atraviesa el país.

Pero si esto es lo que piensan los empleados, lo que opinan los directivos tampoco tiene desperdicio ni debería caer en saco roto. Así, entre los "atajos" para realizar un negocio - regalos, pagos en metálico...-el 30% de directivos nacionales consultados vería justificado el pago de un soborno si ello contribuyese al crecimiento de la empresa, frente a sólo el 19% de colegas europeos. Sólo cuatro de cada diez, nunca actuaría de esa forma, frente al 50% de los europeos. La percepción de los empleados, pues, no va errada, y Berzal plantea que "la presión puede hacer que la línea de la ética quede muy difuminada".

Esta situación genera una serie de riesgos evidentes para toda organización. "La mayor tolerancia hacia el fraude, el soborno y la corrupción que observamos en el estudio, junto con las iniciativas de reducción de costes de muchas empresas, les están generando una mayor exposición a sufrir un fraude", comenta Ricardo Noreña, socio responsable de Forensic de E&Y. Y añade que "para la dirección de las compañías, así como para los consejos de administración, debería ser una prioridad reforzar su compromiso con la ética en los negocios y que esta actitud sea también percibida por los empleados y demás grupos de interés".

A tenor de estos resultados parece evidente que la cultura anticorrupción y antifraude no ha calado todavía lo suficiente entre muchas compañías españolas. Así, sólo el 49% de las empresas encuestadas dice disponer de una política antifraude y un código de conducta. "En este punto - dice Berzal -, la diferencia no es muy grande con las europeas, ya que son el 56%. Donde sí hay mucha diferencia es en la formación, ya que sólo el 19% de los consultados dice haber recibido formación en este ámbito, frente al 38% del resto de Europa. Aquí podemos tener un código de conducta, pero si se archiva en un cajón no sirve para nada. Hay que explicarlo al personal y se le debe inculcar cuáles son las prácticas fraudulentas, ya que en muchos casos puede incurrir en ellas sin saberlo". Y pone el ejemplo de los regalos. "Puede que el código prohíba recibir regalos de más de 200 euros, pero si no lo sabe y recibe uno de mil, puede estar entrando en un camino peligroso que puede desembocar en algún acto fraudulento más adelante. Aquí nuestras empresas pinchan", continúa Noreña.

Curiosamente, aunque los datos del informe muestran una tendencia al aumento de las prácticas JOMA fraudulentas, no se percibe un mayor esfuerzo por parte de las compañías a la hora de aplicar medidas de prevención. En este aspecto, la crisis ha pasado factura. Según el informe, se ha registrado un descenso generalizado en el uso de mecanismos para combatir el fraude con respecto a hace dos años. Y cita, por ejemplo, que han tenido lugar en la auditoría interna y externa, en los controles sobre el gasto, en el desarrollo de códigos de conducta, en asesoría jurídica interna o en la ya comentada formación antifraude. A pesar de ello, Noreña afirma: "Estamos trabajando con un elevado número de compañías españolas que quieren establecer medidas de control para la prevención de delitos". Y cita que "la aprobación del nuevo Código Penal ha sido clave en este cambio de actitud".

Este conjunto de percepciones y realidades desemboca en una cierta alarma por parte de todos, lo que explica que un 60% de los encuestados españoles coincidan en que debería haber mayor supervisión por parte del Gobierno y organismos reguladores en un futuro próximo para reducir el riesgo de fraude y corrupción. "En este punto sí estamos por encima de la media europea y el aumento es también muy significativo con respecto a dos años atrás", concluye Berzal.

 


La ley del silencio empresarial

Resulta curioso observar cómo en España sólo el 12% de las empresas encuestadas dicen haber experimentado un fraude significativo, muy por debajo de otros países, cuando el resto de indicadores apuntan a una mayor laxitud de comportamiento. "En España ha habido históricamente una gran dificultad para reconocer un fraude en la empresa. Por ello, este punto resulta de difícil comparación. Esta reticencia lleva a pensar que la cifra en España puede ser mayor", apunta Miguel Á. Berzal. Realmente, tras leer todas las percepciones de empleados y directivos no parece creíble que el fraude reconocido final sea menor en España que en Alemania o Noruega...


Fomentar las denuncias

Cuando se habla de fraude se incluye tanto el que puede realizar la empresa, utilizando prácticas ilegales, como el interno, que atañe a los empleados y que, por ejemplo, en tiempos de crisis, al caer sus retribuciones variables y totales pueden verse más tentados a cometer actos fraudulentos. El sistema de denuncias que tienen instaurados las grandes empresas - también en España - pueden mejorar el entorno. Así, el 71% de los directivos encuestados creen que la ley Dodd-Franck, que entró en vigor en EE.UU. en el 2010 y ofrece recompensas a quienes informen de conductas sospechosas en empresas cotizadas, incentivará a los empleados a la denuncia.

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