El plan para aflorar el empleo sumergido aprobado por el Gobierno a finales de abril ha suscitado distintas opiniones. La Vanguardia ha recogido las de Fausto Miguélez, director del Centre d'Estudis Sociològics sobre Vida Quotidiana i el Treball (UAB), y Eugenio M. Recio, Profesor honorario de Esade (URL).

El Gobierno aprobó el 29 de abril un decreto para intentar hacer aflorar el empleo sumergido. Un sector en el que pueden moverse unos dos millones de personas. Para unos, el plan llega tarde; para otros, es dudoso que sirva para crear empleo y mantenerlo. En la actual crisis laboral no debe extrañar que muchas personas prefieran un empleo en precario que estar en el paro.

 


Un decreto que suscita dudas

FAUSTO MIGUÉLEZ, director del Centre d´Estudis Sociològics sobre Vida Quotidiana i el Treball (UAB)

Con el decreto de Medidas para el Afloramiento y Control del Empleo Sumergido, el Gobierno español ha reconocido oficialmente que el empleo sumergido tiene un volumen considerable - probablemente no menos de dos millones de personas, según muchos expertos - que quiere hacer emerger y mantener controlado en el futuro. Su existencia se debe a varios motivos que conviene recordar: a la cultura de ciertas empresas que burlan la ley, a la existencia de empleos muy endebles, a una conciencia ciudadana que da a eso poca importancia, a una administración que ha tolerado que muchos inmigrantes entraran por esa vía legalizándose a posteriori, a una inspección poco potente y que se ve burlada cuando pone sanciones que sabe que luego no serán ejecutadas.

También deberíamos tener en cuenta que los empleos sumergidos y los trabajadores que los ocupan son muy diversos. Unos son a pleno tiempo otros por horas. Unos estables y otros temporales u ocasionales (chapuzas). Hay trabajadores sumergidos que están parados y cobran alguna prestación, pero otros que no la cobran y hay quienes vienen directamente de la población inactiva o de la inmigración, sin aparecer en ningún registro. Todos tienen como característica común que están mal pagados o en malas condiciones laborales o en extrema precariedad. Pero, con la crisis, el empleo sumergido se ha hecho aún más precario y la gente tiende a aceptarlo como solución. Por tanto, pensar que tantos empleos sumergidos se van a convertir en tantos empleos emergidos, a través de la amnistía a esas empresas, es poco realista, a menos que se estén buscando otros objetivos.

¿Es justo el decreto? Al empresario que regularice esos empleos voluntariamente en el plazo de tres meses, no se le penaliza. Al trabajador que haya estado en esa situación se le penaliza con la pérdida, a efectos de jubilación y otros, de los meses o años de sumersión, que puede haber sido no voluntaria. Sería justo que, al menos, este trabajador fuese contratado como estable. También sería justo que, aunque al empresario se le perdone la multa, no se le perdonen los costes sociales que no ha satisfecho, porque van a costa del trabajador. El empresario que luego sea denunciado por la inspección por tener empleo sumergido, pagará menos que el trabajador parado con prestación que haya aceptado un puesto sumergido. Ambos han defraudado a las arcas públicas, pero el primero es quien tiene la iniciativa de no dar de alta en la Seguridad Social.

¿Será eficaz el decreto para crear empleo y mantenerlo? Hay muchas dudas. Es posible que los empleos declarados sean seguidos mayoritariamente de contratos temporales, lo que permite eliminarlos al primer contratiempo. También es posible que el empresario que ha emergido empleos voluntariamente, vuelva a contratar a otros en la misma situación, dado que tenderá a pensar que pasará mucho tiempo antes de que le vuelvan a hacer una inspección. En todo caso, las sanciones posteriores tampoco son tan disuasorias: a fin de cuentas la sanción mínima de 3.126 euros (Inspección hasta ahora pone la mínima) ni siquiera llega a los costes sociales anuales de un empleo de 700 euros al mes.

Por todo ello se requeriría ir más allá. Las sanciones deberían ser cobradas de inmediato, dejando a la parte infractora la opción a reclamar (que tener en cuenta para la próxima legislación sobre inspección laboral). La inspección debería incrementar sus efectivos, actuar sin previo aviso y contar con la colaboración de los sindicatos para llevar a cabo su cometido y ser muy activa en sectores dinámicos y de empleo precario, como hostelería. El empresario infractor debería ser inspeccionado, con frecuencia, a lo largo de los siguientes años. Además de las sanciones económicas debería haber otras de otro tipo: la administración podría dejar de pedir sus servicios a empresas que hayan sido denunciadas por esas prácticas o dejar de suministrarles diversos apoyos de otra índole. Esto compensaría a la mayoría que cumple con la ley.

Es verdad que hay una cultura ciudadana de fondo que es necesario cambiar para acabar con ese cáncer del empleo. Se puede hacer mucho para convencer a la gente que da más garantías de futuro trabajar legalmente que en negro o para que sea consciente que pagar servicios en negro es un ahorro que deteriorará las políticas sociales. Pero estamos en una crisis grave en la que el parado se agarra a lo que puede; creo que en tal situación las pedagogías para crear conciencia ciudadana sobre este tema son principalmente dos: que sea evidente que se sanciona a quienes provocan el empleo sumergido; que sea patente que el Gobierno se deja la piel en políticas reales para crear empleo regular y decente.

 


¡Más vale tarde que nunca!

EUGENIO M. RECIO, profesor honorario de Esade (URL)

El reciente decreto ley para aflorar el trabajo sumergido tiene aspectos controvertibles. La razón principal por la que se toman estas medidas, en una situación tan crítica del mercado de trabajo, pensamos que no puede ser ni la protección a los trabajadores, ni, en caso de que se incluyera también lo que podríamos llamar la economía sumergida, la eliminación de la competencia desleal de las empresas que reducen ilegalmente sus costes. Si estas fueran las razones de este decreto aprobado por el Gobierno, lógicamente se habría elaborado en circunstancias económicas más normales.

El aumento del ingreso público por la recuperación de las cotizaciones sociales y, en su caso, de los impuestos defraudados, y la mejora de los resultados de las estadísticas de empleo explican mejor su oportunidad. Esto no implica, sin embargo, ignorar que debido a la crisis trabajadores y empresas se puedan sentir más tentados a recurrir a esta estrategia e incluso aprovechar las oportunidades para otros abusos como el de cobrar el desempleo y trabajar en negro.

En todo caso, sea por unas razones o por otras, el decreto debe ser bienvenido por aquello de que más vale tarde que nunca. No obstante, hay motivos para dudar de tal oportunidad porque, dada la situación del mercado de trabajo y de la economía, se puede comprender que los que no encuentran trabajo, y hayan agotado las prestaciones por desempleo, prefieran un empleo en condiciones precarias que estar en paro. Y el atractivo de esta forma de empleo es para las empresas claramente mayor en el caso de los inmigrantes en situación ilegal. Hay que admitir también que la crisis puede hacer que la única posibilidad de subsistir para algunas empresas sea reducir costes por estos procedimientos tan poco ortodoxos.

Al mencionar estos hechos no pretendemos justificar que se pasen por alto esas situaciones irregulares y que no se tomen medidas para combatirlas. Nos parece, sin embargo, que en una situación así se ha de proceder con suma cautela, ponderando cuál sería el mal menor y dejando constancia del desacierto de no haber resuelto, en mejores circunstancias, esta lacra social que viene arrastrando nuestra economía desde tiempos remotos. No deja de ser sorprendente que precisamente el Gobierno se haya decidido a ello por motivos tan discutibles, si se tienen en cuenta los hechos apuntados, como mejorar la recaudación y disponer de estadísticas más reales.

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