Florentino Felgueroso, Univ. de Oviedo: "De nada servirá el Plan anunciado si no se acierta con las otras reformas laborales pendientes. En lo inmediato, debería venir acompañado de una reforma decisiva de la negociación colectiva, de un marco contractual más justo y flexible, de una reforma real de las políticas activas que mejore los procesos de emparejamiento, y de una reforma educativa que genere un crecimiento genuino de la productividad."

El plan del Gobierno para hacer aflorar la economía sumergida incluye dos fases. La primera (la zanahoria) consiste en un periodo de gracia durante el cual, tanto empresarios como trabajadores, podrán regularizar su situación. En cambio, en la segunda (el palo), se persigue a los infractores y se endurecen las sanciones. ¿Es esta una buena estrategia?

En gran parte, la economía irregular está detrás de la trampa fiscal en la que nos encontramos: un déficit público elevado con un Estado de bienestar más bien raquítico y cuya supervivencia se ve amenazada por unos ingresos deficientes. Además, es fuente de competencia desleal entre empresas y atenta contra los derechos sociales de los trabajadores. Por todo ello, sin ambigüedad, la respuesta a esta pregunta debería ser afirmativa. Sin embargo, un balance de los pros y contras de aumentar la represión contra el empleo sumergido nos indica cierta cautela con este tipo de estrategia, más aún si no se acierta con las otras reformas laborales pendientes.

Por el lado de las empresas, aunque parte de los empleos se convertirían en regulares, la internalización del aumento de las sanciones también reduciría la demanda de trabajo. Por el lado de los trabajadores, cabe recordar que, aunque aceptan un empleo irregular por evitar el paro, mientras tanto continúan buscando un mejor empleo. En este contexto, el empleo sumergido y el desempleo son en realidad dos caras de la misma moneda. Políticas efectivas que luchen contra el desempleo también reducirían endógenamente el empleo sumergido, mientras que resulta complicado reducir este último sin incrementar el primero.

Además, el ahorro de costes para las empresas no sólo se produce cuando se evaden las cotizaciones sino, sobre todo, cuando se incumplen las regulaciones laborales, especialmente en materia salarial y de otras condiciones mínimas establecidas en los convenios colectivos y la legislación contractual. Es muy probable que las empresas de nueva creación tengan mayores dificultades para asumir estos costes. Por ello, una mayor represión que reduzca las oportunidades de beneficios en la economía sumergida afectaría a la creación de nuevas empresas. Adicionalmente, la ilegalidad se ha convertido en una trampa por la que las pequeñas empresas no tienen incentivos para crecer con tal de no tener que asumir mayores sanciones ni cumplir con los convenios colectivos.

La escasa evidencia que disponemos en España sobre este tipo de estrategias de zanahoria-palo procede de los procesos de regularización de inmigrantes que tuvieron lugar a lo largo de la pasada década. En particular, nos centraremos en la del año 2005, la única que se hizo con suficiente control administrativo al exigir la presentación de un contrato laboral.

A consecuencia de la misma, la intensidad del empleo sumergido de inmigrantes (medido por la desviación porcentual entre ocupados EPA y afiliados a la Seguridad Social, ambos de nacionalidad extranjera) se redujo transitoriamente en el 2005 a niveles mínimos del 60%. Sin embargo, una vez finalizado el periodo de gracia y la vuelta a la represión,volvió a crecer para situarse en el 70%, cifra alcanzada en el 2002 y prácticamente inalterada desde el inicio de la crisis. En el 2005, el número de nuevos centros de cotización dados de alta en la Seguridad Social aumentó un 15%, frente a una media del 5% de años anteriores, y algo similar ocurrió con el número de centros más antiguos que aumentaron su empleo. A partir del 2006, las caídas se situaron en un menos 5%.

Es decir, la regularización permitió temporalmente que muchas empresas existentes se convirtieran en centros de cotización, al tiempo que afloró empleo irregular de empresas ya existentes, con plantillas mixtas de trabajadores legales e ilegales.

La lección que podemos extraer de esta experiencia es que una estrategia como la contemplada por el Gobierno puede tener efectos positivos transitorios. No obstante, no dejan de ser "pan para hoy y hambre para mañana" mientras no se aborden definitivamente las reformas pendientes de las modalidades de contratación y la negociación colectiva. Por contra, la implantación primero de estas reformas seguidas por el plan zanahoriapalo sí que hubiera resultado mucho más efectiva.

Los países del norte de Europa nos enseñan que es posible alcanzar una economía más productiva, con más y mejor Estado de bienestar y servicios públicos, y un alto grado de cumplimiento pese a tener una mayor presión fiscal. De nada servirá el Plan anunciado si no se acierta con las otras reformas laborales pendientes. En lo inmediato, debería venir acompañado de una reforma decisiva de la negociación colectiva, de un marco contractual más justo y flexible, de una reforma real de las políticas activas que mejore los procesos de emparejamiento, y de una reforma educativa que genere un crecimiento genuino de la productividad.


Escrito en colaboración con José Ignacio Conde-Ruiz (Universidad Complutense de Madrid y Fedea) y Juan J. Dolado (Universidad Carlos III).


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