Las empresas de economía social estrenan una ley que les reconocerá y facilitará la actividad, sometiéndolas a un control estadístico y estableciendo cauces de representación. En España el tercer sector mueve unos 116.000 millones de euros y emplea a más de dos millones de personas.

Las entidades que conforman el tercer sector están de enhorabuena. Cooperativas, mutualidades, fundaciones, asociaciones, sociedades laborales, empresas de inserción, centros de empleo, sociedades agrarias y cofradías de pescadores estrenan ley y reconocimiento jurídico. El miércoles pasado el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una norma pionera en Europa, según el Ministerio de Trabajo, que tiene por objetivo "configurar un marco jurídico que reconoce y facilita la actividad de un sector de empresas cuyo denominador común es la primacía de los trabajadores, de los consumidores y del fin social, el compromiso con el desarrollo local, la cohesión y la sostenibilidad".

Son las entidades sin afán lucrativo, en las que predomina el objeto social y la persona sobre el capital. Esas empresas que se rigen por distintas normativas y que se quejan de la falta de visibilidad. Entre otras cosas porque son muchas y muy dispersas y, salvo raras excepciones, como Corporación Mondragón, apenas son conocidas y reconocidas jurídicamente.

Aunque mueven 116.000 millones de euros, emplean a más de dos millones de personas, es decir, por encima del 10% de la población ocupada, según el estudio elaborado por el Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC), tampoco están sometidas a un control estadístico (como pretende corregir ahora la norma) que les permita poner en valor su aportación a la economía, que el Ministerio de Trabajo cifra en el 3% del PIB, y establecer cauces de representación.

Y eso es lo que conseguirán con la ley, prevé Juan Antonio Pedreño, presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes), que aglutina a unas 45.000 empresas de las 200.000 entidades que conforman el tercer sector en su conjunto.

El texto establece el plazo de seis meses, explica, para poner en marcha medidas para el desarrollo de estas entidades. Cada comunidad autónoma tendrá que determinar los programas de fomento y apoyo que van a impulsar para la actividad de estas empresas, continúa. Lo que se traducirá, en opinión del grupo Mondragón, en que "se nos tendrá más en cuenta para el reparto de las ayudas públicas".

Un espaldarazo necesario, indica Pedreño, para unas de las pocas organizaciones que, además de estar creciendo en plena crisis, están creando empleo. El presidente de Cepes pone sobre la mesa los únicos datos de que dispone: "En 2010 las cooperativas crecieron un 7% en número y generaron un 5% de empleos más que el año anterior". "El futuro pasa por nuestro sector. Cuando las Administraciones Públicas van a dejar de crear trabajo, como ocurrió el año pasado, y las grandes empresas tampoco están contratando, muchas de nuestras sociedades optan por reducir los salarios para mantener el empleo".

En la misma línea, Carlos Álvarez, presidente de la Asociación Española de Fundaciones, que agrupa a unas 1.100 entidades sin ánimo de lucro de las 8.500 que contabiliza en España. "La ley reconoce que las familias de la economía social tienen un cometido importante en la economía. Y nos permitirá un mejor tratamiento en la legislación fiscal", dice.

Álvarez coincide con Pedreño en que la crisis ha incidido menos en este sector (pese a que se hayan recortado del orden del 20% las ayudas públicas), al igual que en el empleo que genera. "Si en 2007 y 2008 se creaban unas 450 fundaciones anuales, el año pasado y el anterior nacieron unas 430. Sin embargo, en estos cuatro años el incremento en el empleo ha sido del 4% anual", añade.

Fundación Integra es una de las entidades que ha creado trabajo en plena crisis. Su directora, Ana Muñoz de Dios, piensa que "la ley reforzará a las fundaciones con actividad económica o empresarial, pues las ayudará a disponer de los canales adecuados de interlocución con la Administración Pública, a eliminar obstáculos para generar empleo y a allanar el camino para el impulso de sus actividades económicas con la simplificación de trámites administrativos. Todo ello contribuirá a la creación de empleo". Integra tiene un presupuesto de unos 450.000 euros anuales y se dedica a insertar a personas en exclusión social en el mercado laboral.

Del lado cooperativo, los cinco socios de Maej, firma murciana de reparación y venta de maquinaria eléctrica, está lidiando la crisis rebajando al mínimo los sueldos de los cooperativistas. "Hemos hecho maravillas para no cerrar la empresa, que ha pasado de vender 1,3 millones de euros a 500.000. Ahora nos han concedido una pequeña línea de crédito que nos permitirá subsistir", dice su portavoz, María Jiménez.

El grupo más grande del sector, Mondragón Corporación, también ha reducido los salarios de casi todas sus empresas entre un 5% y un 8,5%. Pero no ha sido suficiente y, "por primera vez en la historia hemos perdido empleo", reconoce un portavoz. Sus 92.700 trabajadores han pasado a ser 85.000 entre 2008 y 2009 (últimos datos disponibles), cuando sus ingresos bajaron en más de 2.000 millones de euros para colocarse en 14.780 millones de euros. Pendiente del cierre del ejercicio 2010, el grupo cooperativo asegura que está en la senda de la recuperación, sobre todo en la rama industrial (43% de la plantilla), para la que ya está contratando por el tirón de los mercados internacionales, no así en el área de distribución, donde sobre Eroski todavía pesan ciertas dudas (52,5% del personal).



También en el exterior

Las empresas de economía social agrupadas en Cepes se han convertido en un socio estratégico en la cooperación al desarrollo de los países menos favorecidos, "como nos ha reconocido la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID)", presume su presidente, Juan Antonio Pedreño. La confederación ha querido poner sobre la mesa su participación en 47 proyectos realizados o en fase de realización encaminados a promover el crecimiento económico y social y reducir la pobreza. "Son proyectos que tienen un doble fin, compaginan la intervención social con la promoción empresarial, pues el objetivo es dar instrumentos a las personas para que sigan trabajando en el futuro", agrega.

Desde 1998 los fondos de cooperación gestionados por las empresas de la economía social destinados a 27 países (el 70% latinoamericanos) han superado los 20 millones de euros, según el informe elaborado por Cepes. De ese montante, el 30% ha sido aportado por las organizaciones integradas en la confederación y el resto por las administraciones que subvencionan estos proyectos (fundamentalmente las comunidades autónomas, con el 50%).

"En estos momentos tan complicados muchas de nuestras empresas siguen apostando por la línea solidaria, la mayoría en Latinoamérica y África", dice Pedreño.

Los proyectos suelen durar de media dos años y se encaminan a favorecer la capacidad de emprendimiento de las sociedades en que se abordan.


Quiénes son

  • Forman parte de la economía social: cooperativas (24.700 entidades), mutualidades (428), fundaciones (4.200), asociaciones (151.700), sociedades laborales (17.600), empresas de inserción (183), centros especiales de empleo (1.775), cofradías de pescadores (90) y entidades singulares (3 entidades).
  • Cuentan con 38,7 millones de socios.
  • Su volumen de ventas conjunto fue de 116.000 millones de euros en 2008.
  • Generan 2,35 millones de empleos directos e indirectos.

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