Eugenio M. Recio, Profesor honorario de Esade: "Desvincular los salarios del IPC y relacionarlos con la productividad, como se propone en el proyecto del Pacto de competitividad europeo, ha de ser un mal menor al evitar, pagando como coste de una caída del nivel de vida, el mayor mal de un aumento del paro."
Los cambios de escenario de la economía están llevando a que se confundan algunos conceptos que estaban muy bien fundamentados en los escenarios tradicionales. Si por hacer un determinado trabajo se consideraba que era justo retribuirlo con un salario, que suponía un poder de compra concreto, era totalmente razonable que, si por causas en las que el trabajador no tenía arte ni parte, se depreciaba el valor de la moneda, el salario se elevara según ese IPC que la devaluaba para que se mantuviera la misma capacidad de consumo cuando se seguía realizando el mismo trabajo. Acordar que los salarios evolucionaran en sintonía con la inflación era, por tanto, una exigencia de justicia que nadie podría negar.
Y si los trabajadores, por las razones que fueran, aumentaran su rendimiento, es decir si aumentara la productividad, se consideraba también de justicia que aumentara la retribución, aunque los precios de consumo se mantuvieran estables. La productividad era, pues, el criterio razonable para poder exigir mejoras salariales.
Tratar ahora de desligar los salarios de la evolución del IPC, condicionando sólo sus cambios a la productividad, significa, según lo expuesto, una confusión de criterios, aceptando la injusticia de que por hacer el mismo trabajo se compense al trabajador con menos poder de compra y exigiéndole que, si quiere mantener el mismo nivel de vida, tenga que aumentar su rendimiento. Planteado en estos términos, es evidente que nos encontraríamos ante una decisión inaceptable.
Como decimos, hay un cambio de escenario que puede justificar un nuevo planteamiento en las relaciones laborales. La globalización de los mercados impone a las empresas unas exigencias de competitividad que no se daban cuando las economías tenían unas fronteras nacionales que limitaban la concurrencia de una mano de obra, menos exigente en cuanto a la retribución y, por tanto, con productos que podían ser muy competitivos en los precios. Ante este panorama, las empresas para subsistir tienen que afinar mucho su estructura de costes y una parte muy importante de ella son los salarios. Si con las subidas del IPC, que, como se está comprobando precisamente en estos meses, sigue siendo una variable básicamente de naturaleza nacional, suben los costes y no se impide, con un aumento de la productividad, que suban los precios, las empresas perderán competitividad y tendrán que reducir su producción, creando paro.
No obstante, para entender mejor el planteamiento alemán, hay que tener en cuenta que, de acuerdo con su modelo de Economía Social de Mercado, la lucha contra la inflación ha sido siempre uno de sus grandes principios, precisamente para evitar la injusticia de los que no pueden indexar sus ingresos según la evolución del IPC. Por la importancia que tienen los aspectos monetarios en la evolución de los precios el Banco Central Alemán (BB) ha tenido siempre como uno de sus principales objetivos controlar la inflación y esta norma se ha transferido a los estatutos del Banco Central Europeo (BCE). En nuestro país, no ha existido esa mentalidad y nuestro nivel de inflación casi siempre ha sido superior al de la mayoría de los países comunitarios, e incluso al valor medio del índice armonizado de la UE, y por eso nos cuesta entender el rigor con que el BCE ajusta su política monetaria al objetivo de la estabilidad de precios.
A pesar de estas salvedades, hay que admitir que desvincular los salarios del IPC y relacionarlos con la productividad, como se propone en el proyecto del Pacto de competitividad europeo, ha de ser, por tanto, un mal menor al evitar, pagando como coste de una caída del nivel de vida, el mayor mal de un aumento del paro. Pero, naturalmente, recurrir a esta dura medida sólo estaría justificado si se sometieran también a una rigurosa disciplina el resto de los costes de producción y la nueva política retributiva se aplicara en todos los niveles de la plantilla y, por encima de todo, si se tomaran medidas eficaces para controlar la inflación.
Y por lo que se refiere a la productividad, hay que recordar que esta variable no sólo depende de la laboriosidad de la mano de obra sino que, más bien como hemos dicho, es el resultado de todos los factores productivos. Por eso, no sería justo que el esfuerzo que hagan los trabajadores por aumentar su rendimiento no estuviera acompañado de mejoras en la organización, innovación tecnológica y servicios complementarios, que pueden ser tan eficaces o más que el esfuerzo de la mano de obra para mejorar la productividad total.
Por último, conviene también advertir que no necesariamente hay una relación directa y positiva entre productividad y empleo, como tampoco la hay entre productividad y competitividad. Si aumenta la productividad y no hay una mayor demanda de los productos de esa empresa, la mejora de la productividad puede obligar a reducir plantilla. En este caso, esa renuncia de los trabajadores a que sus salarios no se actualicen según el IPC, para evitar un posible aumento del paro, tendría un resultado contraproducente, en cuanto se reduciría la plantilla en vez de conseguir una mejora de los resultados de la empresa como consecuencia de un aumento de su competitividad. Pero la mejora de la productividad sólo supondrá un aumento de la competitividad si, manteniendo la misma calidad de los productos, la empresa baja sus precios aprovechando la reducción de los costes.
Ha sido profesor y director de los departamentos de Economía y de dirección de Recursos Humanos de Esade