Salvador del Rey Guanter, Catedrático de Derecho del Trabajo: "Hemos consolidado un mercado laboral con dinámicas patológicas y muy negativas para la recuperación. [...] Todo apunta a que la reforma del 2010 no ha servido para cambiar inercias anteriores."

No es posible subestimar el gran reto que tiene nuestro sistema laboral para el 2011. En unos meses, vamos a tener que realizar reformas que han estado pendientes durante mucho tiempo, demasiado tiempo, y debemos tomar conciencia de nuestra desafortunada excepcionalidad en este campo. Los principales países europeos (Alemania Francia, Inglaterra e Italia) encararon la crisis de mediados del 2008 habiendo realizado ya cambios importantes en el marco regulador de su mercado de trabajo en la última década. En Francia, por ejemplo, se introdujeron cambios importantes en la regulación del tiempo de trabajo que permitía unos niveles de flexibilidad que aún hoy son desconocidos en la normativa española.

Además, resulta significativo que aquellos países que tradicionalmente tomamos como referencia para identificar el modelo europeo de la flexiseguridad -Holanda, Dinamarca o Suecia- no hayan tenido que introducir grandes reformas laborales en los dos últimos años. Sus marcos jurídicos estaban esencialmente preparados para encarar un periodo de gran tensión en sus mercados laborales. Todos esos países están superando la crisis con un deterioro sólo relativo de sus niveles de empleo y afrontan el 2011 con unas perspectivas importantes de recuperación laboral.

Lección para el futuro

Es todo lo contrario a lo que hemos conocido en nuestro sistema laboral, y es importante que aprendamos de ello para el futuro. Desde 1994, las reformas que hemos introducido en nuestro marco regulador laboral no han servido para subsanar un excesivo desempleo estructural y una desproporcionada tasa de temporalidad, ni en periodos de crecimiento económico ni, menos aún, en los periodos de crisis.

Como se ha demostrado en los dos últimos años, y en comparación con aquellos países europeos, las empresas españolas no tienen los instrumentos para adaptar su organización laboral a nuevas circunstancias y gestionar las modificaciones de las condiciones de trabajo, habiendo recurrido a la contratación temporal y al despido como vía rápida y segura de adecuación a la crisis.

La ausencia de reformas profundas en los últimos quince años no sólo ha significado la consolidación de un mercado de trabajo con dinámicas patológicas y altamente negativas para nuestra actual recuperación económica, sino que determina la necesidad de adoptar ahora, en pocos meses, cambios que tendríamos que haber hecho hace tiempo, sin los condicionamientos de una urgente y grave coyuntura.

Es evidente que no tenemos más remedio que adoptarlos: pensiones, políticas activas, negociación colectiva..., todas estas cuestiones requieren una nueva normativa en los próximos meses. En ello nos estamos jugando la credibilidad interna y externa sobre la competitividad de nuestras relaciones laborales y, por ende, de nuestra economía.

¿Dónde ha residido la clave esencial de la insuficiencia de estas reformas, incluidas la del 2010? Claramente en no asegurar mediante un marco laboral y social idóneo la eficiencia de nuestras empresas. Nuestro legislador y muchos de los agentes que intervienen en las relaciones laborales aún parten de la base de que aquel marco laboral tiene como función exclusiva la protección de los trabajadores, cuanto más mejor, omitiendo o subordinando excesivamente otra función prioritaria y básica de dicho marco, como es la garantía de la competitividad y productividad en las empresas mediante una organización del trabajo adecuada para ello.

El error tradicional de nuestros reguladores ha sido obviar un hecho tan evidente ahora como es que sólo con una normativa laboral que asegure aquella máxima competitividad y productividad puede asegurarse la auténtica tutela de los derechos laborales y, muy principalmente, el derecho al trabajo. No se trata de cuestionar las bases del modelo europeo o de nuestro cuadro constitucional de tales derechos, pero sí de corregir un marco laboral que conoce un claro desequilibrio entre aquellas dos funciones, debiéndose ahora eliminar con urgencia rigideces incompatibles con aquella eficiencia.

La reforma laboral del 2010 ha avanzado en esta corrección, pero con excesiva timidez para la situación en la que se encuentra nuestro mercado económico y laboral y todo apunta a que no ha servido para cambiar inercias anteriores.

Pero el gran objetivo ahora es que la reforma próxima de la negociación colectiva pueda impulsar definitivamente el cambio de paradigma que necesita nuestro mercado de trabajo. La importante reforma laboral de 1994 fue en gran medida neutralizada por convenios colectivos que estaban anclados en principios y condiciones desfasadas respecto a los requerimientos de nuestra economía.

Sin negar determinados avances, este desfase no ha hecho más que aumentar. Ahora tenemos que introducir cambios de fondo en nuestro sistema de negociación colectiva que conviertan a los convenios colectivos no sólo en reguladores de derechos laborales, sino en instrumentos de gestión eficiente de la organización empresarial. Es esta segunda perspectiva la que ahora debe primarse, introduciendo más decididamente vías de flexibilidad que permitan a nuestras empresas remontar la difícil situación actual. Es este un reto para el 2011 que sencillamente no podemos obviar. El precio a pagar, lo estamos viendo, se traduce en una desviación y distanciamiento cada vez mayor, en términos económicos y sociales, de nuestros principales socios europeos.

Salvador del Rey Guanter es Socio y Presidente del Instituto Internacional Cuatrecasas de Estrategia Legal en Recursos Humanos


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