Vicente Castelló Roselló, Profesor de la Universidad Jaume I de Castellón: "Toman especial relevancia las políticas activas como instrumento para combatir el desempleo junto con la modernización del Servicio Público de Empleo Estatal (SPE)."

Según el conjunto de las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SPE), el desempleo en diciembre disminuye (-10.221 personas, el -0,25%) y es el mejor dato de un mes de diciembre en los últimos 10 años, a pesar de que dicho mes es un mal dato para el paro. En términos interanuales aumenta en 176.470 personas (4,9%)

En este contexto, y aunque el aumento del desempleo en 2010 ha sido el menor en los tres últimos años, se hace preciso una mejora en el funcionamiento del mercado laboral. Por ello, toman especial relevancia las políticas activas como instrumento para combatir el desempleo junto con la modernización de los SPE, y en particular la aprobación de determinadas medidas que son ejes fundamentales de la reforma laboral.

En la primera de ellas se regulan las agencias de colocación privadas con el objetivo de impulsar la intermediación a través de la colaboración o coordinación público-privada, pero se asegura la centralidad de los SPE respecto de estas agencias mediante la exigencia de una autorización administrativa del SPE competente para el desarrollo de su actividad. Además, deberán cumplir con determinados requisitos, entre ellos, que el 40% de su actividad proceda de fondos propios y no tenga que depender solo del dinero público. Así, se pretende fortalecer la organización de los SPE complementando su funcionamiento y aprovechando las sinergias.

Como no podría ser de otra manera, se garantizan los derechos de intimidad y dignidad de los trabajadores, universalizando el principio de total gratuidad para los trabajadores, respecto al coste de la intermediación (no podrán cobrar a los trabajadores cantidad alguna ni siquiera por el coste de los servicios).

Es necesario resaltar que el papel que puede desempeñar el SPE nunca podrá corresponder a las agencias de empleo privadas. La Administración general tendrá que desempeñar una función incluso mucho más importante para lograr igualdad de condiciones y establecer reglas, de manera que las agencias de colocación, tanto privadas como públicas, puedan proporcionar servicios integrales de empleo. La Administración general debe ser la autoridad pública superior para garantizar el buen gobierno del mercado laboral. Entonces podremos hablar de la función social del SPE, así como de su participación en el mercado laboral.

El SPE no tiene necesariamente que realizar todas las tareas encomendadas por sí solo. En el caso de otros países de Europa están reguladas desde hace ya bastante tiempo. Así, funcionan en países como Francia (Ley Borloo 2005), Alemania (Ley Hartz 2003), Bélgica (2003) y Reino Unido (2003).

Por otra parte, intentar establecer comparaciones de resultados sobre la eficiencia de los SPE con las agencias privadas de colocación no es aconsejable. Tengamos en cuenta que el ámbito de acción de los SPE no está determinado, principalmente, por las fuerzas del mercado, sino que depende de las decisiones políticas y del presupuesto público. Debido a su función social, su entorno es muy diferente del que rige las operaciones de las empresas privadas.

Además, al objeto de mejorar la eficacia de la intermediación laboral se establecen acciones de acompañamiento personalizado a través de itinerarios individuales para mejorar la empleabilidad, que serán un derecho para las personas desempleadas y una obligación para los SPE, ampliando, asimismo, la atención a las personas ocupadas para contribuir a la calidad y mantenimiento de su empleo. En este sentido, está prevista la contratación de 1.500 orientadores que se sumarán a los 1.500 ya existentes actualmente.

Dicha medida debe tener efectos positivos sobre el empleo (reduce el tiempo de búsqueda), la productividad (mejorar la intermediación es un recurso de eficacia productiva) y las personas desempleadas (pueden encontrar un empleo que se adecue mejor a sus aspiraciones). En este sentido, la mayoría de países miembros de la UE vienen realizando planes de acompañamiento individualizado con resultados muy aceptables.

No obstante, determinados expertos critican las políticas activas de empleo como instrumento para crear empleo. Sin embargo, son como la máquina de vapor: su rendimiento es siempre limitado, pero sin ellas, no se puede ir muy lejos. Una cosa es segura; nada se podrá hacer sin la necesaria colaboración e implicación del conjunto de agentes socioeconómicos y su participación activa en la lucha por el desempleo. Lo esencial es apreciar de manera realista lo que es posible hacer entre todos.

 

Vicente Castelló Roselló. Profesor de la Universidad Jaume I de Castellón

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