Gobiernos, sindicatos y patronal se reúnen para llegar a un acuerdo en materia laboral como respuesta a la crisis y el desempleo en España. El Gobierno trata inevitablemente de alcanzar el consenso.

CEOE y los sindicatos se encierran en Moncloa para tratar de acercar posturas. El Gobierno deja en el aire qué contraoferta ofrece a la patronal empresarial.

Un paso hacia adelante y otro hacia atrás. Ayer iba a ser un día clave en las negociaciones que, desde hace casi un año, mantiene el Gobierno con UGT, CCOO y la patronal CEOE.

Sobre la mesa, muchas propuestas, aunque ninguna ha logrado el sello definitivo del Gobierno. Ahora, el protagonismo se vuelca en el presidente del Ejecutivo, que este miércoles comparte mesa con las partes involucradas. De él depende convencer a unos y a otros para no empañar la foto que atestigüe que reina una paradójica “paz social”.

UGT y CCOO acudieron ayer a Moncloa para pedir que la nueva renta a parados –420 euros mensuales– se alargue durante un año, frente a los seis meses que oferta el Ejecutivo. La patronal, aunque contraria por definición a los subsidios, está dispuesta a aceptar el caramelo, siempre que el trueque implique esta recompensa: rebajar las cotizaciones sociales al menos dos puntos –frente a los cinco puntos “deseables”– lo que restaría al sistema unos 7.200 millones de euros.

El titular de Trabajo se ha centrado estos días en “hacer números” para valorar si la demanda pone en riesgo el exiguo superávit de la Seguridad Social, que cerrará el año en torno al “0,3% del PIB”.

Al cierre de esta edición, el Gobierno dejó en nebulosa cómo responderá a las exigencias de Gerardo Díaz Ferrán, pese a que entregó una nueva propuesta al inicio de la reunión de los agentes sociales. Según las fuentes de Trabajo consultadas, “las reuniones se entiende que son secretas, técnicas y discretas”. “Puede haber habido una rebaja de pretensiones de una parte o una cesión por parte de la otra”, señalaron.

“Lo que es indudable” –comenta José Ramón Pin (IESE)– “es que el Ejecutivo necesita políticamente firmar un acuerdo”. El contexto importa, y mucho: este viernes, la tormenta de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que arrojará una tasa de paro muy superior al 18%, según los analistas, acabará por desarmar la teoría oficial de los “brotes verdes”. Según Pin, las expectativas sobre el diálogo social están sobrevaloradas. “Lo que tiene que pensar el ciudadano es que todo lo que se firme se va a pagar con su dinero”.

Si el Gobierno supera la tentación de elevar otros impuestos, seguirá emitiendo deuda pública para cubrir sus necesidades a cargo del contribuyente. Sobre la otra antirreforma –la paga a parados, que supone 253 millones– Rafael Pampillón (director del área de económica del IE) no tiene dudas: “Incentivará a la gente a que no tenga una búsqueda de empleo ”.

Para José Carlos Díez, jefe economista de Intermoney, la opción de recortar las cuotas sociales “es una medida oportuna, si se aplica durante tres años”, pues en España los costes no salariales los pagan casi íntegramente el empresario. De hecho, siete de cada diez euros que ingresa la Seguridad Social provienen de esta fuente. Díez reflexiona, contra la tesis sindical, que una rebaja de este tipo “no sirve para ayudar a ganar más beneficios al empresario, sino que incentiva el empleo”.

Aunque también hay claroscuros: “Ya ha pasado el tiempo de bajar impuestos. Si se hace, habrá que subir otros”. Lo más factible sería “elevar el IVA”, defiende.

José Antonio Herce (AFI) calcula que “por cada punto que desciendan las cotizaciones habría que aumentar en 0,61 puntos el tipo medio efectivo de este impuesto”.

El tablero se inclina hacia los sindicatos

  1. Las conversaciones entre el Ejecutivo, los sindicatos y la patronal arrancaron, oficialmente, el pasado 29 de julio. Desde el primer momento el Gobierno cedió toda responsabilidad a los interlocutores sociales: “Cualquier reforma laboral será pactada con los agentes”.
  2. En realidad, nunca hubo intención de abordar cambios estructurales en el mercado de trabajo. La oposición frontal de los sindicatos, contrarios a la “flexibilización laboral” que reclaman desde el Banco de España hasta el Comisario Europeo, Joaquín Almunia, convirtió el asunto en un tema tabú en Moncloa.
  3. UGT y CCOO han centrado sus negociaciones en reivindicar una prestación para los parados a los que se agote su cobertura por desempleo. Y lo han logrado: en el borrador de 13 de julio, el Gobierno accede a dar una renta (de 420 euros mensuales), a las personas en “situación de necesidad”. La prestación, en principio, durará seis meses.
  4. Por su parte, la patronal inició las conversaciones con un programa de máximos, basado en un contrato ‘anticrisis’ (con una indemnización 20 días de despido por año de trabajo) y el recorte de cinco puntos de las cotizaciones a la Seguridad Social.
  5. Díaz Ferrán ha rebajado sus objetivos. Según las fuentes empresariales consultadas, aceptaría un recorte de entre dos y tres puntos de las cuotas, lo que restará 7.200 ó 10.800 millones a la Seguridad Social, una cifra eleveda, pero asumible si se tiene en cuenta que el Ejecutivo acaba de repartir 8.000 millones de euros entre las administraciones locales.

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