Aunque ningún trabajador está a salvo de la ola de expulsiones que recorre de norte a sur el mapa español, existen alrededor de 9.272.000 trabajadores cuya probabilidad de ser objeto de despido es prácticamente nula.

La razón de este particular veto no se encuentra en su alta cualificación, dotes de liderazgo o nacionalidad. El propio marco que regula las relaciones laborales, y que tantas veces ha motivado las críticas del Banco de España, se esconde tras este particular guiño.

Desde el estallido de la crisis subprime, en agosto de 2007, los trabajadores eventuales han servido de parachoques para recibir el impacto del brutal descenso de la actividad. El resultado: el 30% del empleo temporal se ha diluido como agua entre las manos.

La excesiva segmentación del mercado de trabajo está detrás de este proceso. Mientras que para 1,2 millones de personas –el 20% de los trabajadores temporales– la indemnización por finalizar su contrato es nula, entre los contratados fijos la extinción puede saldarse con una indemnización equivalente a 128 semanas de salario, según denuncia el Banco de España.

El hecho de salir de la empresa con 56.000 euros bajo el brazo (indemnización calculada teniendo en cuenta el coste salarial bruto actual) o nada da una buena pista de cómo la economía criba el despido de los trabajadores. Por primera vez desde que comenzó la crisis se puede conocer en qué proporción sobrevuela el peligro de despido sobre unos y otros. Según el Observatorio Laboral de la Fundación de Economía Aplicada (Fedea), la probabilidad de ser expulsado disminuye entre un 40% y un 50%, si el trabajador en vez de seis meses acumula entre un semestre y tres años en su puesto. Respecto al mismo punto de partida, llevar más de diez años disminuye la posibilidad de perder el empleo en un 82%. Según el INE, el 45% de los trabajadores tiene una antigüedad de seis o más años.

Los cálculos se basan en una técnica de estimación que utiliza el modelo logit de elección discreta (esto es, un patrón que representa la alternativa que prevalece frente a un conjunto de opciones, mediante una variable dependiente).

Los analistas de la investigación concluyen que ni la edad, el sexo o la nacionalidad son “factores que por sí contribuyen a explicar la probabilidad de sufrir un despido”. De cada cien trabajadores con nivel de formación baja en enero, seis perdieron su empleo en el trimestre siguiente, mientras que la proporción de universitarios que acabaron en esa situación fue de dos de cada cien. Por su parte, de cada cien empleados de origen extranjero, nueve acabaron en el paro, frente a tres nacionales.

Con todo, estos condicionantes no superan el corsé que imponen los contratos regulados. Así, de cada cien eventuales en el primer trimestre, 14 habían perdido su empleo en el siguiente por dos indefinidos. La brecha supera las diez personas, el doble que en los casos anteriores.

Eso sí, los expertos advierten de que, agotado el margen para seguir destruyendo empleos temporales, el próximo zarpazo recaerá irremediablemente sobre los indefinidos. De hecho, por primera vez en catorce años el comportamiento del empleo indefinido fue negativo (135.000 efectivo menos respecto a 2008). De nuevo, el factor coste predominará. Los primeros llamados a caer en el pozo del desempleo son las 1.400.000 personas con una antigüedad menor de un año.

Los dos tabús: las indemnizaciones y los contratos

El Gobierno ha echado el pestillo al diálogo social (la mesa negociadora con la patronal y los sindicatos), sin poder acordar ninguna medida para poner fin a la hemorragia del desempleo, que según el dato de Bruselas referido a junio, golpea ya al 18,1% de la población activa. Las demandas para abordar reformas urgentes vienen de todos los frentes: a las llamadas de atención de Bruselas o la OCDE, iniciadas incluso antes de la crisis, se ha unido el Banco de España.

El gobernador de la entidad Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha enviado insistentes lanzas contra los negociadores sociales, un gesto por el que los sindicatos le han tachado de “vanidoso, locuaz y fanático ideológico”. Lo que Ordóñez ha puesto sobre la mesa no es más que la prueba de que los desorbitados niveles de paro están relacionados con las pautas obsoletas que rigen el mercado laboral y que, curiosamente, hace que la cuarta parte de los trabajadores acapare todos los golpes, porque cuentan con indemnizaciones por despido más bajas. Para acabar con la guerra de indefinidos contra temporales, los juristas apuestan por crear una nueva modalidad de contrato, con idéntica indemnización. La patronal CEOE defiende elevar hasta los 20 días de salario por año la indemnización, frente a los ocho actuales.

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