El Gobierno se plantea regular los servicios esenciales para garantizar los derechos de la comunidad. De esta manera trata de poner coto a actuaciones fraudulentas y abusivas de la legislación laboral como la que han protagonizado los controladores.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, está decidido a limitar el derecho de huelga en los servicios esenciales para la sociedad. De esta manera trata de poner coto a actuaciones fraudulentas y abusivas de la legislación laboral como la que ha protagonizado el colectivo de controladores poniendo en "grave peligro la economía nacional".

El objetivo del Gobierno es evitar que este tipo de actuaciones se pueda trasladar a otros servicios esenciales para la comunidad cuyos trabajadores pueden reaccionar de la misma manera ante las duras medidas que impone el ajuste económico. Esta es la razón por la que el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó tajantemente tras declararse el estado de alarma el pasado sábado que "tiene que quedar muy claro que esto no va a volver a pasar".

El drástico recorte de salarios que han sufrido los funcionarios, la congelación de plantillas y las medidas de austeridad presupuestarias están alimentando un fuerte malestar en colectivos cualificados de la función pública.

CC. OO. y UGT han mostrado su disposición a consensuar lo que consideran los flecos pendientes de la regulación del derecho de huelga. Ambos sindicatos entienden que no es necesaria una ley que lo regule, ya que existe doctrina jurídica suficiente dictada por el Tribunal Supremo para regular este derecho. Sin embargo, aceptan que ha habido actos abusivos por parte de determinados colectivos que no han asegurado los derechos esenciales para la comunidad y han tomado a los ciudadanos como rehenes.

Para ello es fundamental determinar en primer lugar los sectores que se consideran esenciales y a partir de ahí establecer los servicios mínimos que obligatoriamente se tienen que cumplir. Su incumplimiento estaría sometido a las más graves consecuencias laborales y penales. Por ejemplo, son servicios esenciales para la comunidad el transporte, la sanidad, el abastecimiento de alimentos, la electricidad, la seguridad o las telecomunicaciones, entre otros.

Los sindicatos quieren seguir el modelo de Catalunya ensayado el 29-F, donde se han acordado en ausencia de conflicto los servicios mínimos en sectores esenciales.

Esta regulación ya se ha hecho en la mayor parte de Europa. Concretamente, en Francia existen drásticas limitaciones al ejercicio del derecho de huelga en colectivos como los controladores y se prevén gravísimas sanciones por su incumplimiento.

En cualquier caso, tanto los sindicatos como los expertos entienden que el motín de los controladores no lo habría evitado ni una ley de huelga ni una regulación de los servicios esenciales para la comunidad, ya que lo que ha sucedido simplemente es que se ha incumplido la ley de Navegación Aérea. Los controladores abandonaron su puesto de trabajo, por lo que simplemente habiéndoles aplicado el Código Civil común habría sido suficiente para que hubieran tenido que enfrentarse a graves sanciones.

El problema es que la legislación laboral se ha demostrado ineficaz y lenta. El conflicto había estallado hacía una semana en los aeropuertos gallegos. Varios controladores habían abandonado sus puestos, y se había iniciado un procedimiento sancionador contra ellos. El jueves, los aeropuertos gallegos llevaban tres días prácticamente cerrados. Esta fue la razón por la que esa misma noche se ofreció a los controladores un arbitraje para resolver el conflicto.

Ante la imposibilidad de que lo aceptaran, el Consejo de Ministros decidió aprobar dos decretos. Uno lo hizo público tras la reunión y en él se regulaban horas extra. El segundo lo dio a conocer por la noche cuando constató que los controladores mantenían su estrategia, y en este se regulaba la militarización.

Los controladores reaccionaron a la regulación de las horas extra cumpliendo su jornada laboral y marchándose, según la Administración abandonando su puesto de trabajo. Ante las dificultades para controlar la situación y la gravedad de las consecuencias para la economía, el Gobierno decidió aplicar la ley de Movilización Nacional de 1969 que convertía a los trabajadores en militares. Ha sido la primera vez en la democracia en que se ha utilizado una medida tan excepcional.

La razón es que la paralización de los aeropuertos ya estaba en marcha y el Ministerio de Fomento no tenía herramientas para frenarla. Tan sólo había logrado amortiguar sus consecuencias reorientando rutas.

Una de las razones que explican la dificultad para controlar el conflicto ha sido el carácter asambleario de la protesta. "Todos los movimientos asamblearios conducen a planteamientos anarquistas", afirma uno de los expertos consultados. De hecho, en el Gobierno se piensa que la situación se escapó al control de los propios dirigentes sindicales de USCA. Por esta razón se decidió "dar un golpe de autoridad" que cortara el conflicto de raíz. La primera intención del Gobierno era que el miedo a ir a la cárcel acabara por hacerles volver al trabajo.

Aunque el motivo aparente de la huelga eran la oposición a la privatización de Aena, el malestar de fondo se venía arrastrando desde febrero, cuando el ministro de Fomento, José Blanco, decidió recortar el sueldo un 50% a los controladores. Esta dura medida había creado un fuerte malestar, un caldo de cultivo alimentado en procesos asamblearios que ha desembocado en una situación de rebeldía abandonando el puesto de trabajo. Esta situación está estrictamente regulada en la ley de Navegación Aérea.

Estos hechos han reabierto la necesidad de regular la ley de huelga. Una cuestión que se debate desde hace más de 25 años sin que hasta el momento se haya podido adoptar ninguna decisión como consecuencia de la presión ejercida por los sindicatos. La legislación se limita a las sentencias del Tribunal Supremo a cambio del compromiso de los sindicatos de garantizar los derechos básicos, entre los que se encuentra el derecho a la movilidad.

Como explica Fabián Márquez, uno de los principales expertos en relaciones laborales del país, esta normativa se ha ido debilitando como consecuencia de una serie desafortunadas sentencias. Una de ellas es la que se produjo para penalizar la invasión de las pistas del aeropuerto de El Prat el 28 de julio del 2006 por parte de los trabajadores de Aena. En aquella ocasión se paralizó el tráfico aéreo y se cerró el aeropuerto con importantes destrozos. Una situación similar se produjo en el caso Cason, cuando los trabajadores de Alúmina Aluminio decidieron en asamblea abandonar el servicio de abastecimiento de las fundiciones, que se estropearon y provocaron unas pérdidas de 22.000 millones de pesetas en 1987.

Estos antecedentes jurídicos y la lentitud del proceso sancionador contra sus compañeros de Galicia llevaron a pensar a los controladores que podían dejar su puesto de trabajo cuando finalizara su jornada laboral. En el fondo se trataba de una huelga abusiva o "a reglamento". En ese momento el Estado no tenía instrumentos legales laborales para cortar de raíz el motín, según fuentes gubernamentales. Por esta razón decidió proceder a proceder a su militarización para someterles a la justicia militar que sí castiga el abandono o la incomparecencia a su puesto de trabajo, con penas de hasta seis años de prisión.

La norma está inspirada en la ley de Movilización Nacional de 1969, según el constitucionalista José Luis Díaz Ripollés, que explica que se aprobó para prevenir los estados de alarma, excepción y sitio. En aquellos años las huelgas estaban prohibidas, pero se sucedían gravísimas protestas a causa de la difícil situación que atravesaba la economía.

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