Etapas anteriores de la economía española muestran que bajar ciertos costes salariales pueden incentivar el empleo. Desfiscalizar las franjas salariales bajas y reducir sus cotizaciones o crear un SMI para los más jóvenes son herramientas poco exploradas.

Dado que el desempleo es la preocupación primera de los españoles, los esfuerzos de quienes toman las decisiones deben encaminarse sin excusa alguna a reducirlo. Dado que es inaceptable mantener más de cuatro millones de personas sin trabajo, más de una de cada cinco de cuantas desean trabajar, el vértice último de las políticas económicas debe ser la generación de nueva ocupación. Aunque esta crisis no es como la de los ochenta o los noventa, no está demás ensayar de nuevo con las fórmulas que dieron buen resultado entonces, incluso de forma más intensa, dado que otras herramientas de acompañamiento no están permitidas.

Una mirada atenta al perfil gráfico de la creación de empleo desde que la crisis industrial de los setenta comenzó a engordar las listas de paro revela que los dos o tres saltos cuantitativos de la variable más humana de la economía se produjeron cuando se redujeron sus costes. Es cierto que en todos los casos tal recorte de costes laborales llevaba aliada una buena devaluación de la moneda, herramienta tradicional para recomponer la competitividad e iniciativas nada desdeñables de liberalización económica. Pero funcionó y reforzó el crecimiento.

Así, en los ochenta Gobierno, patronal y algún sindicato pactaron una reducción a cero del coste del despido para los jóvenes, echando mano del contrato de fomento de empleo, una especie de figura genérica que ni siquiera exigía respeto a la causalidad. Estaba disponible desde octubre de 1984 y en los seis años siguientes el volumen de empleo subió 1,84 millones de personas, casi un 17%, recuperando por vez primera en democracia los niveles absolutos de empleo existentes antes de la crisis industrial. Logró que los costes laborales unitarios avanzasen por vez primera en más de quince años a un solo dígito, pero no fue suficiente para absorber la población activa que generaba la sociedad y la tasa de paro no logró descender del 16%, lo que había de convertirse en una desgraciada seña de identidad del mercado de trabajo, que sonrojaba toda comparación con la UE.

El segundo gran salto de empleo se registra a partir de 1997, también por la gracia de muy notables recortes del gasto laboral. Además de una reducción del despido individual por vez primera aplicada en la legislación laboral proteccionista, colocando en 33 días por año la indemnización para los nuevos contratos fijos de amplios colectivos (con máximo de 24 meses de abono), se afinó la fallida reforma de 1994 para que los ajustes de plantilla de pequeños colectivos con un coste de 20 días por año (con máximo de 12 salarios) no chocasen con el celo judicial.

La mordida fiscal

La reforma de 1997, que permitía convertir contratos temporales en fijos o crear nuevos fijos, llevaba aparejada una segunda reducción del coste, consistente de un plan de bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social por varios años. Todos los expertos sensatos dan por hecho que las cotizaciones son un impuesto al empleo, pero no se reducen ni ahora, cuando la Seguridad Social dispone de un generoso superávit. Manteniendo los niveles de aportación, debería reducirse la de los empresarios y elevar la de los trabajadores, que es de las más bajas de Europa. Pero hay que vigilar que tal desplazamiento no suponga una recuperación de la pérdida vía salarial.

Pero la actuación sobre los costes realmente novedosa llegó en 1998, con la primera reforma fiscal de Aznar. Desfiscalizó tramos crecientes de renta salarial, tanto en la parte alta de las remuneraciones como en la baja, utilizando los mínimos exentos y las deducciones personales, en este caso inversamente proporcionales a los niveles de renta del trabajo. Con estos ajustes fiscales se reanimó la búsqueda y aceptación de empleo en determinados colectivos de trabajadores jóvenes y con poca cualificación, hasta entonces desanimados por la presión fiscal.

Esta pequeña revolución de los costes del empleo en la sombra disparó la creación de puestos de trabajo, que se concentró en franjas salariales muy bajas, aprovechando también que en paralelo se produjo una explosión de la actividad en sectores con valor añadido limitado, como construcción y algunos servicios muy intensivos en mano de obra, todo espoleado por la abundancia de liquidez barata. De hecho, esta iniciativa fiscal se intensificó en ulteriores reformas, tanto por gobiernos populares como socialistas, aunque en los dos últimos años no se han actualizado las deducciones por rendimientos del trabajo personal.

Inmigración, seguro y SMI

La tendencia alcista del empleo iniciada en 1997 no se ha quebrado hasta la crisis de 2007, porque en 2001 y siguientes contó con nuevos estímulos en los costes, con el abaratamiento directo de los salarios que acompañó a la entrada masiva de inmigrantes con baja cualificación para cubrir la fuerte oferta de trabajo en la construcción residencial o los servicios de hostelería y trabajo doméstico.

La mayoría de las recetas que han funcionado en el pasado son utilizables en el futuro, aunque con intensidades diferentes. En la reducción de costes queda mucho itinerario que explorar, y en algunos casos en vez de eliminar obstáculos a la generación de empleo, se han incorporado. Llama la atención que en España la última revisión restrictiva del seguro de desempleo se hiciese hace 17 años, cuando la doctrina no se cansa de apuntar a su generosidad como uno de los obstáculos para aceptar trabajos en los colectivos de baja cualificación, precisamente ahora más cebados que nunca y más castigados por la crisis por las voluminosas cohortes de inmigrantes (3,7 millones de activos, el 27% en paro).

El papel del salario mínimo también merece una reflexión teniendo en cuenta la estructura productiva del país, sobre todo por la presencia de un mecanismo de protección tan generoso para los niveles de costes del factor trabajo. La prestación media por desempleo es superior al salario mínimo, señal evidente de desincentivo a la búsqueda de trabajo. Pero, además, España es de los pocos países que ha iniciado una fuerte escalada del SMI, y que carece de un nivel de entrada para jóvenes, cuando la tasa de paro de los menores de 25 años es del 38%.

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