Primeros alivios, al menos momentáneos. Mejoran las cifras del paro y las de ERE. Las reestructuraciones afectan en lo que va de año a la mitad de personas que en 2009 y los ERE de suspensión de actividad se han reducido en esa misma proporción.

Primeros alivios, al menos momentáneos. Mejoran las cifras del paro y, sobre todo, las de expedientes de regulación de empleo (ERE). Las reestructuraciones afectan en lo que va de año a la mitad de personas que en 2009 y, según el director general de Trabajo, José Luis Villar, los ERE de suspensión de actividad se han reducido en esa misma proporción, sobre todo para los trabajadores incluidos en estos expedientes temporales por primera vez, pues los que repiten bajan solo el 6%.

Para Villar es un dato positivo el hecho de que del medio millón de personas (fundamentalmente del sector industrial) que pasaron por suspensiones de empleo el año pasado, son poco más de 40.000 los que vieron cómo finalmente se extinguieron sus contratos, tal y como manifestó en el seminario sobre reestructuraciones de empresas organizado esta semana por la Fundación 1º de Mayo, donde se presentó un estudio sobre los planes sociales que acompañan a los ERE. Unos planes que, en opinión del director de Trabajo, "quizá sea conveniente impulsar en el desarrollo de la reforma laboral para atenuar el efecto del expediente".

Ramón Górriz, secretario de acción sindical de CC OO, no confía en los planes de acompañamiento social de la reforma. De hecho, considera "que son un subterfugio para eliminar los planes de viabilidad necesarios hasta ahora. Se ha debilitado la negociación colectiva, la tutela judicial y la administrativa", sentencia.

Y es que estos programas, cuyo fin no es otro que minimizar el efecto del despido colectivo (y que son de obligado cumplimiento para las empresas de más de 50 trabajadores que presenten un expediente), raramente recogen otras medidas que no sean las puramente económicas; es decir, las prejubilaciones y las indemnizaciones de los empleados despedidos. En vez de contemplar medidas preventivas, o recolocaciones, o planes de formación o de autoempleo, como en otros países y como recomienda la Fundación 1º de Mayo.

"En España, el proceso está viciado", declara Marcos Huergo, director de la oficina de Barcelona de la consultora de recursos humanos MOA BPI Group. "El 80% de los ERE se aprueba con acuerdo de empresarios y trabajadores, con lo que la autoridad laboral los valida aunque las causas no estén probadas o el plan social se canjee por una indemnización más elevada para los trabajadores afectados. La empresa tiene un presupuesto en el que prevé el montante de las prejubilaciones, luego el de las indemnizaciones y, si queda dinero, el resto del plan social", explica Huergo, para quien deberían ser procesos independientes, en lugar de transferirse recursos de unos a otros.

Como representante de una firma de origen francés, este experto en reestructuraciones defiende la legislación gala, que exige planes sociales y de recolocación para aprobar los ERE. Y va más allá cuando los despidos afectan al tejido social del lugar, imponiendo el desarrollo de programas de reindustrialización. Algo similar a lo que hace Alemania, añade Górriz, pues son países donde existe una "negociación constante con los sindicatos".

En España, los planes de reindustrialización (mediante los cuales se sustituye a la empresa que cierra una fábrica por otras para que no se destruya la economía local, y se le transfieren los trabajadores afectados por el cierre) no son demasiado habituales y, cuando existen, los protagonizan las multinacionales, especialmente las francesas. Véase los casos de Michelin (en Aranda de Duero y Lasarte) o de Danone (en el valle de Ultzama, en Navarra).

Pero también las hay japonesas, americanas o suecas, como puedan ser Sony (en Viladecavalls, Barcelona), TRW (en Orkoien, Navarra) o Sara Lee (en Almansa, Albacete) y Electrolux (en Alcalá de Henares, Madrid), respectivamente. Y españolas, como Gamesa. A principios de este año, la empresa productora de aerogeneradores decidió cerrar su primera planta, situada en Alsasua (Navarra), donde trabajaban 150 personas, por no adecuarse a sus necesidades de fabricación.

Entonces, explica la compañía, puso en marcha un plan de reindustrialización que consistía, por un lado, en recolocar a los empleados afectados en otras plantas propias (71 han sido reubicados) y, por otro, en buscar, junto al Gobierno de Navarra, una empresa que pudiese instalar una nueva actividad en la fábrica para minimizar el impacto social del cierre de Alsasua, una localidad industrial muy afectada por la crisis.

Precisamente esta semana Gamesa ha presentado el nuevo proyecto industrial que desarrollará su proveedor Fluitecnik (fabricante de módulos fotovoltaicos) en esa planta, donde se incorporarán al trabajo 46 de los trabajadores despedidos. Fluitecnik se ha comprometido a invertir 2,2 millones de euros en la renovación y desarrollo de la fábrica, añaden fuentes de Gamesa, que aseguran que la compañía es la segunda empleadora de Navarra.

No se están viendo en España más procesos de este tipo que antes porque, tanto para Huergo como para Górriz, es más fácil despedir y pagar (sobre todo, con los despidos objetivos de 20 días facilitados por la reforma laboral) que desarrollar planes sociales o de reindustrialización. Y así hasta la próxima crisis.

 


 

El ejemplo francés

Francia es un ejemplo en la protección de su industria y los trabajadores afectados por el despido colectivo. La ley obliga a las empresas a desarrollar planes sociales y de reindustrialización, que son muy vigilados por las autoridades, según el consejero delegado de MOA BPI Group en España, Claude Viala. El coste de este tipo de despidos oscila entre 70.000 y 100.000 euros por persona en Francia y, en España, entre 50.000 y 70.000 euros; eso sí, añade, en nuestro territorio ese presupuesto va básicamente a pagar las indemnizaciones y, en el vecino, al conjunto del plan social.

Por eso multinacionales como Michelin, conscientes de sus obligaciones y de su responsabilidad social, trasladan el modelo al resto de países en que está presente, según Félix Sanchidrián, director de la Fundación Michelin Desarrollo, que se puso en marcha tras la reconversión de su planta de Aranda de Duero (Burgos). Con un capital de partida de 3,5 millones de euros, la fundación se dedica a captar proyectos empresariales para llevar a las zonas donde está implantada (en España, Álava, Guipúzcoa, Valladolid y Burgos) junto a las autoridades económicas del lugar. "Para pagar la deuda moral que teníamos con Aranda desarrollamos un nuevo polígono industrial con un promotor local, al que se han trasladado cinco de los proyectos empresariales seleccionados, que han generado más de 400 empleos, que financiamos con 9.000 euros cada uno", explica. En Lasarte (Guipúzcoa), donde el ERE afectó a 500 trabajadores, la reindustrialización va más lenta; pero tiene comprometidos 150 empleos y proyectado un nuevo polígono, agrega.

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