La futura Constitución europea deberá incluir entre sus objetivos el pleno empleo, a pesar de que cada Estado miembro sea libre de elegir el mecanismo para conseguirlo, según recoge el informe del grupo sobre la Europa social de la Convención.

La futura Constitución europea deberá incluir entre sus objetivos el pleno empleo, a pesar de que cada Estado miembro sea libre de elegir el mecanismo para conseguirlo, según recoge el informe del grupo sobre la Europa social de la Convención al que tuvo acceso Europa Press.

Los debates en este grupo, que nació más tarde que los demás a instancia de representantes alemanes y franceses, revelaron que algunos miembros, tales como el representante del gobierno británico Peter Hain, consideran que recoger la necesidad de "un nivel elevado de empleo" sería suficiente.

Finalmente, los defensores de incluir como objetivo el pleno empleo reunieron el consenso del grupo, así como la referencia expresa al modelo social europeo en la definición de los objetivos. En concreto, se establecerá que la UE debe promover la creación de empleo, el acceso a la educación y a la formación contínua.

El documento que el presidente del Grupo Europa Social, el griego Yorgos Katíforis, presentará en la próxima reunión del pleno de la Convención, 6 y 7 de febrero, propone que el artículo 2 de la futura Constitución sea "corto y preciso" e incluya como fin de la UE "la justicia social, la solidaridad, la igualdad de tratamiento, especialmente la igualdad entre los hombres y las mujeres y la igualdad de oportunidades".

Los Estados miembros tendrán una obligación general de respetar estos valores y el Tratado recogerá incluso posibles sanciones contra los Estados miembros que no los respeten. Asimismo, propondrá que la Carta Europea de Derechos Fundamentales sea integrada en el Tratado, sin ser modificado su texto.

Algunos miembros habían pedido especificar incluso el objetivo de solidaridad entre los pueblos, las generaciones o los Estados miembros, mientras otros solicitaban una mención de justicia social y de paz social, o la necesidad de hacer valer la igualdad entre sexos como una característica central del modelo social europeo.

Tras analizar los Tratados actuales, el grupo ha considerado que el abanico de competencias de la UE en materia social es insuficiente por lo que deberá encontrarse una formulación que favorezca 'más Europa ' en este tema.

Durante las sesiones de trabajo se ha subrayado que la base jurídica existente relativa a la salud no permitiría, por ejemplo, actuar a la Unión en casos de bioterrorismo o enfermedades transmisibles en una situación de urgencia en varios países o en previsión de un riesgo transfronterizo grave. Se completaría así el Tratado actual, que sólo prevé normas elevadas de calidad y seguridad de la sangre, tejidos y órganos.

El eurodiputado socialista, Carlos Carnero, se mostró hoy optimista respecto al resultado obtenido en este grupo, puesto que contradice en su opinión a la contribución a la Convención realizada por el Gobierno español. Este texto, dijo a Europa Press, "era trasladar el espíritu del Decretazo a la UE, y entre otras cosas, era la desprotección social y elevar a valor sagrado la flexibilidad laboral".

El documento presentado por los Gobiernos de España, Reino Unido y Estonia rechazaba una armonización de la política social entre los Quince para crear "un Estado Unico del Bienestar". Además, mostraba su preocupación por que la protección de los empleados llegue a perjudicar el crecimiento económico, por lo que rechazaba cualquier legislación que sea "una barrera para la creación de empleo", como mayor coste de los litigios o para los contratos temporales o restricciones en el uso de contratos a tiempo parcial.

Reclamaba un equilibrio entre "regulación y flexibilidad" del mercado laboral y advertía de que, si los salarios y niveles de empleo no pueden "ajustarse rápidamente", "las recesiones serán más profundas y las oscilaciones del ciclo económico más perturbadoras".

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