El ajuste fiscal llevado a cabo en la zona euro lastra esta partida. El gasto social en relación con el producto interior bruto (PIB) no ha dejado de caer en Europa desde 1996.

El gasto social en relación con el producto interior bruto (PIB) no ha dejado de caer en Europa desde 1996, el año en que se inició el ajuste fiscal necesario para superar el examen de la moneda única. En España, según los datos publicados ayer por Eurostat, la partida presupuestaria para pensiones, salud, ayuda familiar y desempleo ha caído dos puntos porcentuales (hasta el 20,1% del PIB) desde 1996 a 2000.

España ocupa junto a Portugal el último lugar en términos de gasto per cápita en capítulos sociales (el 60% de la media comunitaria). Y en relación con el PIB, el gasto en nuestro país se sitúa por debajo de los niveles de 1996.

Aunque la bonanza económica de los últimos años y la menor tasa de desempleo explican en parte la rebaja de la factura social, el farolillo rojo de España también obedece a otros factores endémicos como la escasa protección familiar (la más baja de la UE) y la casi nula ayuda para viviendas.

El departamento comunitario de Empleo y Asuntos Sociales, que dirige la comisaria europea Anna Diamantopoulou, recordó que sin las transferencias del gasto social, el 40% de la población europea viviría por debajo del umbral de pobreza. En la actualidad, 56 millones de personas, es decir, el 15% de los europeos, padecen esa situación, según el balance de la agenda social de la UE durante 2002 presentado ayer por Diamantopoulou. La caída continua del gasto se produce cuando la UE todavía no ha cumplido sus objetivos de creación de empleo y de reducción de la exclusión social.

La comisaria acusó a 'los Estados, las empresas y los sindicatos ' de ser 'demasiado tímidos con las reformas sociales que hacen falta '. 'Se están escondiendo unos detrás de otros ', afirmó la comisaria griega, que lamenta especialmente que los países de la Unión no hayan aceptado fijar objetivos nacionales sobre creación de empleo, empleo femenino y prolongación de la vida laboral.

Los Quince pactaron en Lisboa, en marzo de 2000, una agenda de modernización de la economía europea que apostaba por alcanzar en 2010 el pleno empleo (definido como una población activa del 70%) como método para reducir la exclusión social y el riesgo de pobreza. La Unión se encuentra, sin embargo, a seis puntos porcentuales de su objetivo, lo que exige la creación anual de 15 millones de puestos de trabajo en sólo siete años. La Comisión Europea, sin embargo, calcula que en 2003 no se crearán más de medio millón de empleos y la tasa de paro (7,8% actualmente) repuntará a finales de año.

El deterioro económico iniciado en 2001 podría provocar un nuevo relanzamiento del gasto social, aunque todos los países (salvo Grecia y Luxemburgo) han reducido los derechos a subsidios como el de desempleo. Italia, con un paro de casi el 9%, sólo dedica el 1,7% del PIB a cobertura de los parados. Reino Unido y Suecia también han introducido recortes sustanciales.

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