La práctica consistía en introducir en su caja 10 euros y comprobar si lo declaraba o se quedaba con el dinero. Un juez ha declarado improcedente el despido de la empleada de un supermercado de Barcelona que fue sometida a este 'test '.

Un juez ha declarado improcedente el despido de la empleada de un supermercado de Barcelona que fue sometida al llamado "test de honestidad", una práctica que consistía en introducir en su caja 10 euros y comprobar si lo declaraba o se quedaba con el dinero.

La sentencia establece que el empresario se extralimitó en sus funciones de control de los empleados y atentó contra su dignidad.

Raquel D.R. estaba empleada como cajera en una tienda que la cadena de droguerías Schlecker posee en Villanueva y Geltrú (Barcelona) y el 25 de julio de 2002 fue sometida al "test de honestidad" por sus jefes, consistente en introducir en su caja, a escondidas, un billete de 10 euros para comprobar, al final de la jornada laboral, si reaccionaba honestamente y lo declaraba, o si se quedaba con él.

La sentencia relata que, al día siguiente, las encargadas de zona de la cadena y del establecimiento comunicaron a Raquel que había sido sometida a dicha prueba y que faltaban 10 euros, por lo que le anunciaron que sería expedientada y despedida, como así sucedió en agosto, cuando se encontraba de baja laboral.

La empleada asegura que, al hacer recuento de la caja, hizo a sus jefes el siguiente comentario: "Sobran 10 euros porque he contado mal los billetes de 10. He contado uno que estaba doblado como si fueran dos. Faltan 10 euros en el cambio por este motivo".

La dirección de la empresa consideró entonces que se había quedado con aquellos 10 euros, introducidos por un encargado de la tienda, por lo que entendió que no había superado la prueba de honradez y la despidió.

Violación de la dignidad

En su sentencia, el magistrado descalifica el llamado "test de honestidad" al considerar que se trata de una "práctica sistemática y aleatoria con todos los cajeros y que infringe los límites legales de la facultad empresarial de control de la actividad laboral".

El juez cree que esta prueba de honradez infringe el límite de la "dignidad de los trabajadores, que resultaría lesionada en la medida en que la empresa no presupone la honestidad de sus empleados, sino que entiende que tiene derecho a que le sea acreditada (por éstos)".

El citado test también infringe, en opinión del juez, el principio de la "buena fe, en la medida en que, a fin de que le sea acreditada aquella honestidad, fabrica artificial y engañosamente una situación límite para inducir al trabajador examinado al incumplimiento".

La sentencia indica que el Estatuto de los Trabajadores limita el ejercicio de la facultad empresarial de despedir disciplinariamente a la concurrencia de un incumplimiento grave y real del trabajador. No obstante, el juez entiende que este precepto "no autoriza a despedir a trabajadores por no haber reaccionado adecuadamente en situaciones generadas artificialmente por la empresa o, dicho en otras palabras, por no superar las pruebas a las que aleatoriamente pueda ser sometido".

El juez agrega que existían otros medios de control más idóneos que el "test de honestidad" como el propio control de la máquina registradora o el ejercido por un cliente que pudo pagar sin darse cuenta más dinero del que le tocaba abonar.

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