La sentencia admite, no obstante, que la empresa incumplía la ley.

La Audiencia de Barcelona cree que la actitud de un empleado al trabajar en una obra sin las medidas de seguridad necesarias es suficiente para exculpar de cualquier responsabilidad al empresario. El trabajador, que quedó tetrapléjico tras un accidente, no recibirá indemnización.

La Audiencia de Barcelona ha denegado cualquier tipo de indemnización a un trabajador que se quedó tetrapléjico en un accidente laboral por considerar su actitud imprudente, a pesar de que el juez reconoce que la empresa no contaba con las necesarias medidas de protección. La sentencia señala que el trabajador accidentado, Enrique Pociño, debería haberse negado a realizar la actividad que le ocasionó el accidente ya que era obvio que no existían las medidas de seguridad necesarias que marca la normativa sobre prevención de riesgos laborales. La sentencia señala que, aunque “el accidente se produjo tanto por culpa del empresario como del trabajador, la infracción (...) atribuible a don Enrique Pociño Ferrera fue de mayor entidad”.

Poco después del accidente, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Barcelona sancionó a la empresa con 42.070 euros por no cumplir con las medidas de prevención de riesgos, según informó ayer Roberto Toro, responsable del bufete que ha asesorado al trabajador.

La sentencia dictada por la sala que presidió Pedro Martín es firme. Toro señala que sólo cabe recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, emprender la vía civil o exigir responsabilidades al juez. Pere Creus, del departamento de salud laboral de CC.OO., cree que, leída la sentencia, la decisión del juez “raya la prevaricación”. Carme Simarro, de UGT, la considera inadmisible.

El presidente del tribunal, Pedro Martín, dijo que en la decisión judicial ha sido “más determinante” la actitud que adoptó el trabajador al realizar esa tarea sabiendo que había un riesgo, según informa Efe. El magistrado comentó que es consciente de que una condena es un ejemplo para sucesivas situaciones como ésta, pero señaló que no puede condenar a alguien a quien considera inocente –en este caso al empresario– por mucho que no dotase a la obra de las suficientes medidas de seguridad laboral. En el juicio, el obrero accidentado explicó que se vio presionado a hacer el trabajo por miedo a que si se negaba lo despidiesen, pero el magistrado ha señalado que este extremo no se pudo acreditar.

La sentencia se produce después de que el juzgado penal número 1 de Mataró condenara al propietario de la empresa en la que trabajaba el empleado accidentado y al arquitecto de la obra “como autores de un delito de lesiones imprudentes” a la pena de un año de prisión y una indemnización para el empleado de 341.548 euros,

Los hechos a los que se refiere la sentencia sucedieron el 29 de julio de 1999 cuando Enrique Pociño trabajaba en una obra en la calle Ramón y Cajal de Premià de Mar y el jefe de la empresa le ordenó volver a unir las baldosas de un lavadero. El obrero se encaramó a un caballete, a una altura de 2,5 metros, y al descender, perdió el equilibrio y se precipitó por uno de los huecos de la fachada, que carecía de la protección adecuada, y cayó desde una altura de 3,5 metros. El empleado sufre una lesión medular irreversible que le mantiene postrado en un sillón eléctrico y precisa de ayuda para poder realizar las necesidades más básicas.

Enrique Pociño dijo ayer en referencia a la Audiencia que “sólo falta que hubiesen dicho que me tiré yo al vacío”, informa Efe. “No se me olvidará nunca lo que me dijo el contratista en la ambulancia después del accidente: 'Por favor Enrique, no digas a nadie que no había medidas de seguridad, tengo un buen seguro y no habrá ningún problema '”, dijo Pociño.

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