Entrevista de El Periódico a Celestino Corbacho, Ministro de Trabajo e Inmigración: "Rebajar el despido no crea empleo, no estimula la contratación, sólo reduce los costes para las empresas que recortan plantilla."

El tiempo es frío en Madrid. El edificio del Ministerio de Trabajo en el paseo de la Castellana parece inmutable a pesar del paso de los años. Pero en su interior, Celestino Corbacho caldea el ambiente al hablar abiertamente de la urgencia de llevar a cabo, con o sin acuerdo, reformas amplias del mercado de trabajo que aceleren la salida de la crisis. Advierte a los sindicatos y a la patronal de que se les acaba el tiempo para llegar a un acuerdo en el que no quiere vetos, ni siquiera sobre el despido aunque es partidario de dejarlo para una profunda reflexión a medio plazo.

¿Le parece que ha mejorado el clima para intentar negociar de nuevo una reforma laboral?

Sí, el clima es mucho más positivo que hace unos meses porque se está fraguando una confianza entre los sindicatos y los empresarios, que es una condición necesaria para mantener un diálogo social sostenido. Ahora están ultimando los detalles de esa negociación bipartita que espero que se pueda plasmar en un acuerdo en el plazo que se dieron, que acaba a final de diciembre, para reanudar el diálogo tripartito inmediatamente.

¿Quién tiene más presión ahora, los sindicatos?

Todos tenemos conciencia de que no podemos seguir eternamente en un desencuentro. Se puede discrepar durante unos meses, pero no durante tanto tiempo. Si no se reanuda la negociación, el Gobierno convertirá el diálogo social en consulta porque no podemos esperar más tiempo a tomar medidas para salir de la crisis.

¿Las líneas rojas se han difuminado o ya son innecesarias porque todos las conocen?

Si partimos de dos principios no harían falta ni perímetros ni líneas rojas. El primero es la necesidad de un diálogo social estable y permanente. El segundo es que esta crisis nos obligará a hacer reformas en un sentido muy amplio y por tanto el diálogo ha de tener una agenda muy abierta. Por complejos que sean algunos temas no significa que no se tengan que discutir. Nada tiene que estar prohibido pero no todo tiene que estar condicionado a una sola condición.

Cree que la petición de abaratar el despido ha perdido intensidad.

La crisis pone de manifiesto que las cosas son suficientemente complejas y cambian tan rápidamente que hace que ya no haya una sola medida para resolver los problemas. Si hacemos un análisis comparado, en España es más caro despedir que en otros países, pero en esos países es mucho más complicado porque no se puede hacer sin causa, como en Francia. Donde el despido es barato, es muy difícil despedir y los sistemas de protección son altos. En España es una decisión unilateral del empresario que, previo depósito de la indemnización, puede despedir en 48 horas. En España existe despido libre indemnizado. No se puede rebajar la extinción sin poner más dificultades y sin hablar de las causas y la protección social. Son temas muy complejos, por lo que razonablemente, si hay que tocarlos, es mejor estudiarlos serenamente.

¿Aplazar la reforma del despido?

Sí, porque rebajar el despido no crea empleo, no estimula la contratación, solo reduce los costes para las empresas que recortan plantilla. El empleo se generará cuando se anime el consumo, y para eso hace falta confianza de los ciudadanos o condiciones propicias como descuentos. También ayudan a crear empleo las bonificaciones a los contratos para ahorrar costes al inicio de la relación laboral, no al final.

Una de las reformas sobre la mesa es la reducción de las modalidades de contratos o la creación de un contrato anticrisis.

El mercado laboral español tiene una dualidad. Un 30% tiene contrato temporal, siete millones de personas que entran y salen del mercado. Esos contratos son de una flexibilidad enorme y no generan derechos a futuro y se extinguen con ocho días de indemnización. Otra parte tiene un contrato fijo. España no debe tener esa dualidad que afecta más a los jóvenes. Hay que buscar una modalidad que supere esa dualidad para ir a un modelo de contratación con más estabilidad. España necesita mantener un régimen de contratación temporal, pero hay que ver las fórmulas para ajustarse a la temporalidad real.

Parece que el acuerdo será más fácil en el modelo alemán de reducción de jornada. ¿Se trata de adaptar los ERE actuales?

Lo último que se ajusta en Alemania, Francia, Austria, Bélgica e Italia, entre otros países, es la plantilla. Para ello utilizan varios instrumentos, como la reducción de jornada. En España se ajusta por tiempo, no por horas, en los ERE. Se trataría de introducir ese método para que haya más flexibilidad y que la negociación colectiva o de un expediente determine si es mejor una reducción de jornada o un ERE para salvar un bache coyuntural. Otro tema pendiente es que los trabajadores con reducción de jornada o suspensión mejoren su formación.

¿La compensación de esas horas no trabajadas, se haría con cargo a la prestación de paro o a un subsidio nuevo?

Lo estamos discutiendo. Parece razonable que el Servicio Público de Empleo o los Presupuestos del Estado se hagan cargo del coste de esas horas no trabajadas.

Las bonificaciones a los contratos que mencionaba, ¿hasta dónde pueden llegar?

En los últimos 30 años, la Seguridad Social solo bajó una vez las cotizaciones, en un punto. Hay que tener memoria histórica. A cambio, los empresarios tuvieron que hacerse cargo de las bajas hasta el décimoquinto día. Nos da una idea de que el sistema no admite mucha presión de rebajas porque hay siete millones de personas que dependen de la Seguridad Social y queremos que el sistema sea válido para siempre. Cualquier ajuste ha de tener la seguridad de que no lo pondrá en riesgo, y cinco puntos anticipo que ponen en crisis el sistema. Si en el futuro el Estado asume algunos costes de la Seguridad Social, se pueden rebajar algo los costes de las empresas.

Por tanto, en el 2010 mantendrán las limitaciones para una rebaja de las cotizaciones.

Ahora no es un buen momento para plantear rebajas. Las cuentas del Estado estarán en déficit en el 2010 por lo que difícilmente pueden asumir 3.000 millones del complemento a mínimos de las pensiones. Además, al bajar los afiliados la Seguridad Social tiene menos ingresos y también sube el número de prejubilados. Reducir las cuotas sería una irresponsabilidad. Pero si se trata de hacer recomendaciones para los próximos 15 años al Pacto de Toledo, no niego que una de ellas sea ajustar las cuotas a la garantía de sostenibilidad del sistema y presionar menos las cuentas de las empresas.

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