La reforma del Código Penal que entrará en vigor el próximo 23 de diciembre aportará una novedad de enorme calado al establecer que las empresas podrán ser penalmente responsables de delitos cometidos por sus administradores y por sus empleados.

La reforma del Código Penal que entrará en vigor el próximo 23 de diciembre aportará una novedad de enorme calado al establecer que las empresas podrán ser penalmente responsables de delitos cometidos por sus administradores y por sus empleados cuando no se haya ejercido un control responsable sobre ellos. Hoy estamos en la antesala del cambio y a las empresas - grandes y pequeñas-les quedan apenas dos meses para ponerse las pilas, "ya que la única forma de atenuar, mitigar o incluso evitar una imputación penal por parte de una sociedad será poder demostrar al juez instructor que la empresa ha ejercido los debidos controles sobre sus empleados demostrando una preocupación por la actividad diaria de las personas físicas que trabajan en el seno de la misma", explica Javier Trenado, socio de AGM abogados. Por ello, destaca que la reforma supondrá un trabajo adicional para las empresas, ya que a partir de ahora deberán poner en marcha sistemas de control y programas de gestión de riesgos penales para evitar la comisión de delitos en la empresa por parte de los empleados.

Lo cierto es que hasta ahora una empresa como tal no podía delinquir - "societas delinquere non potest"-ya que sólo lo podían hacer las personas. "El delito lo cometían quienes mandaban y la responsabilidad de las personas jurídicas se establecía en cascada. Si el comportamiento delictivo había sido para beneficiar a la compañía, ésta respondía civilmente de los daños y perjuicios causados por el comportamiento de sus directivos, pero no penalmente", comenta Manuel Troyano, penalista y colaborador de AGM.

En la reforma del Código Penal - en lo que a la empresa se refiere- se incorpora la idea de que una sociedad tiene voluntad propia. "El argumento se está utilizando en varios países de Europa, donde hay una tendencia a atribuir la responsabilidad individual general a las personas jurídicas. Por tanto, esta reforma obedece, en parte, a la necesidad de homogeneizarnos con Europa, y digo en parte, porque hay países como Alemania o Italia no dan responsabilidad penal a las empresas", puntualiza Troyano.

El fundamento de este salto viene explicado sobre todo por la dificultad que hay - por la creciente complejidad de las estructuras de las organizaciones actuales-a la hora de imputar la responsabilidad de un delito a una persona en concreto, ya que en muchas ocasiones la toma de decisiones va envuelta en una nebulosa.

"Se parte de la existencia de zonas oscuras de impunidad. Se podía dar el caso de que un delito cometido en el seno de una empresa y en su beneficio por los órganos de dirección, estos queden impunes por la imposibilidad de atribuir esta conducta a una persona o grupo porque la responsabilidad queda difuminada en su compleja estructura. La empresa sólo respondía si se podía imputar el delito a una o varias personas. El responsable del delito respondía penal y civilmente y la empresa, sólo civilmente y con carácter accesorio. Eso es el núcleo de lo que ha cambiado", prosigue

A partir del 23 de diciembre, pues, si un trabajador comete un delito que puede beneficiar a la empresa, en sentido amplio, la compañía puede ser condenada penalmente. "Habrá, pues, dos imputaciones penales donde había antes una, la de la persona física", dice Trenado. "Pero para ello deberá darse un requisito: que la empresa no haya adoptado los necesarios y suficientes sistemas de control para evitarlo. En caso de que existieran antes de la comisión del delito y se pueda demostrar fehacientemente, la empresa puede quedar exonerada y si se implementan inmediatamente después del delito, puede ser una circunstancia atenuante", plantea Trenado.

Ello, entre otras cosas, entrañará un cambio de actitud en muchos empresarios que habitualmente son reactivos a los sucesos acaecidos. A partir de ahora en estos aspectos deberán ser muy proactivos. ¿Cuáles son los pasos que dar? "En primer lugar, habrá que hacer un análisis del sistema de funcionamiento de la empresa para evaluar los riesgos penales, con la identificación y atribución de responsabilidades a las personas. En segundo lugar, un asesoramiento-formación al personal responsable, para que sepa cuáles son los límites legales de su actuación. En tercero, protocolizar una serie de normas de actuación con el objetivo de prevenir delitos y, por último, ejercer la vigilancia pertinente para que estas normas y sistemas de control puestos en marcha sean cumplidos", comenta Trenado. "Este conjunto de medidas se conoce en el ámbito anglosajón como medidas de compliance mediante las que se intenta fomentar una cultura empresarial que se preocupe por la prevención de los riesgos penales en que pueden verse incursos los representantes y directivos de las empresas y sus propios trabajadores", concluye.

En lo que se refiere a las sanciones se contemplan distintas penas para los diferentes delitos (véase un par de ejemplos en la parte superior de la página) y algunos serán más propios de sectores concretos. Aparte de los fraudes fiscales y de corrupción que, por desgracia, son comunes a todos, en las empresas financieras pueden aparecer más los de blanqueo de capitales; en las constructoras, los de ordenación del territorio: en algunas industrias, los de tipo medioambiental. en las que más trabajan más con la administración pública, el cohecho y tráfico de influencias...

 


 

Alcaldes y gobernantes públicos, no

Según explica Javier Trenado, una parte de la doctrina se plantea en estos momentos si en el futuro se podrá declarar también la responsabilidad penal de las administraciones públicas o de cualquier organización que tenga el citado carácter. Por ejemplo, "¿puede ser imputado un alcalde si el responsable de urbanismo del ayuntamiento comete un delito contra la ordenación del territorio?", se pregunta. La respuesta seguiría siendo ´no´ a pesar del inminente cambio en el código penal. "No obstante, prosigue, no podemos descartar que que en un futuro próximo todas las administraciones públicas sin excepción tengan que evaluar en su totalidad los riesgos penales so pena de incurrir en responsabilidad penal". Lo cierto es que, visto a distancia, parecería cuando menos de sentido comúnque si a un empresario privado se le exige la instalación de sistemas de control para evitar que sus empleados puedan cometer un delito, tambiénse le pueda exigir a cualquier representante administrativo ya sea estatal, autonómico o municipal, que se preocupe por las conductas en que incurren las personas que se encuentran bajo su responsabilidad. Al fin y al cabo son ´empresas´ que trabajan con nuestro dinero, ¿no?

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