El anteproyecto de ley de economía sostenible incluye medidas fiscales de apoyo al alquiler y la rehabilitación de casas y permitirá que sea más fácil y más barato iniciar un negocio, innovar, cobrar deudas y competir.

El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de ley de economía sostenible, un compendio de decenas de reformas de normas con las que el Gobierno pretende «facilitar» la vida de las empresas. Lejos de planificar el ansiado cambio de modelo productivo –en el que la hegemonía de la construcción debe ceder paso a otros sectores–, el borrador del Gobierno opta por incorporar multitud de cambios para facilitar la vida a las empresas «que orienten su actividad hacia sectores con potencial de crecimiento a largo plazo, generadores de empleo y sostenibles desde un punto de vista económico, social y medioambiental».

Así lo explicaron ayer las vicepresidentas María Teresa Fernández de la Vega y Elena Salgado tras el Consejo de Ministros. La también ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, defendió el anteproyecto como una «propuesta ambiciosa que propone un proyecto de país». Sin embargo, la presentación de su contenido –sobre el que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero había generado grandes y crecientes expectativas–, fue recibida con escepticismo y decepción por la práctica totalidad de representantes políticos y sociales. «Insuficiente», «una burla», «ley humo», «más ruido que contenido» o «carta a los Reyes Magos» son algunas de las expresiones con las que los políticos y representantes sindicales y empresariales recibieron el borrador.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS / La ley será complementada con una estrategia de reformas, con el horizonte del 2020, que será presentada el miércoles en el Congreso por el presidente del Gobierno. Aquí podrían encajan otras reformas como las de educación, modelo energético, sistema de pensiones, mercado de trabajo y otros grandes cambios, que no forman parte del anteproyecto aprobado ayer y que requieren de amplios consensos políticos y sociales. Según Salgado, la estrategia del cambio de modelo productivo es a 10 años y «transciende el periodo de responsabilidad de un gobierno».

Las grandes reformas y los grandes pactos seguirán, pues, su propio cauce. De momento, el borrador aprobado ayer incorpora los cambios más instrumentales que deben reforzar la apuesta que hagan las empresas por sectores de futuro. La ley se apoya sobre dos instrumentos financieros: un nuevo fondo del ICO de 20.000 millones (que se espera sea cubierto al 50% por las entidades financieras) y el llamado Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, de 5.000 millones.

Con la nueva ley –cuya entrada en vigor está prevista para mediados del 2010– debería ser más fácil y más barato crear una empresa, invertir en innovación, cobrar facturas de la administración pública o de otra empresa, competir para lograr una contrata pública, o relacionarse con los órganos reguladores.

Para ello, se reducirá el coste y los plazos para crear empresas de hasta 30.000 euros de capital y se les eximirá del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. También se suprimirá la licencia municipal (solo se podrá mantener para actividades con riesgo para la salud o mediambiental), lo que permitirá ahorrar costes y sobre todo, tardanzas injustificadas.

Dentro de este primer bloque de medidas que el Gobierno agrupa como de impulso a la competitividad se incluye también una importante reforma para reducir la morosidad.

Así, se rebaja de 60 a 30 días el plazo máximo de pago en las Administraciones Públicas. Para controlar la morosidad de los ayuntamientos, se establece que deberán crear un registro de facturas recibidas, sobre el que deberán dar cuenta cada dos meses en el pleno, y sobre los que el Estado podrá exigir información. En el sector privado, el plazo máximo de pago se fija en 60 días.

En el bloque de reformas para la mejora del entorno económico, el Gobierno incluye una nueva regulación de los órganos reguladores para reforzar su independencia.

Dentro del objetivo de sostenibilidad de las finanzas públicas, el Estado se compromete a presentar en el plazo de seis meses un plan de austeridad y calidad del gasto. Además, se establece que las administraciones autonómicas y locales serán corresponsables en las sanciones que procedan de la Unión Europea.

Para atender el principio de sostenibilidad medioambiental se incluye el desarrollo del transporte de mercancías por ferrocarril y un incentivo fiscal para estimular los vales de transporte público en las empresas (una exención de 1.500 euros para esta remuneración en especie). Además, la ley incorpora una serie de cambios fiscales para estimular el alquiler frente a la adquisición de vivienda y para reorientar hacia la rehabilitación los empleos ligados a la construcción.

El texto incluye la anunciada desaparición de la deducción por compra de vivienda para contribuyentes con rentas superiores a 24.107 euros a partir de enero del 2011; se mejoran los incentivos al alquiler y se establece una nueva deducción del 10% para obras de reforma en la vivienda habitual vinculadas a eficiencia energética, uso del agua o adaptación a personas con movilidad reducida. Esta nueva deducción estará vigente para obras que se realicen antes de finalizar el 2012 y tendrá una base anual máxima de deducción de 3.000 euros. Además, se extiende el IVA reducido a toda tipo de obra de rehabilitación.

PENALIZACIÓN FISCAL A LOS BONUS / También hay medidas tributarias para desincentivar desorbitadas retribuciones de directivos en forma de bonus plurianuales y para que los accionistas de entidades financieras y sociedades cotizadas puedan ejercer un mayor control sobre las retribuciones de directivos y consejeros. La actual reducción del 40% que existe para la tributación de las retribuciones plurianuales se mantendrá hasta cantidades de 600.000 euros. Por encima de esto, habrá que tributar en su totalidad, este nuevo tratamiento fiscal se extiende a todo tipo de renta irregular (obtenida en más de un ejercicio), y afectará a las indemnizaciones por despido. Para estimular la I+D+i se eleva del 8% al 12% la deducción en el impuesto de sociedades para las actividades de innovación. Además se eleva del 4% al 8% la deducción medioambiental, que se mantendrá de forma indefinida. No hay un mayor gravamen para los carburantes.

Acceso a la web sobre la estrategia gubernamental de Economía Sostenible: http://www.economiasostenible.gob.es

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