Aquellos desempleados que asisten a programas locales aumentan en un 18% las posibilidades de encontrar trabajo. Treball empieza a prescindir de las escuelas taller para potenciar los convenios con ayuntamientos en sus planes contra el desempleo.

La escalada del paro ha reavivado el debate sobre la efectividad de las medidas para recolocar a los más de cuatro millones de personas sin empleo. Las viejas herramientas como las escuelas taller tienen los dí­as contados y serán sustituidas por otros programas como los planes de empleo locales que son más eficaces.

Según un estudio de la Universitat de Barcelona, las polí­ticas activas de empleo, que en el 2010 dispondrán de un presupuesto de 7.796 millones en toda España, aumentan una media del 5% las posibilidades de encontrar trabajo de los parados que participan en ellas.

¿Es poco o mucho ese plus del 5% respecto a los parados que no se benefician de esas polí­ticas? Lo que aparentemente es un rendimiento escaso, no es nada despreciable para los autores del estudio y para la Administración. «Los resultados son estadísticamente significativos y muestran que las políticas activas de empleo son absolutamente necesarias», dice Jordi Suriñach, miembro del Grupo de Análisis Cuantitativa Regional de la UB y coautor del estudio junto a Raúl Ramos y Manuel Artís. La investigación, encargada por el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) en el 2007, se basa en una muestra de 70.000 personas.

La medida que ha demostrado tener más éxito es la de los planes de empleo, que incluyen la contratación directa de parados por parte de ayuntamientos junto a un programa de formación. Los desempleados que se benefician de estos planes tienen después casi un 18% más de posibilidades de encontrar un trabajo en relación al resto de los parados. En cambio, hay otras medidas que son del todo ineficaces, como por ejemplo las escuelas taller. Los parados que aprenden un oficio durante dos años en esas escuelas tienen al salir incluso un 3% menos de probabilidades de conseguir un empleo.

CAMBIO DE POLÍTICA // Los resultados del estudio, junto con las necesidades urgentes propias de la crisis, han motivado una reforma de las políticas activas del SOC, que ha potenciado los planes de empleo y ha eliminado la convocatoria de nuevas escuelas taller. A la espera de que se apruebe un cambio en la regulación estatal de las medidas destinadas a los parados, la Generalitat llevará a cabo en el 2010 un ensayo de las nuevas políticas pero financiadas con 100 millones del presupuesto de la Generalitat que le permiten saltarse la rigidez de los fondos procedentes del Ministerio de Trabajo y de la Unión Europea. Para Joan Josep Berbel, director del SOC, «las escuelas taller son una fórmula de los años 80 que dio buenos resultados en su día pero que ahora es inoportuna porque tiene un periodo de dos años que es muy largo para las necesidades actuales de insertar laboralmente al máximo de personas».

HECHO HISTÓRICO // La aportación de 100 millones de los fondos propios de la Generalitat es calificada de «hecho histórico» por Eva Granados, de UGT, ya que hasta ahora solo dedicaba a políticas activas de empleo las transferencias del Ministerio de Trabajo y de la Unión Europea. Los planes de empleo, una de las medidas novedosas del pacto anticrisis que se firma hoy, permitirán cotratar a más de 21.000 parados durante periodos de tres a seis meses en actividades estratégicas como la rehabilitación de inmuebles y las instalaciones de energías renovables.

El giro iniciado por el departamento de Treball marca el camino hacia medidas más personalizadas para garantizar la efectividad de los recursos que se destinan. Entre las asignaturas pendientes están, según Francesc Castellana, exdirector del SOC y experto en empleo de la Diputación de Barcelona, una mayor colaboración del servicio público de empleo y de los intermediadores privados como las empresas de trabajo temporal (ETT) y los portales de internet. «Los sistemas de intermediación mixtos de Europa –asegura– tienen los mejores resultados en comparación con los que son solo públicos o privados porque aportan más transparencia al mercado de trabajo». El referente ha de ser el sistema de flexiseguridad de los países nórdicos, donde las políticas activas son decisivas para reducir la transición de un trabajo a otro.

El objetivo es, según Castellana, evitar al máximo posible el paro y, en consecuencia, reducir el gasto en prestaciones de desempleo, que en el 2010 ascenderán a 30.000 millones en España.

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