El Gobierno plantea una reforma laboral tímida frente a la rotunda propuesta de retrasar la jubilación, ya bautizada como el pensionazo. Los sindicatos ya no se fían de que los cambios en el mercado de trabajo sean tibios.

El pensionazo del Gobierno, como se ha apresurado a bautizarlo el dirigente de Izquierda Unida Gaspar Llamazares, ha irrumpido en el diálogo social de forma prematura. La revolución que supone elevar de 65 a 67 años la edad legal de jubilación ha desconcertado a los agentes sociales -especialmente a los sindicatos-, que no veían venir la jugada. Con ese mar de fondo, el Ejecutivo se propone arrancar oficialmente la ronda de diálogo social, tras la presentación el próximo viernes de sus recetas laborales en el Consejo de Ministros.

Conscientemente o no, el Ejecutivo ha actuado de forma contraria a la que se le reclamaba: donde se pedían reformas profundas -en el mercado de trabajo, especialmente por parte de la patronal y la mayoría de los expertos- prepara propuestas tibias que hará públicas la próxima semana. Y en el debate más verde -no había demandas de cambios profundos en las pensiones, más allá del Banco de España y de que el calendario obligaba a renovar el Pacto de Toledo- opta por la línea dura, la que suelen adoptar los países cuando sus sistemas de pensiones están quebrados: elevar por ley la edad de jubilación.

Esta iniciativa del Gobierno corrige la querencia que hasta ahora se le ha atribuido hacia las propuestas sindicales, en detrimento de las empresariales. Con el alargamiento de la vida laboral, José Luis Rodríguez Zapatero hace suya una propuesta bendecida por la CEOE y denostada públicamente por los sindicatos. Tras conocerse las propuestas del Consejo de Ministros, la CEOE emitió un comunicado que consideraba "muy positiva la medida". Justo lo contrario que los sindicatos, que anunciaron su "rechazo frontal".

Tras el movimiento del viernes, UGT y Comisiones Obreras ya no se fían de que las propuestas laborales vayan a ser moderadas, como se ha trasladado hasta ahora. "Tampoco parecía que fueran a introducir estos cambios en el sistema de pensiones", ironiza Toni Ferrer, número dos de UGT. También Carlos Bravo, secretario de Seguridad Social de CC OO, cree posible un enfoque "más duro" de los cambios laborales esbozados en las últimas semanas. La patronal ha rehusado pronunciarse sobre el diálogo social con el argumento de que aún no se conocen con detalle las propuestas del Gobierno.

Aunque se negocie en mesas diferentes, es probable que el Ejecutivo emplee esa baza de la compensación para garantizarse el apoyo de ambas partes -CEOE por un lado y UGT y CC OO por otro- a su bloque laboral. En ese supuesto, la patronal aceptaría una reforma que cumple pocas de sus aspiraciones pero satisface a los sindicatos al dejar intacto el coste del despido y las cotizaciones a la Seguridad Social. A cambio, endurece el sistema de pensiones, pero de forma gradual y con alguna medida que los sindicatos no ven con malos ojos (como modificar algunos aspectos de la pensión de viudedad).

Para que prospere ese doble juego, las centrales tendrán que olvidarse del mazazo de las pensiones. Aunque Carlos Bravo duda de que salga adelante, al menos con la rotundidad expresada hasta ahora. "A ver si esto aguanta el paso por la comisión parlamentaria [del Pacto de Toledo, que debe acordar los cambios en el sistema de pensiones]. Saben que no cuentan con consenso", advierte.

El giro del Gobierno obedece a la urgencia por transmitir a los mercados una imagen de país solvente, empeñado en adoptar medidas, aunque resulten traumáticas, para reconducir el déficit desbocado (11,4% del PIB en 2009). "Está imperando una línea cortoplacista y economicista", ataca el líder de acción sindical de UGT.

Esa línea más centrada en la corrección de los desequilibrios se encarna en la vicepresidenta y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado. A ella se atribuye el espíritu de las medidas más duras. Frente al papel de Salgado, que compareció tras el Consejo de Ministros del viernes para explicar a un tiempo el plan de austeridad y la reforma de las pensiones, Celestino Corbacho, responsable directo de las prestaciones públicas como ministro de Trabajo, asistía en Barcelona a una reunión de ministros europeos del ramo, enmarcada en la presidencia española de la Unión Europea. La coincidencia no puede considerarse casual -o al menos no era inevitable-, pues la cita comunitaria figuraba en el calendario desde hacía tiempo y, sin embargo, el Gobierno optó por mantener el orden del día del Consejo de Ministros pese a la ausencia de Corbacho.

Lo aprobado por el Gobierno contradice el mensaje mantenido por Trabajo en general -y por Corbacho en particular- sobre la prolongación de la vida activa. "Ahora no debe ser obligatorio", consideró recientemente en una entrevista radiofónica. De hecho, la propuesta de elevar de 65 a 67 años la edad legal de jubilación no figuraba en el primer documento sobre pensiones que Trabajo remitió a Hacienda y a Presidencia para que incorporaran retoques. Al final, el retoque se ha convertido en la piedra angular de la reforma.

Con esos precedentes, nadie se atreve a afirmar con contundencia que no habrá más sorpresas. En los últimos días ha circulado entre empresarios y sindicatos el rumor de que Economía quería introducir la idea de un contrato único con despido más barato -como defiende la patronal y apoyó, antes de ser nombrado, el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa- en la reforma laboral. Y ello a pesar de que el presidente del Gobierno se ha comprometido públicamente a no recortar derechos, entre ellos el de la indemnización por despido. Pero lo ocurrido con las pensiones trastoca todos los planteamientos iniciales.

Si no hay añadidos de última hora, la reforma laboral se centrará en reordenar las bonificaciones a la contratación, de forma que beneficien a muy pocos colectivos. El más beneficiado será el de los jóvenes, pues el paro azota a este colectivo con casi el 40%. Previsiblemente nadie se opondrá a la medida, aunque la CEOE puede recoger con desagrado que disminuyan las bonificaciones para algunos colectivos que ahora las disfrutan (por ejemplo, las mujeres en general).

En el lado contrario, soliviantará a los sindicatos la retirada de trabas a las empresas de trabajo temporal. El Gobierno se ha comprometido a aplicar, antes de mayo, una directiva europea que impide las restricciones a ese sector. Por ello, es previsible que se les permita operar en la construcción y en el sector público (hasta ahora vedados) y que colaboraren con los servicios de empleo en la colocación de trabajadores. La puesta en práctica del modelo alemán de reducción de jornada y los cambios en el trabajo a tiempo parcial, con medidas para evitar el absentismo laboral, completarán el ideario gubernamental.

Al mismo tiempo, sindicatos y patronal ultiman un pacto salarial y de empleo que debe servir de guía para los convenios firmados este año. El acuerdo servirá para medir la capacidad negociadora de los agentes sociales y lo que cabe esperar de ellos en la negociación a tres bandas que arrancará en pocos días. Siempre que no haya nuevos imprevistos.

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