Un modelo burocrático heredado del franquismo lastra la eficacia de la Administración. Los políticos copan un sector de la alta dirección pública, que debería reservarse a profesionales.
La baja efectividad de nuestra Administración no es culpa de los funcionarios que son, en su mayoría, profesionales competentes y con actitud de servicio. Se debe, sobre todo, a la omnipresencia del paradigma burocrático. En realidad, si bien fuimos capaces de construir un Estado de bienestar, nunca tuvimos una administración del bienestar. Durante los años 80 y primeros 90 del siglo XX, el gasto público sobre PIB subió en España 15 puntos, reflejando una expansión de servicios públicos como la sanidad, la educación y las pensiones que nos homologaba con los socios europeos. Sin embargo, la Administración continuó rigiéndose por los patrones burocráticos heredados del franquismo, más adecuados para la gestión de tributos, la concesión de licencias o el mantenimiento del orden público que para la provisión masiva de bienes y servicios. La Generalitat, que acabaría absorbiendo la mayor parte de las nuevas competencias, se limitó a copiar el modelo. Hoy puede y debe acometer su reforma.
De entrada, es urgente superar la uniformidad del modelo burocrático-funcionarial. Por poner un ejemplo, la mejora de los pobres resultados de nuestro sistema educativo será imposible sin reformas que - en la línea de las propuestas de la OCDE-refuercen la autonomía de los centros, modifiquen la organización de las profesiones docentes, transformen los mecanismos de adscripción de los profesionales y hagan posible el papel del liderazgo escolar. Igualmente, es necesaria mayor flexibilidad en la sanidad, la ciencia e investigación, los servicios sociales, la promoción económica o las políticas activas de empleo. En campos como estos, la continuidad de los funcionarios en el puesto y su progresión salarial debieran vincularse a la evaluación del rendimiento, como reclamaba hace poco el Instituto de la Empresa Familiar.
Hay que superar un gran déficit de management.Un amplio sector de la franja de alta dirección, colonizada hoy por los partidos, y ocupada por perfiles de operador político, debiera reservarse, como en otros países del mundo anglosajón o del norte de Europa, a una dirección pública profesional. En la Generalitat, la mayor parte de los cargos de director general y todos los de dirección de centros y empresas públicas debieran profesionalizarse.
La introducción de la gestión por resultados y otros incentivos a la eficiencia, la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas tendrían que acompañar a estas iniciativas.
En el empleo público, el problema principal es de productividad. La factura salarial del sector público, ponderada respecto al PIB, está por encima de la media de la OCDE. La compensación por empleado público con relación al ingreso per cápita es, también, más alta. Por el contrario, nuestros empleados públicos trabajan menos horas que en el resto de Europa, 300 horas anuales menos, en promedio, que en Alemania y Reino Unido. La principal explicación de este deterioro son unas relaciones laborales desequilibradas. En los últimos diez años, los ciudadanos hemos carecido de patronales públicas capacitadas y decididas a defender nuestros intereses en la negociación colectiva con los sindicatos de funcionarios. Cuadros sindicales altamente profesionalizados y dispuestos a usar todo el instrumental de presión a su alcance han negociado con políticos aficionados y temerosos del conflicto. Reequilibrar este marco de relaciones es la prioridad si queremos recuperar al menos una parte de la productividad perdida.
Baja efectividad
El indicador agregado de efectividad de la Administración del Banco Mundial mide percepciones sobre la calidad de los servicios públicos, la calidad de la función pública y su grado de independencia de las presiones políticas, la calidad de la formulación e implementación de las políticas y la credibilidad del compromiso del gobierno con dichas políticas (World Bank, The Worldwide Governance Indicators, Methodology and Analyticas Issues, septiembre 2010). El gráfico nos muestra el indicador correspondiente al 2009 de diez países de la Unión Europea, así como la posición que correspondería teóricamente a cada país si la efectividad de la Administración se relacionara directamente con su renta per cápita. Como se ve, España supera sólo la efectividad de Grecia e Italia y queda, además, bastante por debajo del nivel que correspondería a su posicionamiento económico. En definitiva, se evidencia, por una parte, una baja efectividad de la Administración, en términos comparados, y por otra, el riesgo de que este hecho pueda actuar como rémora para el desarrollo del país.
La falta de indicadores referidos a Catalunya nos ha forzado al uso de este índice estatal agregado. No obstante, lo consideramos básicamente extrapolable a la Administración pública catalana, ya que está generalmente aceptado entre los expertos que las normas, estructuras y prácticas de esta han venido reproduciendo - en ocasiones de forma obligada, por imposición legal, y otras veces por decisiones estrictamente voluntarias-las instituciones formales e informales de la Administración del Estado.
Acceso a 'The worldwide governance indicators : methodology and analytical issues ': http://econ.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64165259&theSitePK=469372&piPK=64165421&menuPK=64166093&entityID=000158349_20100924120727