Sus propuestas desataron la polémica el pasado año. Ahora, este grupo vuelve a la carga con un documento para la reforma de las pensiones que respalda ampliar la vida laboral y no tener en cuenta sólo los últimos 15 años para calcular la pensión.

Su propuesta de un contrato laboral único con despido creciente desató la polémica el pasado año. Ahora, el llamado grupo de los 100 economistas vuelve a la carga con un documento para la reforma de las pensiones que respalda ampliar la vida laboral y no tener en cuenta sólo los últimos 15 años para calcular la pensión, pero únicamente como puntos de partida. Y tras calificar como "errores" los "titubeos" del Gobierno plantean que el Pacto de Toledo ceda el paso a un grupo de expertos independientes que elabore un Libro Blanco.

Un objetivo a conseguir, en opinión de los economistas, es que baje la relación entre la primera pensión y el último salario. Esta proporción es del 80% en España, una de las más altas de la OCDE ¿Esto supondría un recorte de las pensiones? Aseguran que no y el argumento es que el crecimiento económico hará que la gente llegue a la jubilación con salarios más altos y, por tanto, pensiones más elevadas, aún cuando se reduzca esa proporción respecto de la situación actual.

Hay fórmulas ya ensayadas en otros países, que la propuesta de los economistas recoge. En Alemania, por ejemplo, se ha optado por ajustar la pensión en función del crecimiento económico y de la longevidad. En Suecia, el sistema se basa en cuentas individuales teóricas, de forma que la pensión se percibe según las cotizaciones realizadas a lo largo de toda la vida laboral y la esperanza de vida.

Además de las razones conocidas sobre el envejecimiento de la población, los autores de la propuesta azuzan al Gobierno con el argumento de la credibilidad ante los mercados financieros. "Se acaba el tiempo", dicen, "porque a la vista de los cambios demográficos que se vislumbran ya se ha retrasado mucho [la reforma] y porque necesitamos recuperar el crédito internacional que los mercados financieros están poniendo en duda". Creen que "no hay mucha pólvora que gastar en el debate" y que el Gobierno no debe cometer el error de "apuntar bajo".

El manifiesto por la reforma laboral de abril del pasado año contó con la firma del actual secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa. En esa ocasión, no ha prestado su apoyo, aunque fuentes conocedoras del proceso de elaboración de la propuesta sobre pensiones explican que Economía ha estado al tanto de ella. Los 100 economistas que ahora la apoyan, la mayoría catedráticos de universidad, son prácticamente los mismos que respaldaron la de la reforma laboral. Como en aquella ocasión, Fedea, fundación ligada al Banco de España y grandes empresas del Ibex, ha coordinado el documento, que se presentará el próximo viernes en Madrid.

Las mismas fuentes aseguran que el acuerdo con Economía sobre el documento es bastante amplio, con excepción del aspecto que supone dar por superado el llamado Pacto de Toledo. "Es probable que el Pacto de Toledo haya cumplido un ciclo y que en estos decisivos momentos un nuevo impulso para la reforma pase sobre todo por una renovación de los conceptos operativos, bajo los cuales debería abordarse el debate actual sobre las pensiones", dice el documento.

El Pacto de Toledo fue suscrito en 1994 por todas las fuerzas parlamentarias con la principal virtud de sacar del debate político lo relativo a las pensiones y -quizá lo más importante en estos momentos- es respetado por los sindicatos como lugar para el consenso. Pero los economistas consideran que si bien en sus orígenes ha producido avances importantes, el Pacto de Toledo "no ha propuesto todavía medidas concretas que puedan resolver los retos demográficos a los que se enfrenta el sistema de pensiones en las próximas décadas". El Pacto de Toledo debe, en opinión de los economistas, ceder el puesto de vanguardia a una comisión de expertos independientes, que elabore un Libro Blanco que comprometa al propio Pacto de Toledo.

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