Los gobiernos de Zapatero han tratado de estabilizar las plantillas tras el frenazo de la época de Aznar. Por cada ocho personas en activo España tiene un empleado público, frente a los cinco funcionarios de Francia o el Reino Unido.

La estabilidad en el empleo público ha convertido a los funcionarios, en un momento de crisis y pérdida de puestos de trabajo como el actual, en uno de los principales colectivos de trabajadores a los que se le exige un «esfuerzo de solidaridad», ya sea con recortes de sueldos o con una reducción de la plantilla. El tópico fácil dice que en España sobran funcionarios, sin especificar a qué se dedica la mayor parte: trabajos vinculados al mantenimiento del Estado del bienestar, como la sanidad, la educación, la seguridad, la justicia y los servicios sociales. Pero la imagen del burócrata persiste sobre las demás y sitúa indefectiblemente a la función pública española en el disparadero, cuando no es precisamente una de las más numerosas de Europa, al contrario. Otra cosa es el nivel de eficiencia y eficacia.

Uno de los objetivos del pacto económico para superar la recesión que se ha fijado el Gobierno es la reducción de los costes de personal de la función pública en un 4% hasta el 2013. Aunque la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ya subrayó en el Congreso el martes que esa rebaja no se haría tocando los sueldos de los funcionarios ni tampoco restando servicios públicos, sino mediante una labor de racionalización pactada con los sindicatos. En todo caso, dejó también muy claro que, con los datos en la mano, la función pública en España «no está sobredimensionada», sino posiblemente al contrario, todavía faltan empleados públicos aunque redistribuidos de forma diferente a la actual.

COMPARACIÓN CON EUROPA / Otro tópico que cae ante la rotundidad de las cifras es el de que España es un país de funcionarios. Solo hay que hacer una comparación con otros estados europeos para comprobar que no es así. En Finlandia, que se considera ejemplar por sus servicios públicos, hay un empleado público por cada 4,5 personas en activo. Pero en el Reino Unido, que no tiene tanta fama de disponer de un gran sector público, por cada funcionario hay 5,26 personas en activo. Dos cifras para reflexionar frente a los ocho trabajadores del sector privado que tiene España por cada trabajador del público. Pero una cosa es que no sobren funcionarios y otra distinta que los que hay actualmente estén trabajando en lo que más conviene o necesiten adaptarse a un tipo de Administración más moderna y eficaz. Y en esa labor están puestos tanto el Gobierno central como el de la Generalitat: planes de racionalización y de optimización de las plantillas. En ningún caso se contemplan reducciones de personal, aunque sí fórmulas para evitar que aumente la plantilla. La medida más concreta en este sentido es la reducción de la tasa de reposición, el porcentaje de plazas que se cubrirán cuando vayan quedando vacías por jubilaciones o similares. Según De la Vega, solo con aplicar esta medida con rigor reduciría el coste de personal un 5% hasta el 2013, aunque por razones obvias de funcionamiento de la Administración no sería aplicable al 100%, ya que algunos servicios básicos podrían quedar desatendidos.

En los tres últimos años de gobierno del PP, los conservadores aplicaron unas tasas de reposición bajísimas, del 25%. Con la llegada de los socialistas, mucho más proclives a unos servicios públicos fuertes y bien dotados, la reposición fue del 100% entre el 2003 y el 2008. Pero la recesión hizo mella también en la Administración y el 2009 se limitó esa tasa de reposición al 30%, y para este año se ha dejado en el 15%. Eso sí, con las exclusiones de justicia, educación, sanidad, políticas de ocupación y prisiones. La aplicación de esta medida es el mejor ejemplo de políticas muy diferenciadas a la hora de promover los servicios públicos: los ejecutivos de izquierdas limitan el crecimiento de la función pública solo en épocas de crisis, mientras que los más liberales intentan reducir el peso del Estado en cualquier circunstancia.

TÓPICO FALSO / Si bien es cierto que la plaza de funcionario es para toda la vida, no se ajusta a la realidad la afirmación de que trabajar para la Administración es siempre sinónimo de estabilidad. Según un estudio del sindicato CCOO basado en la encuesta de población activa, en Catalunya la tasa de temporalidad en el sector público supera a la del sector privado. Así, en el primer semestre del 2009, mientras que en el conjunto de trabajadores del sector privado el 16,6% eran temporales, en el público eran el 24,8%. La tasa media española llegaba al 24,9%. En el pacto entre el Gobierno y los sindicatos firmado el pasado septiembre se acordó intentar bajarla al 8%.


Catalunya es la autonomía con menor peso de empleo público

Catalunya es la comunidad autónoma con el menor porcentaje de empleados del sector público sobre el total de ocupados, el 11%, cuatro puntos por debajo de la media estatal y mucho menos de la mitad de la autonomía con más asalariados públicos sobre el total de trabajadores, Extremadura, cuyo porcentaje supera el 25%. La plantilla pública en Catalunya asciende a 302.607 empleados, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Política Territorial, correspondientes a julio del 2009. De ellos, 163.804 pertenecen a la Generalitat; 100.138, a la Administración local; 32.072, a la Administración pública estatal, y 6.593, a las universidades. ¿Son pocos, demasiados o suficientes?

Para los responsables del servicio de estudios de la patronal PIMEC, el hecho de que el sector público catalán sea el más reducido de España ha de ser un ejemplo, y todavía se «debe potenciar más la iniciativa privada». En cambio, el Centre d’Estudis i Recerca Sindical de CCOO considera que ese diferencial es una «oportunidad para reactivar la economía creando ocupación en el sector público, de forma que mejore la prestación de servicios en sectores clave».

UN MILLÓN MÁS DE HABITANTES / Otra posible respuesta pasa por analizar la calidad de los servicios prestados con esa plantilla. Es evidente que faltan médicos, los retrasos de la Administración de justicia son clamorosos y el número de profesores, que ha experimentado un aumento espectacular en los últimos años, todavía es insuficiente para cubrir las necesidades creadas por el cambio poblacional de Catalunya y el peso de la inmigración en las aulas.

En 1999, la población empadronada en la comunidad alcanzaba las 6.207.533 personas. Diez años más tarde, a finales del 2009, ya eran 7.475.420, 1,27 millones más de habitantes que necesitan servicios públicos a los que tienen derecho de acuerdo con la Constitución. El incremento global de empleados públicos de la Generalitat en ese periodo ha sido porcentualmente mayor que el de la población: el 35,9% frente al 20,42%. La principal causa de ese aumento es el colectivo de docentes, casi la mitad del total de aumento, que se justifica por la mayor población escolar que debe ser atendida, por sus especiales dificultades de integración en el caso de los inmigrantes y por medidas de mejora como la de la sexta hora.

El segundo grupo que más se ha incrementado es el de Mossos d’Esquadra: de 5.281 agentes en 1999 a 16.087 en el 2009. Han sustituido a otras fuerzas de seguridad y difícilmente se encontrará una opinión en contra de ese refuerzo. El tercer colectivo con mayor aumento de dotación es el de administración y servicios, que incluye tanto la atención social como el personal dedicado a labores puramente burocráticas y que es sobre el que recaen las mayores críticas y también los mayores esfuerzos para incrementar su eficacia. En 1999 eran 22.973 y ahora superan los 31.634.

Donde hay más desequilibrio es en el personal de salud. Con un millón más de personas para atender, el incremento solo ha sido de 2.754 trabajadores, el 8,1%, lo que explica en parte la saturación de muchos servicios públicos sanitarios en Catalunya, o, visto desde otra óptica, el aumento de la demanda privada. Si en 1999 había un empleado de la salud para cada 184 personas, ahora debe atender a una media de 205.

PERFIL DE LOS EMPLEADOS / Entre los empleados públicos catalanes dominan las mujeres (65,5%). La temporalidad se dispara en el capítulo de administrativos y servicios (39,2%) y la gran mayoría (64%) son diplomados o licenciados. En este colectivo, la horquilla de sueldos oscila entre los 25.700 euros anuales y los 70.300, aunque la gran mayoría se sitúa en la parte media. El sueldo público más bajo es de 16.500 euros al año. En el ejercicio del 2010 el aumento salarial de los empleados públicos ha sido del 0,3%.

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