El País reflexiona sobre la nueva Ley de la Ciencia, aún en fase de borrador. Opina que mejora políticas como la financiera y la de personal, pero también que debe aplicarse sin cicaterías.

Uno de los primeros objetivos del Ministerio de Ciencia e Innovación, tras su creación en 2008, fue la promulgación de una nueva Ley de la Ciencia que sustituyera a la que entró en vigor en 1986 y que impulsó notablemente nuestro sistema de ciencia e investigación. Desde entonces, dicho sistema ha experimentado un cambio profundo, en tamaño, calidad, proyección internacional y relación con el sector productivo. De ahí la lógica de proceder a una renovación de la normativa que se ajuste a nuestro tiempo y que permita afrontar el futuro en un área sensible como es el de un nuevo modelo productivo basado en el conocimiento.

El ministerio tiene intención de someter el borrador de la nueva ley al Consejo de Ministros del 12 de marzo. En general, dicho borrador supone un claro avance respecto de la ley en vigor y se adapta mejor a un contexto en el que la relación público-privada en materia de innovación ha adquirido una importancia mayor. Éste es uno de los aspectos más novedosos de la propuesta y de los que puede tener un impacto más positivo. Pero existen indefiniciones y rigideces que pueden comprometer en la práctica los fines perseguidos. El capítulo de personal, en especial el referido al personal contratado en los organismos públicos de investigación, implica una clarificación notable de la situación actual y proporciona nuevos instrumentos para organizar algo tan valioso como los recursos humanos. Pero su potencial transformador dependerá de cómo se instrumente, de las etapas intermedias y de las posibilidades financieras y administrativas para pasar de un régimen a otro. Sería imprescindible que las expectativas que se están creando en la comunidad de investigadores no se vean defraudadas por una aplicación cicatera de la nueva normativa.

Por último, la creación de la Agencia Estatal de Investigación puede permitir una mejor coordinación de todos los agentes financiadores y ejecutores de tareas de I + D, así como la optimización de los recursos. Junto a esta nueva ley, es necesario contar con una política de asignación de recursos sin altibajos. Un crecimiento moderado pero sostenido a lo largo de décadas es mejor que crecimientos desmesurados durante un corto espacio de tiempo, que a veces no pueden ser absorbidos con el debido aprovechamiento, seguidos de bajadas que tienen efectos perniciosos difíciles de reparar.

Acceso a Nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, del Ministerio de Ciencia e Innovación: http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=3eb3128e6f0b1210VgnVCM1000001a04140aRCRD

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