La decisión de dejar morir esos centros de reinserción laboral de parados jóvenes ha causado una rebelión en los ayuntamientos y en los sindicatos, que consideran que sigue siendo una fórmula útil para luchar contra el desempleo sobre el terreno.

El Inem fue durante mucho tiempo un sinónimo de paro y también de programas para desempleados como las escuelas taller. Ahora el Inem ya no existe y las escuelas taller de Catalunya tienen el mes de junio como fecha de caducidad. La decisión del departamento de Treball de dejar morir esos centros de reinserción laboral de parados jóvenes –en los que trabajan unos 1.000 monitores– ha causado una rebelión en los ayuntamientos y en los sindicatos, que consideran que sigue siendo una fórmula útil para luchar contra el desempleo sobre el terreno.

El responsable de empleo de la Associació Catalana de Municipis, Marc Castells, tiene claro que las escuelas taller «funcionan bien y sirven para formar a trabajadores jóvenes», por lo que no está de acuerdo con la decisión de la Generalitat de suprimir esa política activa de empleo. El alcalde de Lleida, Àngel Ros, anunció que mantendrá una fórmula similar a las escuelas taller pagada con los recursos municipales. Se trata, según Castells, de una alternativa «excepcional» por la delicada situación de las arcas municipales.

Pese al rechazo municipal, los ayuntamientos no han convertido la decisión en un casus belli en un momento en el que acaban de pactar con Treball el reparto de 100 millones de euros para contratar a 25.000 parados durante seis meses en el llamado plan Montilla.

CENTRADAS EN LA CONSTRUCCIÓN / La necesidad de recursos para esos planes de empleo es uno de los motivos argumentados por Treball para no convocar nuevas subvenciones de escuelas taller y casas de oficios, junto con el alto coste: 56,9 millones para formar a 3.152 jóvenes.

El fin de estos históricos programas de ocupación también responde, según Treball, a la necesidad de impulsar actividades estratégicas que no incluyen la construcción tradicional, en la que estaban centradas el 76% de las escuelas taller.

El sindicato UGT mantiene contactos con los grupos políticos del Parlament y se plantea iniciar una campaña de recogida de firmas para reclamar que se mantengan los centros en los que los jóvenes trabajan y se forman durante unos dos años. «La efectividad no se puede valorar solo con el coste porque las escuelas taller van dirigidas a personas que necesitan más tiempo para optar a un trabajo», indicó Eva Granados, de UGT. Dolors Llobet, de CCOO, matiza que quizá estos programas, que considera que han sido útiles hasta ahora, «necesitan menos rigidez para que sean más efectivos».

Los monitores y el personal de los centros –800 según Treball y 1.400 según el colectivo– han recurrido a los sindicatos y al Síndic para reclamar la recolocación.

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