El Gobierno está decidido a impulsar el contrato con 33 días de indemnización por año trabajado, más barata que la compensación ordinaria de 45 días. Para ello, ha puesto sobre la mesa del diálogo social una batería de propuestas todavía poco concretas.

La medida afectaría tanto a los ERE como a ceses individuales objetivos. El Ejecutivo quiere ampliar el uso de la indemnización de 33 días.

Plantea abrir de nuevo la posibilidad de transformar los compromisos temporales en contratos de fomento de la contratación indefinida, nombre oficial con que se conoce, abrir esta figura a colectivos que ahora no pueden acogerse a él (sólo hombres de 30 a 45 años), o, lo que es más llamativo y novedoso, asumir parte de la indemnización "con carácter transitorio y excepcional" tanto en los despidos colectivos como en los individuales justificados.

Desde que el Gobierno presentó su primera propuesta para una reforma laboral hasta ayer, cuando hizo pública la segunda, han pasado más de dos meses. Para ir concretando aquel documento han sido necesarias, en torno a una decena de reuniones a tres bandas (Ejecutivo, sindicatos y empresarios) y varias a dos. A la cita acudieron los secretarios de Acción Sindical de UGT y CC OO, Toni Ferrer y Ramón Górriz, respectivamente. Por la gran patronal (CEOE), fue el responsable de Relaciones Laborales, José de la Cavada. Cepyme envió a Teresa Terán, encargada de la misma área. El Gobierno estuvo representado por el encargado del Diálogo Social, Alfonso Morón.

El nuevo es concreto allí donde "no ha habido choques", explica uno de los negociadores. Y muy vago donde el desacuerdo es muy probable. "Ambiguo", fue la expresión que utilizó Górriz, quien, sin embargo, sí que admitió que reflejaba lo hablado en la mesa de negociación hasta ahora.

Como explicó Morón, el texto -que, como precisó, no es un borrador de acuerdo sino una base para el acuerdo- plantea cinco vectores sobre los que tiene que pivotar la negociación. El primero de ellos es el que pretende combatir el gran uso que se hace en el mercado laboral español de los contratos temporales. Y ahí es donde se plantea el impulso la figura de fomento de la contratación indefinida.

En una redacción alambicada, el texto plantea "medidas de carácter temporal y podrían inspirarse en la exención de una parte de los costes extintivos de los despidos colectivos y objetivos (...) sin afectar a los derechos de los trabajadores". La traducción que Morón dio en la rueda de prensa posterior es que el Fondo de Garantía Salarial (un organismo autónomo dependiente de Trabajo que se alimenta de las cotizaciones sociales) asuma de forma general el 40% del monto del despido (8 de los 20 días por año trabajado), como ocurre ya para las empresas con menos de 25 trabajadores. En los casos de despidos individuales esto sería posible sólo cuando la rescisión fuera justificada, no improcedente (caso en que se aplicaría la de 33 días).

También para incidir sobre los costes del despido, el Gobierno plantea la posibilidad de estudiar el modelo que rige en Austria, donde las empresas constituyen un fondo para cada trabajador -al que aportan mensualmente un 1,5% del sueldo- que se abona en caso de despido.

Los otros cuatro vectores sobre los que pivota el documento son: intermediación de las agencias privadas de colocación en el mercado laboral, revisión de las subvenciones a la contratación (las famosas bonificaciones), el fomento de la reducción de jornada como instrumento de ajuste en las empresas -modelo alemán- y un plan de choque para luchar contra el alto paro juvenil (40%).

Precisamente en estos tres puntos las posturas de todas las partes están más cercanas y el acuerdo es más sencillo. Pero el Gobierno no contempla aplicar las medidas concertadas en estos aspectos sin pactar los otros dos. "No concebimos un acuerdo que no contenga medidas sobre todos los puntos", explicó Morón.

Esta premisa ha llevado al Gobierno a revisar su calendario inicial. El Ministerio de Trabajo siempre ha hablado de finales de abril como límite para el acuerdo. Ayer Morón no fue tan contundente. "No quisiéramos ser presos del calendario", concluyó.

Los sindicatos se expresaron en la misma dirección. Los representantes de la patronal no hicieron declaraciones a la salida del encuentro. "Los plazos no pueden ser un lastre", puntualizó Ferrer, de UGT. Pero hasta aquí la coincidencia con el Gobierno. Tanto Ferrer como Górriz reclamaron la puesta en marcha inmediata de los puntos en los que se llegue a acuerdos.

Entre esos puntos de pronto acuerdo de los que hablan los sindicatos, no se incluyen medidas sobre la contratación y el despido. "En la contratación, si se quiere acabar con la temporalidad, se necesita tiempo. Nunca hemos visto que abril fuera el plazo", comentó Górriz.

Tampoco será fácil llegar a un pacto rápido para permitir que las agencias privadas de colocación puedan intermediar en el mercado laboral. "No estamos de acuerdo", sentenció Górriz. "No estamos dispuestos a aceptar nada que tenga que ver con dar entrada a los negocios con las personas desempleadas", ahondó Ferrer.

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